El proyecto de ley para regular el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial llegó al Congreso. Entró por la Secretaría Parlamentaria y en breve será girado a comisiones. La iniciativa impulsada por el Ejecutivo que se presentó en el Senado ahora buscará consensos entre los distintos bloques, pero arranca con buena aceptación entre los gobernadores, que ven la posibilidad de crear empleo en sus provincias a partir de una nueva actividad que contempla inversiones públicas y privadas.
Como ocurre con cualquier iniciativa parlamentaria, lo primero que sucederá es el debate en las comisiones. Arrancará con Presupuesto y Hacienda, Seguridad Interior y Narcotráfico y Agricultura, Ganadería y Pesca. Los impulsores del proyecto no quieren arriesgar una fecha de votación, pero entienden que no será antes de diciembre.
Además, señalaron que el mercado de cannabis medicinal y cáñamo industrial está creciendo de manera exponencial a nivel global y será generador de empleo de calidad y desarrollo económico. Entienden que Argentina tiene una enorme oportunidad para ser un líder regional, por sus capacidades agropecuarias y su desarrollo científico-tecnológico. Eso presume exportaciones, acceso a la salud y avances de una manera federal. En la discusión para conseguir votos, sobre todo en provincias conservadoras, donde la Iglesia ya planteó diferencias, esas características serán un factor importante para vencer esas presiones y sumar voluntades políticas. Por ejemplo, en Córdoba, la Arquidiócesis local, en sintonía con la Pastoral Nacional de Adicciones y Drogadependencia, planteó su disconformidad con una ley provincial de cannabis medicinal y hará lo propio con la norma nacional.
El proyecto comprende las etapas de producción y comercialización del cannabis, de las semillas y los derivados vinculados al uso medicinal. Esto contempla la investigación, el uso industrial y la posibilidad de exportación de las materias primas y también de los productos terminados.
Desde el Ministerio de Desarrollo plantearon un escenario de potencial económico a cuatro años que podría generar 10.000 nuevos empleos, con alto porcentaje de investigación, desarrollo e innovación, con ventas anuales al mercado interno por US$ 500 millones y US$ 50 millones por año de exportaciones.
Además, el proyecto legaliza eslabones productivos y de comercialización del cáñamo industrial y sus subproductos, como textiles, papel, alimentos, materiales para la construcción y otros tantos. Sobre lo que no legisla es sobre el consumo adulto o “recreativo”, que está relacionado con la ley de drogas vigente (23.737), que hasta el momento no aparece entre las prioridades ni del Gobierno ni la oposición.
En el país ya hay varios proyectos vinculados a la industria del cannabis para uso medicinal. Por ejemplo, Cannava, la pionera empresa estatal jujeña de Gastón Morales, hijo del gobernador. Después están Biofábrica, que es un emprendimiento similar en Misiones, el de INTA Castelar, INTA Patagonia Norte y dos en La Rioja y San Juan. Hay emprendimientos mixtos (públicos y privados) como el de la Municipalidad de San Pedro y también privados como Pampa Hemp. A partir de la regulación, es muy probable que el sector privado intervenga de manera más fuerte.
El proyecto contempla la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que controlará el uso de del cannabis, de semillas y de todos sus derivados. La agencia estará en el ámbito de la Jefatura de Gabinete y, desde ahí, se coordinará con ministerios, secretarías e Institutos implicados en la nueva actividad. Parte de la discusión parlamentaria estará centrada en el funcionamiento de la agencia.
Su rol es regular, administrar y fiscalizar toda la cadena productiva de cannabis y cáñamo. Otorgar y administrar autorizaciones para producción y comercialización (con especial atención a PyMES, cooperativas y economías regionales). Coordinar acciones con organismos reguladores para el desarrollo del sector. Lo integran los Ministerios nacionales de Desarrollo Productivo, Salud, Agricultura, Ganadería y Pesca, Ciencia y Tecnología y Seguridad. Prevé el acompañamiento especial a organizaciones de la sociedad civil para su adecuación gradual.
AM