La organización internacional de Derechos Humanos Clooney Foundation for Justice (CFJ), dirigida por la abogada Amal Clooney y su esposo, el actor George, presentará hoy ante la Justicia argentina una denuncia por crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela. Serán defensa y querella de las familias de dos víctimas que, según la prueba que presentarán, sufrieron violencia estatal. Desde la fundación explicaron que “por un tema de estrategia y de seguridad no podemos dar los datos de las víctimas ni de sus familias”, pero que recabaron información que demuestra un “patrón en todos los órdenes de mando, bajos, medios y altos”. Traen la denuncia a la Argentina porque es uno de los pocos países que ha aplicado la jurisdicción universal, un recurso legal que permite a los países enjuiciar los crímenes más graves con independencia del lugar donde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima.
Hay antecedentes. En 2010 la Justicia federal argentina inició una investigación penal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en España por el régimen franquista. Esto dio lugar a una orden de exhumación por parte del tribunal que permitió a la hija de una víctima recuperar los restos de su padre, algo que los tribunales españoles no habían logrado. En 2021, aplicando de nuevo la jurisdicción universal, un juez federal argentino inició una investigación sobre el presunto genocidio cometido contra la comunidad Rohingya, en Myanmar.
“No son violaciones a los DDHH aisladas, sino crímenes de lesa humanidad”
El equipo de abogados de la CFJ entrevistó a más de cien venezolanos y encontró “un sistema”: una serie de acciones que se repiten en cada caso de violencia institucional. “Lo que denunciamos son crímenes de lesa humanidad y para hablar de este tipo de crímenes hay varios elementos que se tienen que dar. Uno, que es central, es la sistematicidad. No son violaciones a los DDHH aisladas, sino crímenes de lesa humanidad, porque hay un rasgos distintivo, que es la sistematicidad, un patrón. Nosotros denunciamos que hay una política de Estado, que no son hechos aislados”, adelanta a elDiarioAR, Ignacio Jovtis, abogado de la fundación y representante de las víctimas.
Durante la etapa de documentación, Jovtis entrevistó a dos personas que estaban en dos regiones distintas de Venezuela y que no se conocían entre sí, y sin embargo su relato era prácticamente idéntico: desde el método de detención, arbitrario, los métodos de tortura y la manera de liberación. “Hay otros casos donde las víctimas siguen detenidas. Hemos documentado la implicación que existe para la comisión de estos delitos en rangos bajos, medios y altos. El patrón es muy claro en Venezuela. Todos los casos que me ha tocado documentar se trata de gente de la oposición o percibida como opositora. Las detenciones son arbitrarias, sin órdenes legales, existe la desapariciones forzada de corto plazo, es decir, momentos en los que no sabés dónde están las personas, torturas en centro de detención ilegales, como en casas”, sigue Jotvis.
Consultado por elDiarioAR acerca de cómo se investigan esos hechos en el lugar de origen, el abogado respondió: “No se investigan esos delitos. Eso explica por qué estamos viniendo a Argentina. En Venezuela no se investiga, las víctimas no tienen acceso a los expedientes, no pueden hablar con sus abogados. Los fiscales reciben presión para no investigar casos que involucran cadenas de mando: hay investigaciones que quedan en los autores materiales pero no se investiga la cadena de mando”.
La relación política entre Argentina y Venezuela: ¿un obstáculo?
La última vez que el Presidente Alberto Fernández y su par venezolano, Nicolás Maduro, se cruzaron fue en el Palacio Itamaraty de Brasilia, en ocasión de un Encuentro de Presidentes, durante la cumbre de mandatarios sudamericanos convocada por Luiz Inácio Lula da Silva, primer mandatario de Brasil el mes pasado. En esa reunión, Fernández le pidió a Maduro que Venezuela regrese a los organismos y foros internacionales. Durante los últimos veinte años, excepto durante los cuatro que gobernó Mauricio Macri, Argentina y Venezuela mantiene una relación estrecha.
Aunque la Argentina sea uno de los pocos países que en dos ocasiones aplicó la jurisdicción internacional -un recurso legal que permite a los países enjuiciar los crímenes más graves con independencia del lugar donde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima-, desde la CFJ confían en que el vínculo político y económico entre ambos países no sera un obstáculo a la hora de que la Justicia argentina evalúe la denuncia que presentará la organización, en la que afirma que en ese país se cometen crímenes de lesa humanidad. “No somos ajenos al contexto -reconoce Jovtis, el abogado de la fundación-. Las esperanzas de las víctimas están puestas en Argentina. Como organización vamos a hacer todo el esfuerzo posible para poner sobre la mesa que de lo que estamos hablando es de violaciones a los DDHH, y eso no tiene color político. Nosotros esperamos que predomine una agenda de derechos humanos, más que una agenda económica y política”.
VDM/MG