Maristella Svampa: “Después de 25 años de megaminería, no se ha generado trabajo y hay un impacto local bajísimo”

Maristella Svampa se desempeña como investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Es licenciada en Filosofía, y Diplomada en Estudios Avanzados en Historia y Civilización. También se doctoró en Ciencias Sociales, con especialización en Sociología con una tesis sobre la megaminería. Tres décadas más tarde –y con decenas de libros publicados–, continúa explorando esta problemática, así como las desigualdades sociales y territoriales, los dilemas de desarrollo y el “(mal)desarrollo”, los movimientos sociales y la transición energética, a través de una mirada multidisciplinaria y comparativa Norte-Sur.

Lejos de encerrarse en los claustros, ha explorado los ecofeminismos territoriales en América Latina, participó activamente de la lucha contra el fracking, apoyó a trabajadores precarizados y dialoga permanentemente con las comunidades afectadas por el cambio climático y las iniciativas empresariales dañinas. La suya es una articulación entre saber y acción.

Nació en Río Negro y reparte sus días entre aquella provincia y Buenos Aires. El 30 de agosto, participó de la audiencia pública realizada en la localidad de Ingeniero Jacobacci, de su provincia natal. Allí, la empresa Patagonia Gold S.A. –en connivencia con las autoridades locales, provinciales y estatales– busca instaurar el “Proyecto Calcatreu” de megaminería metalífera, en detrimento de los recursos naturales, los vecinos y los pueblos originarios.

El impacto de su discurso fue tal, que la organización decidió cortarle el micrófono, mientras era abucheada por un grupo de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). Ya había hablado en otras audiencias públicas nacionales, de Perú, de Colombia, incluso en el Parlamento Europeo: nunca había vivido algo de este calibre. Está convencida de que la razón de la censura fue la evidencia de “datos que contrastan con la manipulación que se realiza de las necesidades de la gente”. elDiarioAR charló con ella sobre la situación actual de la economía en la provincia y los ciclos de lucha que pueden abrirse.

—Tenías una presentación larga para la audiencia, que la organización decidió cortar. ¿Qué te quedó por decir?

—Muchas cosas. Me parece muy difícil resumir en cinco minutos los comentarios acerca del Proyecto Calcatreu, porque involucra la intención de imponer en Río Negro una matriz productiva primaria exportadora y extractivista. Yo había delineado diferentes ejes para la exposición, referidas a la relación entre minería y empleo, y minería y pobreza. En términos de correlato empírico, vemos que, después de una historia de 25 años de megaminería, no se ha generado trabajo y hay un impacto local bajísimo. 

Al analizar las provincias mineras –San Juan, Catamarca, Santa Cruz–, surge que son muy pobres. Muchas presentaciones de la audiencia que se realizó en Jacobacci atacan el “pobrismo”, pero fomentan el pensamiento mágico. Sobre todo ante un público muy emocional, con expectativas de trabajo, cuando la misma empresa habla de la creación de apenas 300 puestos de trabajo directos, un número insignificante.

Durante más de veinte años habían sido minoría, no solo porque había una población movilizada, sino porque tenían a las comunidades indígenas haciendo demandas. Ahora, avalados por el Gobierno nacional, sienten que pueden progresar en sus planes, derogar leyes ambientales y reprimir sin ningún costo político

—¿Cómo decidiste participar de la audiencia?

—Hace unos meses, me había llamado UnTER, el sindicato de docentes rionegrino, para proponerme que diera una charla sobre megaminería. Yo investigo distintos elementos que hacen a la crisis socioecológica, por lo cual me puse a ver y actualizar datos. Debo resaltar que trabajo en equipos multidisciplinarios, con muchos colegas: busqué el apoyo de sociólogas del trabajo, geógrafos y hasta del exviceministro de Ambiente de Perú para obtener información fehaciente y nueva, a nivel continental. Así, armamos un texto que es muy contundente respecto a estos temas.

También quería hablar sobre el agua. De acuerdo con los números presentados por la empresa en su estudio de impacto ambiental, Calcatreu utilizaría únicamente 384 mil litros por día. Esto nos llamó la atención a los investigadores, porque en general este tipo de proyectos usan 800 mil litros o más. 

Junto a mis colegas, miramos las cifras de grandes compañías, como la Barrick Gold y Newmont, la transnacional minera más importante del mundo en extracción de oro. Nada cierra. Invito a la empresa Patagonia Gold S.A. a que presente, de manera comparativa, de dónde ha sacado sus cifras y qué respaldo científico tienen sus afirmaciones. 

—¿Por qué pensás que el informe se apoya en estos números, sin evidencia?

—Yo intuyo que inventan, porque en Calcatreu la gran objeción de la gente es el agua. Estamos en la meseta, en la estepa patagónica, donde hay una aridez típica del ecosistema. A esto se suma el cambio climático y todo lo que implica en cuanto a eventos extremos: la sequía es algo que se va a repetir y amplificar a futuro. Me parece que mi alusión a la problemática del empleo, la pobreza y los recursos hídricos puso muy nerviosas a las autoridades.

—Durante la audiencia pública, fuiste una de las pocas voces disidentes e incluso te cortaron el micrófono.

—El Gobierno ha puesto a todo el aparato del Estado para convencer, torcer las opiniones críticas y generar licencia social. Hace quince años, cuando viajaba a Catamarca y a San Juan, ocurría que íbamos a participar de un debate y nos cerraban el local; nos han tirado camionetas mineras; han devuelto micros de activistas, con la excusa de que pertenecían a “hippies”, “extranjeros” y “foráneos. Se trata de provincias que ni siquiera pretenden simular el desarrollo de discusiones democráticas.

El gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck, en ese sentido, tergiversa los dispositivos de participación ciudadana, convirtiéndolos en meros simulacros. Por otro lado, deroga leyes de protección ambiental, e impulsa legislación que habilita la minería y la expansión del capital extractivo e inmobiliario. 

Para esto, controla la mayoría de los medios de comunicación, todo el aparato del Estado y –aprovechando los vientos de violencia libertaria– saca a las fuerzas represivas para generar una política del miedo, para que la gente no se manifieste. Eso es lo que hay que denunciar: que estamos ante un momento novedoso, en el cual el gobernador, sus funcionarios y legisladores se envalentonaron por el contexto social y económico. 

También hay que considerar el marco que brinda el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para entregar los recursos. Sienten que por fin pueden aplastar la resistencia en las provincias a la megaminería, que históricamente ha sido de las más importantes en términos socioambientales.

—En consonancia con lo que expresás, durante la audiencia en Jacobacci para tratar el Proyecto Calcatreu, las autoridades y los empresarios subrayaron que, luego de dos décadas, finalmente había llegado el momento para impulsar la megaminería en Río Negro.

—Sí, el presidente de la cámara minera hasta habló de un “tiempo de revancha”. Porque durante más de veinte años habían sido minoría, no solo porque había una población movilizada, sino porque tenían a las comunidades indígenas haciendo demandas. Ahora, avalados por el Gobierno nacional, sienten que pueden progresar en sus planes, derogar leyes ambientales y reprimir sin ningún costo político.

—Afirmaste que hay una suerte de “hoja de ruta extractiva”, ¿en qué consiste?

—Creo que el primer mojón fue cuando el exgobernador Carlos Soria derogó la ley que prohibía la ley de megaminería en Río Negro. Al ser asesinado por su esposa en 2012, asumió Weretilneck, que hasta entonces era una especie de actor de reparto. Las resistencias ciudadanas todavía eran fuertes, por lo cual las iniciativas mineras no lograban concretarse. ¿Qué pasó? En 2017, en la provincia se dio el conflicto alrededor de la instalación de las plantas nucleares. Hubo una marcha en varias ciudades que lograron bloquear el proyecto. El gobernador comprendió, entonces, que debía llevar a cabo otra estrategia. Esta consistió en conformar un entramado legal que permitiera la transformación de la matriz productiva rionegrina, con apoyo del Poder Legislativo y la Justicia.

En los dos últimos años, las transformaciones se han sucedido muy rápidamente. En 2022 se derogó a las dos de la madrugada la ley de protección ambiental del Golfo San Matías, con una presión directa de YPF y una ley que llegó ya redactada por WhatsApp a los legisladores. No hubo participación ciudadana. 

En 2023, en Sierra Grande se convocó a una audiencia pública por el oleoducto Vaca Muerta Sur –que incluía una terminal portuaria en el Golfo San Matías–, donde una patota de la UOCRA no dejó entrar a asambleístas y ambientalistas. Estas amenazas y violencia marcaron al activismo de Río Negro. Después de eso, ese mismo año, se derogó la Ley de Tierras, permitiendo el uso minero y la expansión de grandes terratenientes. Se acotaba así la participación de pequeños y medianos propietarios, dejando en el limbo a las comunidades indígenas, que desde 2011 prácticamente no tienen relevamiento territorial. A esto se sumó la reforma del Código Minero, consolidando esta hoja de ruta extractivista. En resumen, desde 2022, existe un entramado al servicio de un modelo primario exportador.

—En tu presentación comentaste que se abrió la puerta de decenas de proyectos mineros, ¿a qué se debe?

—Sí, hay 53 nuevos proyectos mineros entre plata, oro, carbón y litio. Son datos de Ecolatina que salieron publicados en el diario oficialista Río Negro. Implica al 70% del territorio rionegrino. Es una zona de sacrificio a gran escala. Con la habilitación de Calcatreu, dan lugar a esta avanzada. El Werken Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, cuenta que no solo están peleando contra Calcatatreu en la zona, sino contra cinco proyectos más. En 2012, las autoridades apostaron al fracking y ganaron. Yo fui parte de esa pelea. Ahora, van por la megaminería a gran escala.

Hay 53 nuevos proyectos mineros entre plata, oro, carbón y litio. Implica al 70% del territorio rionegrino. Es una zona de sacrificio a gran escala

—¿Cuál creés que va a ser la respuesta de la población? ¿Prevés que va a haber resistencia?

—Para mí, se abre un nuevo ciclo de luchas. Quizás no haya que compararlo con el ciclo anterior, que tuvo muchos triunfos en relación con la megaminería. La embestida actual es tal que, de la mano del RIGI, se constituyó un nuevo régimen de saqueo. En primer lugar, les da prioridad a las empresas para el uso de agua y energía por sobre las poblaciones. Además, se limita enormemente las autonomías provinciales de forma inconstitucional, dado que las provincias no pueden legislar sobre sus propios recursos naturales y tampoco pueden regular en contra de la estabilidad fiscal y financiera de las grandes empresas. 

—¿De qué otras formas creés que la política libertaria influye en estos cambios que nombrás?

—Para la extrema derecha, que es partidaria del negacionismo climático, dentro de los que ellos llaman “marxismo cultural”, el ambientalismo es uno de los mayores enemigos. ¿Por qué? Porque exige la protección y regulación de bienes comunes; y, por ende, coloca en un rol central al Estado y le pone un freno a la lógica de mercado. 

—¿Cuál es el camino legal o social que podría frenar proyectos como el de Calcatreu?

—Hay que partir de que toda acción judicial siempre debe ser acompañada de movilizaciones. Ahora, si nos concentramos en las instancias jurídicas, sin dudas, las que tienen más posibilidades de éxito son aquellas encaradas por los pueblos originarios, porque, como ellos explican, son muchas las comunidades indígenas afectadas y no se las ha consultado, como indican las leyes nacional e internacional. Eso permite cuestionar la legitimidad de la explotación minera.

—¿Cuál opinás que es el efecto de la “política del miedo” que busca instaurarse tanto desde el Estado nacional como desde provincias como Río Negro?

—La represión que hubo durante el debate de la Ley Bases generó mucho amedrentamiento y no es casual: mandaron a los manifestantes a prisiones de alta seguridad, se utilizaron figuras penales exacerbadas. En ese contexto, puede haber ganado momentáneamente el shock. 

Pero no debemos olvidar que el pueblo argentino tiene una tradición acumulada de defensa de derechos: humanos, de las mujeres, indígenas, de la diversidad, ambientales, laborales. Esto va a emerger. Sí pienso que se viene una nueva ola de movilizaciones importantes, pero también de mucha represión por parte del Estado.

JB/MG