El juez federal Ariel Lijo envió a juicio oral y público a los presuntos integrantes de la denominada “Escuela Yoga de Buenos Aires”, detrás de la cual -según la Justicia- existió una organización ilícita con rasgos de secta, la cual habría cometido maniobras de lavado de dinero y trata de personas con fines de explotación sexual.
El juez dispuso la clausura parcial de la investigación, tras el pedido del fiscal federal Carlos Stornelli y la fiscal federal de la unidad anti-trata, Alejandra Mangano. De esta manera, rechazó los pedidos de sobreseimiento y las nulidades planteadas por las defensas.
En su resolución, se dispuso que se sortee a un tribunal oral, que será quien juzgue a los implicados. Se trata del presunto líder Juan Percowicz, Marcela Sorkin, María Susana Barneix, Ruth Viviana London, Susana Mendelievich, Mario Alberto Leonardo, Gustavo Aníbal Rena, Georgina Ivonne Hirschfeld, Marcela Argüello, María del Carmen Giorgi, Daniel Eloy Aguilar, Alicia Arata, Silvia Alicia Herrero, Luis Romero, Horacio Vesce, Daniel Gustavo Trepat Fryd, y Federico David Sisrro.
Todos los sindicados se encuentran en libertad tras permanecer meses con prisión preventiva. La acusación es por formar una asociación ilícita que operó desde 2004 al 2022, con “rasgos de secta de naturaleza espiritual”.
El fin de la EYBA fue “captar personas mediante engaños o que se encuentran en situación de vulnerabilidad para incorporarlos a la organización con el fin de reducirlos a una situación de servidumbre y/o explotación sexual, construir un culto alrededor de su líder y promover una estructura ilegal de negocios en la República Argentina y en los Estados Unidos de América, que permitiera otorgar apariencia lícita a los fondos obtenidos como producto de sus actividades, con el único fin de enriquecerse y obtener influencias y/o coberturas para sus líderes”.
Según la investigación, la Escuela contaba con unos 179 alumnos repartidos en distintas sedes de Buenos Aires, Las Vegas, Chicago y Nueva York.
“Para ascender dentro de la jerarquía de la organización debían realizar un proceso de aprendizaje basado en la lectura de libros y la realización de talleres y diferentes tareas”, de acuerdo al juez Lijo.
A la organización se le atribuye también haber cometido maniobras de trata de personas con fines de explotación sexual en la sede de la calle Estado de Israel, y la grabación de tales episodios, los cuales se sospecha eran utilizados con fines de extorsión.
En la causa, constan escuchas telefónicas y gran prueba documental de distintas personas víctimas de la organización.
LC con información de agencia NA