En 2020 en Argentina había casi 92 mil embriones congelados en 54 clínicas de fertilización asistida. La cantidad había aumentado un 70 por ciento en apenas tres años y los centros médicos advertían que un cuarto llevaba más de una década en el freezer sin ser usado. En 2023 no hay datos nuevos pero el tema de qué hacer con los 24 mil embriones ociosos llegó a la Corte Suprema de Justicia en medio del debate en comisión por el juicio político contra todos sus integrantes.
El máximo tribunal del país decidió tomar una causa de una ex pareja que pidió desechar tres embriones para hacer una audiencia pública que aún no tiene fecha pero que ya generó interpretaciones de todo tipo. ¿Es un mensaje para el Gobierno en medio del pedido de juicio político? ¿Le está hablando al Congreso que nunca trató una ley para definir el destino de los embriones que no se usan? ¿Es una señal para tener apoyo de grupos antiderechos y conservadores? ¿Es ir contra la ley de aborto legal sancionada hace dos años? ¿De todos los temas de interés social para audiencias públicas, es el de los embriones congelados uno de ellos?
“Cada vez que aparece la palabra embrión en la agenda pública hay una asociación directa con aborto y con derechos sexuales y reproductivos. La Corte busca reabrir un debate que ya está saldado en Argentina”, dice la abogada Marisa Herrera. Es una de las autoras de un proyecto de ley presentado en 2021 por la diputada del Frente de Todos Mara Brawer que busca definir el destino y la protección de los embriones congelados.
Tres embriones a la Corte
En 2021 una mujer y un hombre llegaron a la Justicia porteña por tres embriones. Se habían separado en 2018 y querían que la clínica donde habían hecho un tratamiento de fertilización asistida los tirara. No querían pagar más los 100 dólares anuales de mantenimiento y tampoco querían donarlos. Querían tirarlos.
La ex pareja había empezado el tratamiento en 2014 en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires por derivación de la obra social. Cuando firmaron el contrato por los primeros 12 meses, desde la clínica no les aclararon que para tirar los embriones necesitaban una autorización judicial. En octubre de 2015 tuvieron una hija.
“Cada vez que aparece la palabra embrión en la agenda pública hay una asociación directa con aborto y con derechos sexuales y reproductivos. La Corte busca reabrir un debate que ya está saldado en Argentina”
Tres embriones quedaron congelados para usar en el futuro. Pero se separaron y se pusieron de acuerdo en que no querían tener más hijos. La clínica hizo lo que hacen muchas clínicas en Argentina: apeló a un vacío legal y les dijo que lo tenía que resolver la Justicia.
La causa llegó al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº77 y la jueza Vilma Días rechazó el pedido. En una sentencia de julio de 2021 dijo que el embrión “detenta condición de humanidad”, relativizó el fallo “Artavia Murillo vs Costa Rica” que no considera persona al embrión y dijo que el artículo 19 del Código Civil y Comercial reconoce la existencia de la persona desde su concepción, una interpretación muy escuchada entre quienes se oponían a la ley de IVE y que quedó saldada en los debates.
El fallo fue apelado. En segunda instancia los jueces Paola Mariana Guisado y Juan Pablo Rodríguez, de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, le dieron la razón a la ex pareja. “El fallo explica que no tienen que autorizar el pedido de destrucción de los embriones porque ningún centro médico debe pedir esa autorización. Hay un concepto de libertad: fue un proyecto de ellos, se pusieron de acuerdo en que ese proyecto se terminó, tienen embriones sobrantes y los quieren tirar”, explica Herrera.
Pero no quedó ahí. El Ministerio Público Fiscal y la Defensora de Menores e Incapaces apelaron de nuevo y dijeron que faltaba una norma que regulase el destino de los embriones congelados que no se usan.
Después de todo ese camino, los tres embriones de 7 a 10 milímetros llegaron a la Corte Suprema de Justicia este verano. El máximo tribunal definió la agenda 2023 y entre las prioridades están los embriones criopreservados. Tal es así que no resolvió la causa sino que decidió llamar a una audiencia pública, una herramienta que sirve para que el máximo tribunal escuche a la sociedad en temas que son de interés general. El año pasado convocó a cuatro. Solo hizo dos.
Una legislación en progreso
Los primeros tratamientos de fertilización asistida en Argentina fueron en los 80. Durante 30 años las personas que querían tener hijos a través de técnicas in vitro tenían que pagar por todo el proceso de manera particular. En 2013, el Congreso Nacional aprobó la ley 26.862 y el país se convirtió en el primero de Latinoamérica en garantizar el derecho a los tratamientos que pasaron a ser cubiertos por obras sociales, prepagas y la salud pública.
En la reforma del Código Civil y Comercial de 2015 se avanzó en la filiación, es decir, en quiénes son las madres y los padres de las personas nacidas por técnicas de reproducción. Son quienes firman el consentimiento por más que el material genético sea de terceros. Parece una obviedad pero se buscaban regular dos situaciones posibles. Primero, que un donante de óvulos o semen quisiera reclamar la paternidad o maternidad. Segundo, que un padre quisiera desligarse de la paternidad de su hijo a través de un ADN, un antecedente que existía en Paraguay.
Cuando se hizo la reforma hubo un pedido al Congreso Nacional para que regulara por ley el uso los embriones congelados. En 2019 el ex diputado Daniel Filmus presentó un proyecto que perdió estado parlamentario. En 2021 fue reelaborado por Brawer con firmas de diputadas de bloques distintos.
El proyecto de ley de protección del embrión no implantado propone cuatro destinos para los embriones criopreservados: ser utilizados por sus titulares para tratamientos posteriores; ser donados con fines reproductivos; ser donados con fines de investigación; y cesar su criopreservación.
También define tres prohibiciones: la comercialización de embriones, la generación de embriones por el uso de las técnicas de reproducción humana médicamente asistida con el objetivo deliberado de ser utilizados sin fines reproductivos ni terapéuticos; y la extracción y fecundación post mortem de material genético.
El proyecto no fue tratado y para Herrera la jugada de la Corte más que presionar para que eso suceda embarra más la cancha. “Estamos en un momento del Congreso muy partido y esta jugada no ayuda. Muchos diputados no van a querer dar el debate si la Corte lo está tratando. Hay que pensarlo también en el contexto de juicio político ¿Será que necesita que ciertos sectores la apoyen?”, se pregunta.
24 mil embriones sin usar
Los embriones que surgen de los tratamientos de fertilización asistida se guardan en clínicas equipadas con tecnología para mantenerlos congelados a menos 197 grados. No todos los centros de salud privada y pública tienen la capacidad para hacerlo. En Argentina son al menos 64 los que criopreservan y para 2020 tenían 92 mil embriones congelados. Los datos los elaboró la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva y mostraron un aumento del 70 por ciento en relación a 2017, cuando eran 55 mil. Del último relevamiento salió también el dato de que el 25 por ciento, unos 24 mil embriones, están guardados desde hace más de 10 años. No se usan, probablemente nunca sean usados y generan costos de mantenimiento de entre 100 y 200 dólares anuales.
“Las obras sociales, prepagas y el propio Estado invierten recursos que, en un país del tercer mundo, podrían ir a otro lado”, dice Herrera.
Herrera trabaja el tema del estatus jurídico del embrión congelado hace años y cree que la ley de IVE fue la frutilla del postre para cerrar la discusión sobre el embrión. Le llama la atención que la Corte haya tomado este tema para una audiencia pública. “Las audiencias son para temas de interés social ¿Por qué le parece que a la sociedad le puede interesar? No se entiende una audiencia pública en un caso donde no hay conflicto para las personas, la pareja está de acuerdo en destruir esos embriones. El tema del embrión que ya fue super debatido en 2018 y en 2020 en audiencias públicas”, explica.
La Ley 26.862 permite criopreservar y donar embriones y revocar el consentimiento antes de la implantación. “Si yo considerara que el embrión es persona no podría hacer nada de eso porque los derechos de las personas no se donan, no se revocan y mucho menos se criopreservan. Nuestro sistema jurídico ya te está diciendo que el embrión no es persona. Y es una ley que nadie tachó de inconstitucional. Después de la Ley de IVE quedó más claro aún que el embrión no es persona. Si puedo decidir por mi propia libertad en las primeras 14 semanas de embarazo en un embrión ya transferido y desarrollado, ¿cómo no voy a poder decidir en un estadio muchísimo anterior?”, explica Herrera.
También hay legislación internacional. En 2012 en el fallo “Artavia Murillo vs Costa Rica” la CIDH fijó que el embrión no implantado no es persona ni tiene derecho a la vida e incorporó un elemento central: la gradualidad de derechos en tres niveles. Los embriones no implantados como una primera instancia de esa cadena de vida pero no de persona, el feto o persona por nacer que ya está dentro de la persona gestante y la persona nacida con vida.
Además, en Argentina ya hubo al menos tres fallos que autorizaron a titulares de embriones descartarlos por no tener un destino reproductivo, el único fin previsto por la Ley 26.862. Fueron uno en Mendoza en 2018 y dos en La Plata en 2019.
La decisión de la Corte también le pareció innecesaria a legisladoras de distintos partidos políticos. Mara Brawer (FdT) autora de un proyecto de ley presentado en 2021, dijo a a la agencia oficial Télam que, si bien hay un vacío legal, la Corte se metió con el único tema que sí está saldado, que es la voluntad de disponer del material genético por parte de las personas que lo generaron. “Claramente hay una provocación de la Corte a una sociedad que ya discutió muchísimo este tema y que logró un consenso mayoritario, en una decisión alineada con los sectores de extrema derecha”, dijo.
“El embrión no implantado no puede ser considerado una persona ni tiene derecho a la vida"
La radical Carla Carrizo opinó en el mismo sentido. Le pareció un error reabrir un debate zanjado en Argentina y citó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Artavia Murillo vs Costa Rica. “El embrión no implantado no puede ser considerado una persona ni tiene derecho a la vida”, dijo a la agencia oficial.
Sin marco legal para responder
Matías Colabianchi está a cargo del Instituto de Fertilidad Asistida Dr. Julio Colabianchi de Rosario. Su papá fue uno de los precursores de las técnicas de fertilización asistida en Argentina en los 80. Por la clínica pasan unas 200 personas al año para hacer un tratamiento que Colabianchi define como boutique. Se paga de manera particular, no trabajan con obras sociales ni prepagas. En la clínica no suelen tirar embriones por el vacío legal. Él cree que debe resolverlo el Congreso antes que la Justicia.
“Es un problema que tenemos todos los centros de fertilidad en el país. Hasta que esto no esté legislado va a seguir pasando y cada lugar lo resuelve de distintas maneras”, explica. Colabianchi cree que el debate va a determinar lo que se entiende por vida y por persona. “Personalmente pienso que se reconoce como persona cuando se implanta en el útero, antes es un material biológico, no es una persona porque no tiene chance de vida. Pero esa es mi postura personal, si hay una ley no queda librado a la creencia de cada uno”.
El médico explica que cuando hay parejas que se separan y quieren descartar los embriones, desde la clínica recurren al camino de la judicialización. “Porque en general hay dos personas que no están de acuerdo entre sí y no sabemos qué puede pasar si alguno de la pareja se arrepiente, entonces necesitamos una ley más allá de los consentimientos informados. Sería mucho más simple para las parejas o las personas que no desean mantener embriones congelados por cuestiones culturales, religiosas, sociales, personales o económicas, que es la mayor parte, poder hacerlo y listo”, agrega.
Es un problema que tenemos todos los centros de fertilidad en el país. Hasta que esto no esté legislado va a seguir pasando y cada lugar lo resuelve de distintas maneras"
Para la abogada Herrera, las clínicas de fertilización asistida no deberían dedicarse a criopreservar embriones si consideran que los embriones congelados son personas. “Es cuestión de ética. Si vos crees que lo que manipulas es una persona tenés que abrirte y no lucrar con esto. El debate del destino de los embriones no tiene que ver con definir dónde empieza la vida”, agrega y explica que hay un negocio detrás de la criopreservación. “Hoy las obras sociales y prepagas pagan la cadena de frío y la preservación de embriones que nunca van a ser transferidos. Por un tema ideológico y religioso estamos gastando plata que podría destinarse a otra cosa. Volvemos a reeditar posturas fundamentalistas en un estadío muy anterior a las 14 semanas”.
La defensa de algo que no existe
“¿Esta es la forma adecuada de resolver el vacío legal del estatus jurídico del embrión no implantado?”. La pregunta la hace abogada tucumana Soledad Deza y responde: “Debería ser por los carriles constitucionales con una ley votada por el Congreso”. Lo que más le preocupó a Deza como activista feminista es que la Defensoría General de la Nación se haya puesto como representante de un sujeto jurídico que no existe: el embrión críopreservado.
“Este es un caso que tiene a dos interesados con una voluntad de procrear que se termina y se ponen de acuerdo con el descarte. ¿Y quién llega a la Corte? No son las partes sino la Defensoría General de la Nación que solo puede representar personas. Y un embrión crioconservado no implantado no es una persona”, explica.
En aborto vos tenés un grupo de ciudadanos que invocan la representación de la vida intrauterina. En el otro hay un embrión no implantado, o sea, ni siquiera está dentro del útero de alguien. Ahí hay clínicas y dinero de por medio”
Deza cree que es importante separarlo de la cuestión de aborto y de los casos que están en la Corte en relación a la ley de IVE. De los 36 recursos presentados contra la ley, 32 fueron rechazados y quedan cuatro que no tienen que ver con el derecho a decidir abortar, sino con una cuestión de legitimación. “En aborto vos tenés un grupo de ciudadanos que invocan la representación de la vida intrauterina. En el otro hay un embrión no implantado, o sea, ni siquiera está dentro del útero de alguien. Ahí hay clínicas y dinero de por medio”.
Para ella es importante esta aclaración para que los equipos de salud que que garantizan el derecho a decidir estén tranquilos a la hora de aplicar la ley. “Esta discusión en nada puede quitarle la seguridad jurídica a las prestaciones sanitarias que ellos brindan, que es el correlato de la soberanía reproductiva de las mujeres y personas gestantes al momento de un aborto”.
“Una cosa es el estatus jurídico del embrión criopreservado y otra cosa es si podemos dividir el cuerpo de una mujer y darle autonomía al feto. Eso el Congreso ya decidió que no con la Ley de IVE. El problema con el embrión criopreservado es que el Congreso no lo trató. Cuando no se dan ciertas discusiones legislativas donde hay representación federal de las provincias quedan cuatro varones discutiendo este tema”, agrega.
En caso de que se dé un debate de la ley, Deza considera que, como mínimo, los embriones deberían poder descartarse hasta la semana 14 inclusive. “Es el mismo plazo en el que uno puede decidir ponerle fin a la vida intrauterina. Si se extingue la voluntad procreacional es lógico que los dueños de los gametos puedan decidir el descarte de ese embrión. ¿Qué vamos a hacer? ¿obligarlos a que se los implanten o a donarlos?”.
De fijarse la fecha de la audiencia de la Corte, Deza dice que las feministas estarán alertas. “Si la Corte incluye temas como este podría incluir también las causas que impugnan la ley de IVE. Si es así, como son cuestiones que tienen que ver con la autonomía y la soberanía reproductiva de las mujeres, vamos a exigirle perspectiva de género. No creo que lo ponga en agenda siendo una cuestión de género y no habiendo ninguna mujer en el tribunal”.
AB/MG