Envalentonados por el discurso de Milei, grupos provida interceptan a mujeres que buscan abortar en centros de salud

La bandera afuera de un centro de salud en los Troncos del Talar parece una invitación. Dos mujeres, una con una gorra verde, ambas con guardapolvos blancos que dicen “Interrupción del Embarazo” y “No Están Solas,” se acercan con panfletos en las manos y sonrisas dulces. 

El material no es una invitación, sino una advertencia: pinta una imagen estremecedora de las complicaciones que pueden derivar de la toma de misoprostol y mifepristona para abortar. El papel que distribuyen tiene un número de WhatsApp de “consejería”. 

Las caras cambian con algunas preguntas sobre quiénes son y por qué están ahí. 

–Mujeres autoconvocadas –es la respuesta a la primera pregunta. –Para acompañar a mujeres que están muy solas –es lo que repiten frente a la segunda. 

Se sienten incómodas. No es una suposición; lo dicen cuando me identifico como periodista. Y sus cuerpos lo demuestran. El mío también, porque algo parece no encuadrar. Es el día de la semana en que el centro de salud atiende consultas por interrupciones de embarazos y el verde que visten me hizo pensar que están para orientar a personas en esa dirección. Pero el propósito de las “mujeres autoconvocadas” es muy diferente, explica el médico Franciso Fariña, ya dentro de la salita de salud, donde cuelga un pañuelo verde. 

“Para nosotros están cometiendo un delito que es dar información falsa y además vulnerar el acceso a un derecho”, dice Fariña. Repasa el contexto que viven a cuatro años de la legalizacion del aborto en Argentina, en el que las fuerzas que se oponen a la ley van ganando terreno.

Las mujeres están para “interceptar”, explica. Se instalan afuera de las rejas del centro de salud, acercándose a toda mujer que pasa. Las interacciones varían, según los testimonios que llegan al equipo médico. Algunas pacientes cuentan que fueron direccionadas a un consultorio donde les hicieron una ecografía y que las mismas mujeres les ofrecen transporte hasta ese lugar. Después llegan al centro de salud con una imagen impresa de la ecografía, dice Fariña, en algunos casos contando que tuvieron que escuchar latidos. A otras les mostraron videos que describen a los médicos como “muy angustiantes”. Denunciar sus actividades no cambia mucho, dice el médico, más allá de una visita de la policía, que les pide que corran sus carteles para no invadir el espacio público.

“En este último año este grupo que está acá desde el 2020 empezó a aparecer en otros lugares de la zona”, dice Fariña, siempre fuera de consultorios de interrupción de embarazo en los días que atienden. “Sería más honesto que se pusieran con pañuelos celestes y fetos de plástico”, apunta Fiamma Vindigni, una médica en el centro de los Troncos. “Igual no corresponde –aclara–, pero sería más honesto”. 

Para ellos, y para otros profesionales de la salud, este es un efecto de la era Javier Milei, una señal que las palabras de un presidente tienen filo. Y cortan. 

En repetidas ocasiones el Presidente ha atacado el feminismo, direccionando su ira hacia “los asesinos de los pañuelos verdes” y sostenido –a pesar de las leyes vigentes en la Argentina– que un aborto es “un asesinato agravado por el vinculo”. Aunque el vocero presidencial dijo el año pasado que revertir la ley del aborto no esta en la agenda, su administracion sigue mandando mensajes contradictorios, el último en diciembre cuando Martin Menem, presidente de la Camara de Diputados, declaró en una entrevista que le “gustaria” reformar la legislacion de interrupción legal de embarazo y que “podría ser un proyecto” para 2025.

“Ahora están en un momento empoderado”, dice Gisela Stablun, médica y directora de Salud Sexual y Reproductiva en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sobre las fuerzas que trabajan en contra de la legalización. No parecen ser “mujeres autoconvocadas”, agrega, sino parte de algo más grande, con financiamiento y materiales en común. “Hay una desinformación o un intento todo el tiempo de desinformar o desestabilizar la política. Eso implica un doble esfuerzo para nosotras: poder seguir informando sobre la práctica y que los insumos necesarios lleguen”, dice, y agrega: “También nos pasa que las personas llaman para preguntar si todavía se puede abortar.”

Que esto ocurra en el conurbano bonarense –un territorio que sostiene politicas públicas para garantizar la ley de aborto y gobernada por Axel Kicillof, que busca posicionarse como una posible alternativo a Milei– no es menor. Demuestra que aun en una provincia donde 133 de 135 distritos tienen equipos de salud que proveen la interrupción legal del embarazo, el desafío es fuerte. 

San Miguel se ha declarado municipio “pro vida” y no garantiza la interrupción legal del embarazo, a pesar que hay una ley nacional. En el vecino municipio de San Isidro se desató una polémica por un consultorio primero denominado “Maternidades Vulneradas” que operaba dentro del Hospital Municipal Materno Infantil de San Isidro y que funcionaba, según organizaciones de derechos humanos y feministas, para obstaculizar el acceso al aborto. En un informe, Amnistia Internacional difundió la historia de una mujer que sufrió presión para cambiar su decision de tener un aborto en ese consultorio y tuvo que ir a otro municipio para realizar el procedimiento.  

“A nivel simbólico, van generando una disputa de sentido”, dice Carlota Ramírez, quien está a cargo de la Dirección de Equidad de Género en Salud en la provincia de Buenos Aires. El efecto Milei se extiende a lo concreto. El Gobierno Nacional redujo de manera repentina su inversión en salud sexual y, según pedidos de información hechos por Amnistía Internacional y testimonios de funcionarios de salud provinciales, frenó la compra y entrega de misoprostol y mifepristona el año pasado, según datos hasta agosto, derivando esa tarea a las provincias. El Ministerio de Salud no respondió a una demanda para información sobre el suministro de insumos para abortos en 2025.  

La provincia de Buenos Aires está logrando saldar ese bache por ahora, pero implica una gimnasia presupuestaria diaria de microdecisiones. En agosto la provincia expandió la línea de asistencia 148, que ahora también brinda informacion sobre metodos anticonceptivos y aborto. Fue una respuesta a reclamos de falta de atención de la línea 0800 del Ministerio de Salud Nacional, que cambió el mensaje con el cual recibe usarias a “salud sexual y procreación responsable”. 

“No solamente el Gobierno Nacional no envía –incumpliendo la ley– los insumos, sino que está ahogando financieramente a las provincias”, dice Ramírez. El año pasado atravesaron un momento en el que se agotó el stock de misoprostol. “Tuvimos que salir a repartir lo último que nos quedaba de mifepristona que la venimos guardando para las situaciones más complejas”, cuenta Ramírez. Por ahora los insumos están, pero están evaluando achicar la canasta de métodos anticonceptivos disponibles en el sistema de salud pública por cuestiones de fondos. “Si nosotros no pudiéramos garantizar el misoprostol nos subiría la muerte materna. Esta es una realidad. Las mujeres se mueren por abortos inseguros”, dice Ramirez.  

Puntos de resistencia 

A pesar de estos desafíos, el número de médicos que se sumaron como efectores de la interrupción de embarazo aumentó en la provincia, dice Ramírez. Y hay fuertes ejemplos de estrategias y modelos que están hechos para resistir.

Uno de ellos está en el Hospital Manuel Belgrano, en el municipio de San Martín. Allí un equipo de mujeres profesionales –médicas, residentes, una trabajadora social y una psicóloga– acompañan abortos de primer y segundo trimestre en una sala dedicada para esa funcion. Al entrar, se escucha una música suave. Una lámpara de sal genera un clima de calma. Los asientos están detrás de un divisor que otorga privacidad a las pacientes que atraviesan los efectos del medicamento. “Si quieren acostarse, se recuestan. Si quieren estar con familiares, pueden estar”, dice Ailin Carrillo, la médica a cargo del espacio. 

Como la ley misma, este pequeño lugar dentro del hospital es una manifestación de territorio conquistado. “No existe en ningún otro hospital público un espacio así”, dice Carrillo. Para las usuarias, transmite otro nivel de atención y contención, dedicada y sin exposición. Para el equipo de salud es una demostración del apoyo institucional que las respalda, en un contexto que todavía presenta cuestionamientos por parte de médicos que no están a favor de la práctica. Después que asumió Milei, médicos empezaron nuevamente a revisar historias clínicas, dijo Carrillo, para ver si las prácticas se cuadraban dentro de la reglamentación. 

Su propia trayectoria marca la velocidad de cambios sociales en Argentina. Cuando Carrillo estudio medicina en la UBA, entre 2007 y 2012, el tema aborto nunca se abordo. Ni se mencionó. De hecho, Carrillo acompañó a una amiga de la facultad cuando transitó un aborto y recuerda la sensación de miedo justamente por la falta de información sobre qué hacer y cómo hacerlo. Ella, como estudiante de medicina, no sabía a dónde recurrir para ayudar a su amiga. “Me sentí totalmente sin herramientas”, dice. Eso la sacudió y contribuyó a su propia evolución. Hace poco encontró uno de sus cuadernos de esa época. En un margen había escrito la palabra aborto y la había rodeado con un círculo. “Como diciendo: buscá esto”.  

Entró al Hospital Belgrano en el 2013 y el equipo de interrupción voluntaria del embarazo se conformó entre 2017 y 2018, al principio con residentes de medicina y el respaldo de la jefatura. En esos años, bajo el marco legal establecido por la Corte de causales para la interrupción legal del embarazo el trabajo fue más artesanal, mirando historias clínicas de otros profesionales de la salud para entender cómo avanzar, cuenta Elizabeth Álvarez, una trabajadora social que forma parte del equipo. La red que se tejió en esos tiempos se sostiene aún hoy y se fortalece con capacitaciones, como la que lideró Carrillo en diciembre con residentes de medicina, que brindó instrucción sobre cómo llevar adelante una aspiración manual endouterina, conocida como AMEU. 

El equipo tiene la particularidad, también, de tener una psicóloga dedicada al espacio. Se llama Florencia Pose y trabaja a la par de Carrillo. Su presencia implica que todos las usuarias que les consultan reciben evaluaciones psicológicas y acompañamiento. 

“Mi objetivo principal es poder trabajar los efectos emocionales, subjetivos de una interrupción de un embarazo”, dice Pose. “Porque más allá de que haya una ley, las representaciones sociales de interrumpir un embarazo siguen siendo muy culpabilizadoras hacia las mujeres y eso tiene impactos emocionales muy sufrientes”. En general, aunque estén seguras en sus decisiones, en muchos casos impulsadas por situaciones económicas en las que ya están enfrentando dificultades para darle de comer a su familia, siguen sintiendo culpa. “Muchas mujeres vienen pensando que se pueden morir por este tratamiento”, dice. “Aun así vienen a hacerlo. Eso para mi es muy conmovedor, porque son capaces de enfrentarse con esa posibilidad”, cuenta. 

Por eso, la presencia de psicología es primordial, dice Carrillo. “Flor es una joyita para este equipo, y marca la diferencia en un montón de cosas”. La manera en que entra y sale una persona no es la misma sin ella, dice. 

Ambas hablan de lo crucial que es el apoyo institucional, tanto de la dirección del hospital hasta nivel provincial, de Stablun y Ramírez, que se involucran personalmente cuando surgen desafíos puntuales. Así fue en San Isidro, cuando llegaron a través de la línea 148 las primeras denuncias sobre el consultorio que operaba en el Hospital Materno Infantil. Mujeres que llegaban al hospital con preguntas sobre una interrupción de embarazo primero pasaban por las manos de voluntarias que no tenían formación médica. 

“Les daban información falsa y trataban de convencerlas de que no continúen con el embarazo”, dice Stablun. Hubo denuncias de que les mostraron videos de fetos muertos. Que las hacían alzar un bebé de plástico. Que les daban escarpines. “Lo que estaban haciendo era ilegal”, dice Stablun. “La propia médica del hospital nos informaba que les llegaban más tarde porque las hacían dar vueltas, las hacían esperar”. 

El hospital es municipal. Entonces más que mandar recomendaciones y monitorear, los oficiales provinciales no tienen poder real para cambiar el contexto. Pero la presión también vale y después de mandar notas a la Dirección y tener reuniones, sacaron a las voluntarias, y ahora está a cargo de una enfermera que, según sabe Stablun, deriva rápidamente a un medico. Estos cambios se concretaron en diciembre, después de que el movimiento feminista se manifestara afuera de hospitales en San Isidro para visibilizar lo que estaba sucediendo. 

Para Pose, la psicóloga del Hospital Belgrano, unas de sus mayores preocupaciones es que las personas sientan que no puedan acercarse a un centro de salud y vuelvan a acudir a métodos inseguros. 

“Son tremendos los efectos” de los discursos anti, dice Pose. “Más allá que haya un montón de leyes que sean re progres en nuestro país, si no están acompañadas por campañas, que tienen que ver con cambiar los imaginarios sociales de esa práctica”, dice Pose, el miedo igual tiene un impacto. Sin embargo, la evidencia también muestra una convicción para acceder al derecho. 

“Las personas gestantes que atraviesan lugares en los que son hostigados no se quedan con eso –resalta Álvarez, la trabajadora social y compañera de Pose–. Vuelven a consultar”. 

Esta nota fue realizada gracias al apoyo del Pulitzer Center.

DTC