El próximo 10 de diciembre se cumplen 40 años del retorno al régimen constitucional y del famoso discurso del ex presidente Raúl Ricardo Alfonsín, en el que aseguró que “con la democracia no sólo se vota, sino que también se come, se educa y se cura”. Su frase, sin embargo, está lejos de ser una realidad hoy en día en tanto son cada vez más las personas que caen por debajo de la línea de pobreza e indigencia y se ven privadas de todo acceso a una educación y alimentación adecuada. Y, en aquellos hogares con niños, esta vulnerabilidad es incluso mayor.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) puso de manifiesto esta deuda al indicar que “desde el regreso democrático, no se pudo nunca reducir la pobreza infantil por debajo del 30%”. Lo cierto es que no sólo no se logró reducir esta proporción, sino que llegó a casi duplicarse: según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), durante el primer semestre de 2023, el 57% de los niños, niñas y adolescentes vivía en situación de pobreza.
Como subrayan especialistas de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la situación es crítica, pero podría ser incluso más aguda sin la intervención estatal mediante la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Programa Alimentar y las asignaciones familiares. En ausencia de políticas de transferencia de ingresos, la pobreza entre este grupo sería incluso 3 puntos más alta, y la indigencia ─que hoy afecta al 14,3% de los menores─ 10 puntos más elevada.
Pese a este rol central, las medidas de protección social hoy son insuficientes. “En pandemia, se expandió mucho más la asistencia a primera infancia y eso después se consolidó con la crisis, pero todavía no alcanza a cubrir todo el universo de niños, niñas y adolescentes”, explicó Celeste Fernández, docente y abogada de ACIJ. Según estimaciones de la organización, hoy en día más de un millón de menores se encuentran excluidos de toda prestación de asistencia. En algunos casos, esto se debe a cuestiones normativas como puede ser la falta de documentación en el caso de familias migrantes. En otros, se deriva de una falla del Estado en materia de información: muchos menores no están identificados en los registros de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
La situación tampoco es sencilla para aquellos jóvenes identificados de entre 15 y 17 años. Este grupo etario sólo está alcanzado por la AUH, cuya efectividad para satisfacer necesidades alimentarias se fue restringiendo en los últimos tres años. En 2021, el monto de la prestación alcanzaba para cubrir un 47% de una canasta básica alimentaria (CBA), proporción que cayó a 43,6% en 2022 y a sólo un 37,5% en los primeros seis meses de 2023.
Los menores de 14 años cuentan con mayor protección, aunque la insuficiencia de los programas persiste. Este sector percibe tanto AUH como el Programa Alimentar, que de manera conjunta, permitieron durante el primer semestre de este año, cubrir el 77% de la CBA. En 2022, ese porcentaje era del 85,6% y en 2021, llegaba al 94,7%.
La brecha entre los menores de 14 años que reciben ambas transferencias y los adolescentes beneficiarios únicamente de las AUH deja de manifiesto la importancia del Programa Alimentar en los esfuerzos por garantizar los derechos contemplados en diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero, a pesar de su importancia, la prestación no está amparada por ninguna ley.
Actualmente, la prestación está regulada por resoluciones del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, lo cual suscita sospechas respecto a cuál sería su destino ante una eventual eliminación de la cartera, una de las propuestas que surgió en el marco de la campaña electoral por los comicios generales del 22 de octubre. “Es muy grave; hoy no sabemos qué va a pasar con la política”, advirtió Bárbara Zanino, abogada especializada en niñez de la ACIJ. La pregunta que subyace detrás de esta preocupación más inmediata es cómo la continuidad y vigencia de una política que ayuda a cubrir alrededor del 40% de la CBA puede depender de la decisión discrecional del partido político en ejercicio.
En este marco, ACIJ a aboga por la jerarquización y ampliación de la cobertura del Programa Alimentar. Se trata de una iniciativa que busca regular la asistencia mediante una ley que estipule una fórmula trimestral de actualización ─tal como sucede con las asignaciones familiares─ e incluya a los adolescentes de entre 15 y 17 años, que hoy en día están muy lejos de poder acceder a la CBA. Según sus estimaciones, adoptar una política de estas características representaría apenas un costo equivalente al 0,15% del PBI a valores del 2023.
Esta propuesta podría erigirse como un primer avance en materia social a fin de mitigar los efectos de la inflación en la infancia. Sin embargo, para la organización también resulta de vital importancia garantizar que la AUH alcance a cubrir la totalidad del valor de la CBA para prevenir la indigencia a tan corta edad y que la prestación se extienda hacia aquellos beneficiarios de primer tramo de las asignaciones familiares. Estas reformas implicarían una inversión del 0.74% del PBI, un monto inferior al dinero que deja de recaudar el Estado por la quita del impuesto a las ganancias a los sectores de mayores ingresos (0.83% del PBI).
ACM