La novela Pfizer suma capítulos. Bandera de la oposición, que despliega por ese laboratorio un interés que no manifiesta por otros, e incordio para el Gobierno, que lo tomó como plan A pero no pudo sellar un acuerdo, la disputa en torno a Pfizer sigue activa y amaga con convertirse en un factor de pelea legislativa.
Al margen de la exposición de Nicolás Vaquer en la Cámara de Diputados, el pulseo adquiere otro volumen porque aparece trabado por una instancia parlamentaria aunque, a su vez, tanto el Gobierno como la oposición ponen sobre la mesa la posibilidad de introducir cambios o de avanzar con una norma específica, una “ley Pfizer”.
La semana pasada, un sector de Juntos por el Cambio (JxC) presentó un proyecto para modificar la ley de Vacunas, la 27.573 -aprobada en septiembre y noviembre por mayorías en ambas cámaras-: puntualmente sacar el tramo del artículo 4 que excluye de la “indemnidad” a las consecuencias que puedan surgir por “maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.
Esa línea, que no estaba en el proyecto enviado en septiembre pasado por el Gobierno y se incorporó en Diputados, se convirtió luego en la traba para firmar un contrato con Pfizer, que figuraba entre los más avanzados. En Casa Rosada repiten, como mantra, que los delegados de Pfizer -que hizo parte del estudio clínico de la vacuna en Argentina- supieron en todo momento de los cambios en la ley y no hubo objeciones sobre la palabra “negligencia” hasta unos días después de que esta se promulgó con la firma de Alberto Fernández.
Traba legal
Este martes, Vaquer confirmó en su exposición ante Diputados, que la traba para firmar el contrato fueron los “términos de indemnidad”, aunque evitó detallar si se refería o no a la palabra “negligencia”. La presunción cabe: las normativas de otros países, donde Pfizer firmó, no tienen esos términos.
El texto opositor fue firmado por Carmen Polledo y acompañado por Cristian Ritondo, Silvia Lospennato y, entre otros, Claudia Najul, la diputada mendocina que difundió la semana pasada el testimonio de Santiago Cornejo, director de COVAX, que generó una polémica y una desmentida en torno a la voluntad del gobierno para recibir vacunas Pfizer de ese organismo.
En paralelo, otro sector de JxC, encabezado por Patricia Bullrich, presidenta del PRO, presentó una nota ante la Organización de Estados Americanos (OEA), una especie de principio de denuncia para reclamar información sobre el plan de vacunación. La acompañaron varios diputados entre ellos Fernando Iglesias y Waldo Wolff y Omar De Marchi, quien también firmó el texto de Polledo.
A su vez, Mario Negri, presidente del interbloque de JxC en Diputados, acordó con Sergio Massa una convocatoria a delegados de los laboratorios para que den precisiones y aclaraciones sobre las negociaciones y las normas, que se desarrolló este martes. Fueron tres focos simultáneos dentro del JxC.
El jefe de Gabinete Santiago Cafiero le dijo a elDiarioAR que no está en los planes del Gobierno proponer una reforma de la ley de Vacunas para sacar la palabra “negligencia”. En el bloque del Frente de Todos (FdT) se resisten, a priori, a aceptar el pedido de reforma de JxC porque entienden que sería un destrato con los demás laboratorios que aceptaron los términos de la ley y enviaron vacunas.
Ley específica
Apareció, sin embargo, otra variable y tiene que ver con avanzar con una ley específica para que Argentina pueda hacer un acuerdo con Pfizer para conseguir dosis para vacunar a los menores de 18 años. Es, hasta acá, la única inmunización autorizada para el grupo etario de entre 12 y 18 años. “Una ley puntual para comprar dosis para ese sector, porque es la única que ahora está aprobada en el mundo”, apuntó una fuente oficial.
Es una de las alternativas que aparecen en las conversaciones entre el laboratorio y la Casa Rosada, pero requeriría de una nueva normativa o de un cambio de la ley vigente. Vaquer no lo especificó pero dijo que hay conversaciones entre el laboratorio, el Ministerio de Salud y la secretaria de Legal y Técnica.
Sobrevuela un ítem vinculado. La ley de Vacunas, en la que el Estado cedió soberanía, el ámbito de los juicios y además se hizo cargo de las eventuales indemnizaciones, se aprobó en otro contexto cuando las dosis estaban en desarrollo y, como indica una fuente oficial, “era un estado de emergencia donde no se sabía si las vacunas iban a servir o no. Eso cambió: ahora eso está seguro y quizá, si quieren cambiar la ley, haya que cambiar más condiciones y sacar la pauta de la indemnidad por parte del Estado”.
PI