Montenegro busca alterar las últimas playas libres de cemento en Chapadmalal y beneficia a una empresa acusada de contaminar

Al sur de la ciudad de Mar del Plata, lejos del ruido y del cemento, se encuentran las playas de Chapadmalal, una zona que en los últimos años ganó adeptos gracias a la conservación de la fisonomía natural de sus costas. También se puso “de moda” como oferta premium, y desde entonces se la compara con las playas uruguayas de la zona de San Ignacio. 

En Chapadmalal hay un “boom inmobiliario”, dice la revista Forbes. El valor del metro cuadrado oscila entre US$70 y US$100. Pero la inversión y el “desarrollo” que germina para un sector parece traer grandes desventajas para otro.

Los vecinos agrupados en la Asamblea Luna Roja advierten que la Municipalidad de General Pueyrredón, a cargo del intendente Guillermo Montenegro (Juntos por el Cambio), autoriza el avance de obras privadas en las playas de Chapadmalal que “no cuentan con el debido proceso legal”, que vulneran leyes ambientales y alteran la fisonomía del paisaje costero. 

Además, se cuestiona la aprobación de nuevas ordenanzas con pliegos abiertos –también llamados “indefinidos”–porque permiten planificar la explotación de los espacios públicos a favor de empresas privadas, quienes serán las encargadas de proponer las condiciones de su propia explotación comercial. Se trata de la licitación de las playas “Paradise”, “Redonda” y “Santa Isabel”.

Lo más preocupante para los denunciantes es una resolución firmada de manera conjunta entre la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano y el Ente de Turismo municipal que aprobó el inicio de nuevas obras a cargo de la firma Rivan SA. Esta compañía explota el “Arroyo Lobería”, conocida bajo el nombre comercial del balneario “Manantiales Club de Mar”, sin contar con la revisión de Gestión Ambiental ni tener tramitada la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) correspondiente, de acuerdo con los denunciantes. 

Y hay un agravante más: el cauce del arroyo Lobería, donde se proyectan las nuevas obras, está contaminado y es perjudicial para la salud humana, según reveló una investigación realizada por el Grupo Aguas de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) en conjunto con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). 

Ante la denuncia, en febrero de 2021, en el marco de un allanamiento federal se comprobó la existencia de 6 pozos ilegales en dicho arroyo. Desde entonces, la Municipalidad es la responsable de revertir las “obras clandestinas”, a pesar de que Montenegro intentó evitarlo tras presentar una medida cautelar que fue desestimada a fines del año pasado. 

Las últimas playas libres de cemento

Desde comienzos de 2025, el Concejo Deliberante del partido de General Pueyrredón aprobó al menos tres ordenanzas que permiten avanzar en la licitación de tres playas de la zona de Chapadmalal. El jefe comunal anunció a fines de enero la licitación para la concesión por los próximos 20 años de la unidad turística fiscal Playa Dorada, denominada “Paradise”, y unas semanas más tarde, hizo lo mismo con la licitación de playa “Santa Isabel” y playa “Redonda”, en todos los casos sin un pliego definido.

De acuerdo al Observatorio Ciudadano Paseo Costanero Sur, estas playas son “las últimas del sur marplatense que permanecen libres de edificaciones y explotación privada” y son parte de la Reserva Forestal Paseo Costanero Sur, por lo que “deberían ser especialmente preservadas por su gran valor ambiental y arqueológico”. 

Desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), su presidente, Bernardo Martín, no observa conflicto y explica a elDiarioAR que con “los pliegos abiertos se apela a la creatividad del privado, viendo el fracaso de los pliegos cerrados y encorsetados donde el Estado se atribuye todas las potestades”. También asegura que “en sesión –cuando se autorizó el cambio de modalidad con el aval de la mayoría automática- se debatieron dos modelos, uno dirigista y otro que privilegia la libertad, y se votó por el que privilegia la libertad”. 

Miguel Guglielmotti, concejal de Unión por la Patria (UP) está en desacuerdo y en diálogo con elDiarioAR explica: “Votamos en contra de los pliegos abiertos porque modifican la metodología que permite el acceso al detalle de condiciones que marcarán las pautas que se van a llevar adelante y que determina las obras que se van a desarrollar en esas playas. Sin esto es como dar un cheque en blanco: estás avalando una licitación sin saber específicamente lo que van a hacer en el lugar”.

También consideró que se trata de una maniobra política que “ya está impuesta” y que “de acá en más todo tipo de licitaciones que tengan que ver con unidades turísticas fiscales se van a realizar de este modo, al menos, por lo que resta de 2025”.

“Los pliegos tienen que tener obligaciones para el privado fijadas previas a las licitaciones”, se suma a la discusión Horacio Taccone, concejal y presidente del bloque Acción Marplatense. “Lo que corresponde es que esos pliegos sean revisados y debatidos en el Concejo antes de que regresen a Turismo para el llamado a licitación”, dice, y enfatiza en el riesgo que puede sufrir el turismo: “Estas playas sin edificaciones son los atractivos turísticos principales de Chapadmalal, ya que la gran mayoría de sus visitantes eligen ese lugar justamente por la naturaleza virgen de sus costas”. Luego, refuerza que “es el Concejo Deliberante el que debe regular lo que se hace en el espacio público y garantizar los derechos de los ciudadanos”. 

Para Marcela Priede, presidenta de la Asociación Civil Marplatenses Conservacionistas (ACMC), la licitación con pliego libre “es algo escandaloso”. Desde hace 6 años, esta asociación trabaja en playa Redonda por la recuperación del espacio natural luego de que se clausurara una serie de cabañas ilegales que habían sido construidas sobre uno de sus acantilados“. Actualmente, en el lugar funciona ”un campamento sustentable a precio accesible, se hacen visitas educativas con propuestas de avistaje de aves autóctonas y se enseña sobre reciclado“.

“Trabajamos en conjunto con paleontólogos y otros especialistas del Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia para educar sobre la importancia de preservar la reserva”, puntualiza Priede y agrega con preocupación que “todavía no tuvimos una respuesta definitiva de cómo seremos reubicados para continuar con las actividades educativas si nos sacan de esta playa”.

Desde la Asamblea Luna Roja también se muestran preocupados: “Se plantean pliegos abiertos que la municipalidad después no logra hacer cumplir en desmedro de los vecinos y turistas de la zona”. Y marcan como antecedente el caso de Manantiales Club de Mar, “donde la municipalidad ya demostró que no puede hacer cumplir los pliegos una vez que se privatiza y deja accionar como quiere al privado”. “En los últimos 30 años, el ejecutivo local nunca reclamó por la falta de acceso público al mar; tampoco se construyeron ni habilitaron baños públicos, entre otros ejemplos”, aseguran. 

Manantiales Club de Mar: otra decisión cuestionada 

Kanki Alonso, coordinador del Observatorio Ciudadano Paseo Costanero Sur y miembro de la Asamblea Luna Roja, denunció en 2020 la contaminación del arroyo Lobería como consecuencia del vertido cloacal del balneario Manantiales Club de Mar, un hecho que al llegar a la Justicia desencadenó un allanamiento en el que se confirmaron 6 pozos ilegales.

Según figura en el expediente al que este medio tuvo acceso, la firma Rivan SA está acusada de contaminar el arroyo Lobería con vertidos cloacales ilegales. elDiarioAR se comunicó con la compañía pero al cierre de esta nota aún no había obtenido su versión de los hechos. Y a esto se suma una nueva maniobra presuntamente irregular por parte de la Municipalidad: a través de una resolución firmada por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano en conjunto con el Emturyc se aprobó un nuevo plan de obras para Manantiales Club de Mar sin haber tramitado la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente, de acuerdo a las fuentes consultadas.

En la denuncia, Alonso apunta a distintos funcionarios públicos municipales, entre los que se encuentra Federico Schremin, ex titular del ente de Turismo; y el actual, Bernardo Martin, junto a Jorge “Guasa” González, secretario de Obras y Planeamiento Urbano, entre otros acusados de supuesta falta a los deberes de funcionario público.

Desde la Fiscalía de Instrucción y Juicio número 10 de Mar del Plata indicaron a elDiarioAR que “la investigación penal preparatoria (IPP) actualmente se encuentra en trámite de investigación”.

Por su parte, la Autoridad del Agua (ADA), que es el órgano de la provincia de Buenos Aires encargado de otorgar una firma vital para poder tramitar la Declaración de Impacto ambiental, manifestó preocupación por lo que genera “la intervención espontánea sobre estos ambientes tan frágiles”, y afirmó que “de permitirse acciones como la aquí denunciada–en relación al avance de obras en zona de restricción-, los daños ambientales serán graves e irreversibles”.

En sus actuaciones, el organismo provincial también constató la existencia de obras dentro de los 50 metros de restricción en ambos márgenes del arroyo Lobería, algo que está prohibido. Además, se alteraron los márgenes del río y de nivelación de la playa, sin autorización del organismo competente.

elDiarioAR intentó comunicarse con la secretaría de Obras y Planeamiento Urbano de la gestión Montenegro para conocer su posición, pero al cierre de esta nota no recibió respuesta. Martin, por su parte, al ser consultado por dicha denuncia prefirió no hacer declaraciones.

La investigación del arroyo contaminado

El Grupo Aguas de la Universidad de Mar del Plata analizó junto a investigadores del Conicet las aguas del arroyo Lobería durante varios meses. Las conclusiones resultaron alarmantes para la salud de la población tras confirmar que “los valores aumentan la incidencia de las patologías gastrointestinales tales como gastroenterocolitis, con probables complicaciones como deshidratación, consecuencias sistémicas como síndrome urémico hemolítico, dermatopatías, enfermedades de vías respiratorias y conjuntivitis”.

“Los derechos básicos a un ambiente sano no están garantizados por el Estado y se está violando el derecho al uso de aguas recreativas del arroyo”, dijo a elDiarioAR Gonzalo Peruzzaro, docente e investigador de la UNMDP y miembro del Grupo Aguas. 

No sólo hallaron la existencia de contaminantes de naturaleza biodegradable, características de efluentes domésticos y aguas cloacales, sino también contaminantes “más recalcitrantes”, asociados a otras fuentes de contaminación como industrias, agroquímicos o basurales.

ED