El misterio de Mariela Alejandra Bessonart, la mujer desaparecida en Villa María desde hace casi 16 años comienza a resolverse a paso lento: en las últimas horas, la fiscal de Villa María, Juliana Companys, firmó una resolución donde amplió la imputación contra el ex marido de la mujer, Rodolfo “Rody”Delpino, a quién lo acusa por el delito de homicidio calificado por alevosía. Delpino ya había sido imputado por el anterior fiscal del caso, Gustavo Atienza, por el delito de “privación ilegítima de la libertad, agravada por el transcurso del tiempo” y estuvo preso 377 días.
Mariela Bessonart tenía 37 años cuando la vieron por última vez el mediodía del miércoles 28 de septiembre de 2005 en pleno centro de Villa María, una rica ciudad ubicada a 150 kilómetros al sudeste de la ciudad de Córdoba. Un mecánico declaró ante la Justicia que ese día, los vio a Mariela y a su ex marido parados al costado del automóvil de Delpino, firmando unos papeles en el capó. Estaban a metros de la sucursal local del Banco Nación. Desde ese día, no se supo más de ella.
Esa noche, como su mamá no llegaba, los hijos del matrimonio, que en esa época tenían 19, 17 y 16 años le avisaron la novedad a su abuela materna Teresa Ramírez de Bessonart. Y así comenzó la investigación por averiguación de paradero.
Delpino, recién denunció el viernes 30 de septiembre, que Mariela había abandonado la familia.
Hace doce días, el miércoles 18 de agosto, la fiscal Companys en persona dirigió un operativo que se extendió hasta el viernes 20 en un campo de la familia Delpino en inmediaciones de la localidad de Los Zorros, a poco menos de 50 kilómetros al norte de Villa María. La acompañaron cerca de 50 peritos del Ministerio de Seguridad de la Nación que trabajan en el Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SiFeBu); agentes de la Policía Federal y Gendarmería; además de detectives de la Dirección de Investigación Operativa (DIO) de la Policía Judicial y agentes de la Policía cordobesa.
La fiscal ordenó allanar el campo familiar, luego de analizar detalladamente el expediente que ya tiene 28 cuerpos. Tras dos días de trabajo, en medio de las excavaciones, los expertos encontraron a más de un metro de profundidad papeles con fecha contemporánea con la desaparición de Mariela. Tras analizar ese material durante más de una semana y evaluar la relación directa con la desaparición de la mujer, la fiscal Companys decidió agravar la imputación contra Delpino, quién seguirá libre.
El 31 de agosto de 2006, 11 meses después de que Mariela desapareciera sin dejar rastro, el fiscal Atienza ordenó detener a Delpino, un productor rural cinco años mayor que su ex esposa. Luego de estar preso más de un año, acusado de “privación ilegítima de la libertad, agravada por el transcurso del tiempo” -un delito que es reprimido con 2 a 6 años de cárcel, según dispone en Código Penal-, Delpino recuperó su libertad. La causa por la desaparición de Mariela fue elevada a juicio por Atienza en septiembre de 2015 y Delpino iba a comenzar a ser juzgado un mes después. Sin embargo, el principal sospechoso de su desaparición y muerte nunca fue juzgado.
Tras los allanamientos de mediados de mes, una fuente de la investigación detalló a elDiarioAR que las nuevas pruebas secuestradas corresponden a “material utilizado como relleno para un enterramiento. Es un indicio importante; uno más de una larga cadena de indicios que ubican al señor Delpino como principal sospechoso de la desaparición de la señora Bessonart. Es un indicio, como la ventana horaria de una hora y media el día en que desapareció su ex esposa. Es un indicio como la ubicación de Delpino en una zona de Tío Pujio, que no supo explicar”.
En soledad
La fiscal Juliana Companys no habla más allá de lo que tiene que hablar, y lo hace sólo con un círculo muy acotado de colaboradores. La funcionaria judicial sabe que desde 2005, cuando desapareció Mariela, el caso estuvo plagado de filtraciones.
Cuando Rodolfo Delpino fue detenido en agosto de 2006, por orden del fiscal Atienza -ya se jubiló- fueron imputados y detenidos dos policías relacionados con la causa, porque habrían filtrado información al sospechoso. Los acusaron de encubrimiento agravado.
Cuando Companys decidió allanar el campo de Los Zorros hace 12 días, el rumor sobre un nuevo operativo ya había comenzado a circular. Tras el allanamiento y el secuestro de la nueva prueba contra Delpino, se filtraron fotos de las excavaciones y los movimientos de los funcionarios en el lugar. Este medio adelantó que efectivos de la Policía cordobesa serían imputados por las filtraciones.
El miércoles 25 de agosto la fiscal Companys imputó a tres policías de la División Protección de las Personas -entre ellos un oficial de jerarquía-, que se desempeñan en la Central de Policía en esta Capital, quienes “no dieron estricto cumplimiento a directivas impartidas por la fiscal a cargo de la causa”. Los tres, viajaron especialmente a Villa María para participar de la reapertura de la causa; y ahora están imputados de “desobediencia a la autoridad” por haber filtrado las fotos del operativo realizado en el campo de Delpino entre el 18 y el 20 de septiembre pasados.
En mayo de 2012, la Justicia Civil de Villa María, a pedido de los hijos de la mujer, Gisela, Franco y Marcos Delpino, dictaminó que Mariela Alejandra Bessonart murió el mismo día de su desaparición.
El 28 de septiembre de 2015, cuando se cumplieron 10 años de la desaparición de Mariela, se elevó la causa a juicio, que debía comenzar a juzgar a Rodolfo Delpino, apenas dos semanas después: el martes 13 de octubre de 2015. Pero ese juicio por “privación ilegítima de la libertad, agravada por el transcurso del tiempo” nunca se realizó.
La fiscal Companys, reconocida por su lucha a favor de los derechos de las mujeres, sabe que además de las filtraciones en la causa, está sola desde el ámbito judicial. La madre de Mariela, Teresa Ramírez de Bessonart fe admitida como querellante por un recurso extraordinario del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que logró el abogado Manuel Tovo. Tras la muerte de Teresa, esa querella cayó y la hermana de Mariela, Gladys Bessonart, se quedó sin poder actuar judicialmente, más allá de que es quién lleva adelante la lucha por el esclarecimiento de la desaparición y asesinato de su hermana menor.
Los tres hijos de la víctima, que ahora tienen 35, 33 y 32 años, están representados por el abogado Marcelo Silvano y no participan de las marchas reclamando Justicia por su madre.
Y Rodolfo Delpino sigue clamando su inocencia, con el patrocinio de un estudio jurídico de la Capital, muy ligado al poder político cordobés.
GM