La Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de la Nación informó este sábado que en 2020 se registró un femicidio cada 35 horas y que hubo un total de 251 víctimas directas en nuestro país, entre ellas 6 víctimas de travesticidio/transfemicidio.
El registro del Poder Judicial al que Télam tuvo acceso determinó que la tasa de víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres el año pasado fue 1,09 y que la evolución de la distribución de femicidios directos se mantiene relativamente estable entre 2017 y 2020.
La OM de la Corte informó que de las 251 víctimas directas de femicidio, 244 eran mujeres cis y 6 eran mujeres trans/travesti, mientras que para la víctima restante no se ha podido establecer si se trataba de una mujer cis o de una mujer trans/travesti porque el cuerpo se encontraba carbonizado, aunque sí se notificó que era mujer.
Según las estadísticas judiciales, siete provincias tuvieron una tasa de femicidios directos cada 100.000 mujeres mayor que el promedio nacional de 1,09 para el año 2020.
Dichas jurisdicciones fueron, en orden decreciente: Jujuy (2,82); Tucumán (2,10); Chaco (1,97); Salta (1,53); Misiones (1,43); Santa Fe (1,38); y Corrientes (1,23), aunque en algunas de ellas sucedieron pocos casos, se vieron muy afectadas por el escaso peso poblacional de mujeres.
Si se tiene en cuenta solo las cantidades en números absolutos, el año pasado el 37% de los femicidios directos de Argentina ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, seguido por el 10% de los casos en la provincia de Santa Fe, ambas con una amplia población femenina.
En al menos el 84% de los casos había vínculo previo con el femicida: en el 59% eran pareja (116 casos) o expareja (51 casos); el 10% eran familiares y el 15% tenían otro tipo de vínculo (amigos, vecinos, conocidos por redes sociales, por trabajo, exalumnos, y también clientes prostituyentes y proxenetas).
Además, con el análisis de los vínculos entre víctimas y agresores, se observó que de 195 de las 247 causas judiciales de femicidios con víctimas directas, el 79% ocurrieron en un contexto de violencia doméstica.
Con relación a los hechos previos de violencia de género, al menos 41 víctimas directas habían efectuado denuncias formales contra los violentos, esto es, al menos en el 15% del total de vínculos.
De acuerdo a las estadísticas oficiales, la cantidad final de casos prácticamente no difirió entre 2019 y 2020, sino que lo que varió fue su distribución a lo largo del año.
En el informe se analizó la distribución de femicidios directos según las etapas de restricciones a la circulación por la pandemia y se comparó la distribución de casos en tres sub períodos de ambos años.
Una vez que se implementó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) del 20 de marzo hasta el 7 de junio de 2020 a nivel nacional, se incrementaron los casos en 37,5% respecto de igual período de 2019, aunque se aclaró que esa coincidencia no implicó necesariamente causalidad.
Cuando se dividió el territorio nacional en zonas de ASPO y de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) a partir del 8 de junio hasta el 31 de diciembre (con algunas modificaciones), se produjo una caída del 8% respecto del año anterior, por lo que finalmente se observó la misma cantidad de hechos entre 2019 y 2020, solo que presentaron una distribución diferente a lo largo del año.
Por otra parte, el promedio de edad de las víctimas directas de femicidio fue de 37,9 años y del total de casos 24 eran niñas y adolescentes (de 0 a 17 años) y, en el otro extremo, 11% tenía 60 años o más al momento del hecho.
Sin embargo, el grupo etario con la tasa más alta fue el de 35 a 44 años (2,06 víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres).
En tanto, el 74% de las víctimas directas de femicidio fueron asesinadas en viviendas, esto es, casi 3 de 4 víctimas: el 40% en la vivienda que compartían con el sujeto activo (agresor), el 23% en su propia vivienda, el 7% en la vivienda del sujeto activo, y el 4% en otro inmueble.
Además, de acuerdo al informe de la Corte, al menos 7 sujetos activos pertenecían a las fuerzas armadas y/o de seguridad: 5 a la Policía provincial, 1 al Ejército, y 1 sin datos sobre la fuerza a la que pertenecía. De ellos, los 5 policías provinciales se encontraban en actividad, mientras que no se precisó este dato para los 2 sujetos activos restantes.
De estos 7 miembros de distintas fuerzas de seguridad, 6 utilizaron armas de fuego para cometer el femicidio directo, siendo al menos 4 de ellas sus armas reglamentarias y 2 sin datos sobre su autorización.
Las cifras de femicidios de la Corte Suprema, basadas en las causas judiciales, normalmente se dan a conocer a año vencido a mediados del año siguiente. Son las que se cuentan como oficiales por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado por el presidente Alberto Fernández apenas asumió, en diciembre de 2019.
La violencia de género en 2021
Desde el 1 de enero al 30 de abril de 2021 se produjeron en Argentina 92 femicidios, 5 transfemicidios y 7 femicidios vinculados de varones, según el informe dado a conocer a principios de mes por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro.
“Cada informe nos duele porque el altísimo índice de violencia sexista en nuestro país no desciende y demuestra que las medidas implementadas son insuficientes”, señaló el comunicado de La Casa del Encuentro.
El informe destaca que, según los medios de comunicación relevados, se registra un aumento de los transfemicidios “lo cual evidencia la vulnerabilidad de un colectivo que es objeto de múltiples violencias incluida la institucional y la que ejerce la misma sociedad que las expulsa del sistema”.
Por otra parte, observa el informe, en noviembre del 2020, el Ministerio de Seguridad anunció la creación del sistema URGE (Sistema Único de Registro de Denuncias de Violencia de Género) mediante la resolución 408/2020, que tiene entre sus objetivos la unificación de la totalidad de las denuncias por violencia de género formuladas en dependencias policiales y reunir en un solo sistema toda la información relevante de esas denuncias para lograr la inmediata vinculación del denunciado con denuncias previas.
“Reclamamos que se informe si ha entrado en vigor el sistema y se informe el funcionamiento del mismo. El femicida de Analia Maldonado, Samuel Llanos, tenía 21 denuncias de violencia por relaciones anteriores radicadas en distintos lugares. Quizás, si hubieran estado unificadas, Analía seguiría con vida y él pagando por su violencia”, comenta el texto en referencia a uno de los casos más resonantes de estos meses.
CB con información de Télam