La Cumbre Climática de las Juventudes Latinoamericanas (RCOY) finalizó el domingo en Cartago, Costa Rica, y los activistas, después de largos debates y reflexiones, concluyeron el documento “Propuestas para la Acción” con 10 recomendaciones para gobiernos nacionales y 10 recomendaciones para grandes emisores globales (países y empresas).
La conferencia se llevó a cabo del 12 al 14 de septiembre en formato híbrido y alrededor de unos 300 activistas estuvieron presentes en el país centroamericano. Las jornadas tuvieron talleres de todo tipo; palabras de apoyo como el emotivo video del ex presidente de Uruguay, Pepe Mujica, quien dejó un mensaje especialmente para los jóvenes activistas; mesas de debates; artivismo; reflexiones y emociones a flor de piel.
El encuentro fue diverso. La voluntad de los jóvenes de querer cambiar la realidad se transmitía no solo desde sus enojos, sino también desde las propuestas para que los políticos vean lo que ellos ya están haciendo localmente para mejorar al mundo. Por eso, al final de la Cumbre se compartió un mapa con varias iniciativas para la sostenibilidad de organizaciones de la región latinoamericana.
Tras haber definido el documento, los jóvenes iniciaron una campaña de incidencia a través de la plataforma Change.org para tratar de conseguir 100.000 firmas, para que el petitorio llegue con más fuerza y apoyo a la cumbre climática internacional más importante de los últimos tiempos, la COP27.
Las 10 recomendaciones para gobiernos nacionales son:
1- Participación Pública
Pese a que 13 países de Latinoamérica han ratificado el Acuerdo de Escazú y varios de ellos ya están en proceso de implementación, aún son 12 los que no lo hacen; en este sentido, se exige la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú en todos los países de Latinoamérica con el propósito de proteger y preservar ecosistemas y brindar seguridad, protección y acompañamiento a la ciudadanía y en especial a defensores ambientales consolidando una participación pública vinculante y una transparencia eficiente.
2- Transición Energética
Exigimos a los gobiernos nacionales puntualizar en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs) y los Planes de Transición Energética Nacionales objetivos realistas, medibles, alcanzables, específicos, monitoreables en el tiempo, participativos y basados en ciencia, considerando el corto y mediano plazo, y atendiendo a los recursos naturales locales disponibles y a el contexto socioeconómico inequitativo de Latinoamérica. Dichos objetivos deben propender al fortalecimiento de la regulación del sector energético para controlar el uso de combustibles fósiles favoreciendo la generación de energía renovable no convencional y la seguridad energética.
3- Ciudades y Transporte
.Ciudades verdes, resilientes, sostenibles e inclusivas (especialmente considerando a las personas con discapacidad, con movilidad reducida, con perspectiva de género, las infancias y los jóvenes).
.Movilidad baja en emisiones con justicia social y transición justa.
.Planificación territorial con participación pública y enlace centro - periferia.
4- Pérdidas y daños
La apertura de un observatorio de pérdidas y daños, autónomo con relación estatal no restrictiva, multidisciplinario e inclusivo (con participaciones consultivas de actores clave, incluyendo a los pueblos indígenas, juventudes, infancias, la academia), con multienfoques (derechos humanos, comunidades, género, cultura, educación, salud, infraestructura, biodiversidad), que dé origen a medidas compensatorias de espectros económicos y no económicos; asociado además a una obligación de reporte de línea base e informe bianual.
5- Alimentación y agricultura
Exigimos a los ministerios de agricultura, instituciones de investigación, gobiernos locales y la población, que se realicen planes de acción de soberanía alimentaria y producción agroecológica que garanticen enfoque de género,comercio justo, consumo local que satisfaga las necesidades nutricionales y enriquecimiento cultural, el acceso al financiamiento, articulación de coinnovación y acceso a la tierra; a partir de proyectos a nivel comunitario que garanticen mecanismos de producción autónoma junto con la reducción del hambre, el fin de la pobreza y reducción total de la inseguridad alimentaria de una manera transversal y holística para el año 2030.
6- Empoderamiento climático
Es urgente la construcción de espacios de participación y acción para el empoderamiento climático de las juventudes en espacios locales, nacionales e internacionales; con un enfoque socioemocional, socioambiental, interseccional, que nos permita reconectar con la Madre tierra y el cosmos, convivir en armonía entre todos los seres para vivir bien (suma qamaña, sumak kawsay, buen vivir).
7- Adaptación
Se exige a los gobiernos nacionales que para el término del año 2023 tengan el diseño de sus planes de adaptación nacionales, y locales. Los NAP (National Adaptation Plans) tienen que hacerse considerando las territoriales locales, la cultura material, el conocimiento ancestral y las dinámicas sociales de cada comunidad. Para esto, serán fundamentales los procesos participativos que velen por la inclusión de las poblaciones más vulnerabilizadas (personas indígenas, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas en situación de pobreza, mujeres, personas con discapacidad, diversidad sexual, entre otros).
8- Biodiversidad y naturaleza
Exigimos a los gobiernos nacionales diseñar e implementar una regulación integral que contenga mecanismos de acción interinstitucionales directos con priorización de soluciones basadas en la naturaleza para proteger, gestionar en forma sostenible y restaurar los ecosistemas, con especial énfasis en políticas públicas sobre flora, fauna y funga en los ejes de agroindustria regenerativa.
9- Océanos y zonas costeras
Es imperativo que los gobiernos establezcan e implementen un Plan Azul que incluya:
â— Alcanzar para el 2030 la protección del 40-50% de la superficie marina y el 60% para el
2040. Esto a través de la creación y ampliación de áreas marinas protegidas que sean
efectivas, inclusivas para comunidades locales y basadas en ciencia.
â— Aumento de al menos 30% de la inversión actual de los fondos nacionales en iniciativas
para la conservación marino-costera basadas en investigación científica, participación
pública con énfasis en pescadores artesanales.
â— Establecer a nivel nacional una moratoria para la minería de fondos marinos por, al
menos, 10 años.
â— Actualizar y ratificar en la CONVEMAR por todos los países latinoamericanos para
dotarnos mundialmente de una metodología en la cual basar evaluaciones de impacto
ambiental estandarizadas y transparentes en desafíos como la minería submarina y la
pesca ilegal, no regulada y no reglamentada.
10- Financiamiento e inversión
â— Transparencia en los procesos y acceso a la información por parte de la ciudadanía
â— Descarbonización de los portafolios de inversión
â— Priorizar la resiliencia de las comunidades en lugar de la rentabilidad de las inversiones
locales.
â— Comprender la retroalimentación negativa que se da entre la falta de financiamiento, la
capacidad de las comunidades de hacerle frente a los impactos de la crisis climática y, a
su vez, el aumento en el riesgo de inversión en esas comunidades.
â— Desarrollo de mecanismos de control en los sistemas de préstamos públicos que
permitan la comprensión por parte de la ciudadanía de los derechos y obligaciones que
se contraen.
Por otro lado, las 10 recomendaciones para los grandes emisores globales son:
1- Carbono neutralidad
â— Incentivar la ID+I para productos, servicios y tecnologías bajas en carbono;
â— Acoger instrumentos normativos vinculantes para el reporte, monitoreo, verificación y
divulgación de la información;
â— Evitar el greenwashing comprendiendo que una estrategia de carbono neutralidad no
puede estar basada en la compensación, sino en la verdadera reducción de emisiones;
â— Acelerar la implementación de la circularidad desde el diseño y la gestión adecuada de
los recursos;
â— Diseñar y ejecutar planes estratégicos regionales y locales hacia la Carbono Neutralidad
al 2050.
2- Financiamiento
. Fondo para Mitigación, bajo la figura original de USD 100.000 millones, aumentando
dicho monto, y con ejecución plena a partir de 2022;
. Fondo para Adaptación, cuyos instrumentos se basen en grants y transferencias de
conocimientos, información y tecnologías, y creación de capacidades para la
adaptación;
. Fondo para Daños y Pérdidas, permitiendo aliviar en lo inmediato los impactos del
cambio climático más agudos y severos en situaciones de emergencia y, al mismo
tiempo, colabore en la articulación de políticas para hacerle frente a los daños
permanentes. A la vez, que permita reducir la desigualdad social.
3- Transparencia
â— Plantear estrategias y plataformas de comunicación accesibles y de fácil comprensión,
que tomen en cuenta el contexto e idiomas locales.
â— Garantizar la autonomía y reforzar las capacidades técnicas y financieras de las
instituciones encargadas del MRV (Monitoreo, reporte y verificación).
â— Aumentar la rendición de cuentas y constancia del financiamiento en temas climáticos,
que rectifique el sistema de deudas y préstamos, para permitir una correcta
implementación y continuidad de medidas.
4- Tecnologías y conocimientos
Se solicita a los grandes emisores y grandes empresas que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades locales con una perspectiva de reciprocidad y diálogo de saberes, identificando prioridades de investigación y desarrollo tecnológico que verdaderamente contribuyan a atender las necesidades regionales y nacionales para hacer frente a la crisis climática.
5- Deuda ecológica y financiera
El pago directamente a las comunidades afectadas, con liquidaciones no solamente en efectivo sino en proyectos de asistencia social, apoyo a la resiliencia y compensación de daños. Siempre implementado con consulta pública participativa.
6- Impuestos verdes y mercados de carbono
Exigimos que los mercados de carbono y los impuestos verdes reflejen todas las externalidades negativas y sean coherentes con los daños y las pérdidas que se producen.
7- Transición económica
La creación de Planes de Transición Económica a más tardar al 2030, con una gobernanza con taxonomías de implementación obligatoria que incluya la participación vinculante de todos los grupos de interés y vulnerabilizados.
8- Articulación pública-privada
Avanzar en metodologías y certificaciones que permitan garantizar la suficiente
transparencia de sus avances, con guías, certificaciones y principios internacionalmente reconocidos como Empresa B, ISO26000, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, GRI, IIRC, SA8000, Lucie Label, UN Global Compact, entre otros. A la vez, exigimos una
responsabilidad empresarial real y efectiva en informar los indicadores de sus productos a los consumidores.
9- Trabajadores y Consumidores
â— Implementar indicadores de huella de carbono, huella hídrica y huella ecológica en el
etiquetado visible, resaltando la inclusividad de las personas neuro diversas, además
de la estandarización a nivel regional.
â— Exigimos que las empresas publiquen la información relativa al reporte de
sostenibilidad ambiental, incluyendo sus proyecciones de mejora de sostenibilidad.
Tanto el reporte dirigido a accionistas como al público en general deberá encontrarse
en un lenguaje comprensible, en un formato que permita su consulta autónoma.
â— Asuman el compromiso para el 2030 de implementar materiales sostenibles o
efectivamente reciclables, para disminuir el consumo de plástico de un solo uso. Que
sea aplicado a todos para que exista una competitividad y entre a jugar la oferta y
demanda, de manera tal que se priorice el bienestar del consumidor económicamente.
â— Conducir procesos de capacitación sobre cambio climático realizados por consultores
independientes con reconocida experiencia en educación ambiental en los territorios
donde se preste el servicio, en forma periódica y transversal a todos sus trabajadores y a los consumidores finales.
10- Empleos verdes, azules y emprendimientos de triple impacto
Acompañamiento de los entes cooperantes financieros, en torno a los emprendimientos
sostenibles, para lograr un impacto a largo plazo beneficiando a las poblaciones más vulneradas.
Esta declaratoria final fue leída ante la presencia de tomadores de decisiones, como: la directora de Cambio Climático de Argentina, Florencia Mitchell, y la viceministra de Juventud de Costa Rica, Kristel Ward, quienes luego dieron un discurso.
Al final del encuentro, los participantes eligieron un voluntariado para hacer por la tarde, entre: restauración de huerta y gallinero (Orosi) y limpieza de áreas verdes y escuela (Quircot).
PP