Este jueves, la Corte Suprema decidió otorgarle prioridad y tratamiento especial a un caso testigo que deja en evidencia al Congreso ante la falta de una ley que afecta los derechos de las personas, el Congreso en donde actualmente se lleva adelante un proceso para juzgar e intentar destituir -sin chances, en el escenario actual- a los cuatro jueces del máximo tribunal.
Los magistrados Horacio Rosatti (presidente del máximo tribunal), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti mantuvieron la primera reunión de acuerdo del año; dictaron 207 sentencias, incluyendo un fallo a favor del propietario de tierras en Bariloche, Río Negro, que debía entregar tierras a la comunidad Lof Che Buenuleo, del Pueblo Mapuche, por una resolución oficial.
Los jueces también enviaron a través de sus voceros un mensaje de unidad interna a pesar del profundo enfrentamiento que los divide desde 2018 y decidieron que durante los próximos meses la Corte realizará una audiencia pública para tratar el vacío legal en un tema de alta sensibilidad, informó a elDiarioAR una fuente directa del máximo tribunal.
La Corte decidió que se meterá de lleno en el debate sobre embriones criocongelados y llamará a una audiencia pública para que distintos sectores de la sociedad, el Estado y el ámbito médico y privado expongan argumentos en pro y en contra de los derechos y límites de los derechos de los procreadores; sobre si los embriones tienen o no derechos; si pueden ser destruidos por pedido de los progenitores o deben ser conservados a pesar de que las personas que los crearon quieran que sean extinguidos. En resumen: cuándo empieza la vida y a partir de cuándo se es persona.
Muy lejos de la rosca política pero íntimamente ligado a la ciudadanía y a instituciones con poder propio, como la Iglesia y las clínicas privadas de fertilidad, o la comunidad científica, la Corte optó por un caso que puede regular un aspecto de la vida de los argentinos ante la ausencia de una ley que cumpla ese rol, es decir, llenando el vacío que dejan los diputados y senadores.
Después del debate por la ley que legalizó el aborto, la problemática de los embriones y la eutanasia son dos cuestiones que atraviesan la vida de las personas y que en Argentina no tienen leyes que regulen los derechos o los límites de los derechos.
El máximo tribunal elige intervenir en este caso haciendo hincapié en la ausencia de una ley que el Congreso debería haber tratado hace más de siete años, cuando se sancionó en el Parlamento el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, pero que tanto diputados como senadores nunca discutieron, explicó una fuente directa del Palacio de Justicia. En 2022, la Corte realizó audiencias públicas en otros casos que evidencian un vacío legal, como la despenalización del autocultivo de la planta de cannabis con fines terapéuticos y el “derecho al olvido”.
El caso
La audiencia pública surgió a partir de un caso que llegó a la Corte hace al menos dos años. Se trata de una pareja que en 2015 realizó un tratamiento buscando donantes y obtuvo cinco embriones. Realizó la transferencia de dos de los embriones originados bajo tal procedimiento. Los otros tres embriones fueron criopreservados a la espera de que los dos trasplantados dieran resultado positivo. Finalmente, la pareja tuvo una hija.
Años más tarde, la pareja se separó y solicitó a la clínica privada que había realizado el tratamiento que interrumpa la criopreservación de los tres embriones, explicó a elDiarioAR una fuente directa de la Corte. Es decir, que se destruyan.
Sin embargo, la clínica privada les respondió que no podía destruirlos sin una autorización judicial ante la ausencia de un marco legal. De acuerdo al contrato firmado por las partes, la relación contractual se termina sólo por muerte de algunos de los progenitores o falta de pago, y en ambos casos, los embriones son donados a un banco de embriones.
La pareja acudió a un juzgado civil para que le exija a la clínica privada que interrumpa la criopreservación de los tres embriones y ponga fin a la relación contractual con la clínica privada, ya que la clínica se negaba a interrumpir el vínculo comercial.
La jueza civil de primera instancia rechazó el pedido de la pareja y se negó a autorizar la interrupción de la preservación de los embriones. La magistrada interpretó que los embriones cuentan con la misma protección de cualquier vida humana, en base al artículo 16 de la Constitución Nacional y del artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que “la existencia de la persona humana comienza con la concepción”, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en un fallo que los embriones “no son personas”.
La mujer apeló el fallo de primera instancia y llegó a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, que le dio la razón y revocó la decisión de la jueza, otorgando prioridad a los derechos reproductivos de la pareja. Además, los jueces determinaron que no requería autorización judicial para solicitar la interrupción de la criopreservación.
Entonces, la Defensoría Pública de Menores e Incapaces llevó el caso ante la Corte Suprema y solicitó que el máximo tribunal zanje la cuestión ante la ausencia de una ley.
El caso de esta pareja no es aislado. Una búsqueda rápida por sitios de abogados y estudios jurídicos de familia y derecho civil demuestra la existencias de demandas y conflictos muy similares en varios puntos del país, donde los jueces de primera instancia y de las cámaras de apelaciones fallan de acuerdo a sus criterios en lugar de regirse por la ley, determinando soluciones completamente disímiles de acuerdo al juez que toque.
La Procuración General de la Nación ya está trabajando también en el caso. El procurador fiscal ante la Corte que se especializa en derecho privado, Víctor Abramovich se encuentra estudiando un dictamen para presentar la posición del Ministerio Público Fiscal sobre el conflicto, confirmó a elDiarioAR una fuente directa de ese organismo.
La Corte aún no fijó fecha para la audiencia pública que se celebrará previo al fallo del máximo tribunal, pero será en los próximos meses, aseguró la fuente consultada en el Palacio de Justicia. ¿Por qué eligió esta causa, en medio de la avanzada del oficialismo que buscará exponer a los jueces por supuesto mal desempeño? La respuesta a la fuente consultada es que cuando la Corte elige un tema y le da prioridad y tratamiento especial por sobre otro busca sentar jurisprudencia para tribunales superiores de la Región, frenar un daño inminente, definir posición en un tema de interés jurídico o zanjar una controversia ante la falta de una ley, es decir, ante la inacción del Congreso. “Es como el caso de la coparticipación -la que originó la pelea con el Gobierno y el pedido de juicio político contra los jueces-. La Corte se mete porque la política tiene pendiente desde hace casi dos décadas sancionar una nueva normativa y no lo hace”, responde una fuente directa del tribunal.
ED