El 6 de abril próximo, Ramona Orellano Bustamante cumplirá 95 años; y no sabe si lo festejará junto a su hijo Orlando Bustamante (65) en Las Maravillas, un paraje del norte cordobés donde tiene el campo donde nació, y del que una jueza cordobesa la acaba de desalojar para entregárselo en el plazo de 10 días a los hermanos Juan Carlos y Edgardo Scaramuzza, dos productores sojeros oriundos de Oncativo, pero con inversiones, también en los departamentos norteños.
“La mami llora a cada rato; no sabe si vienen hoy a la noche o mañana a la mañana a desalojarnos. Esta sería la tercera vez que nos desalojan; y no queremos vivir más bajo los nailon como las otras veces; si esta es nuestra casa, nuestro campo, nuestros animalitos. Lo que más bronca me da, es que hará unos dos años, nos vino a ver la señora jueza Emma del Valle Mercado y nos dijo que mientras ella tuviera el caso, no nos iban a desalojar. Pero los Scaramuzza compran todo. La última vez que nos desalojaron fue un miércoles. Ese día estaba yo acá, entonces los policías que vinieron me dijeron que tenía que viajar a Deán Funes el viernes, ir a Tribunales para ver unos papeles; cuando volví ya estaba todo alambrado y habían tirado abajo la casa. Me mintieron, todo compran los Scaramuzza”. El que habla con elDiarioAR es Orlando Bustamante, el hijo menor de Ramona, que vive en una casita pegada a la de su mamá, en el campo que los vio nacer en el departamento Río Seco, a 200 kilómetros al norte de esta Capital.
Las localidades más cercanas son Sebastián Elcano, un pueblito de 2.000 habitantes ubicado a 20 kilómetros del campo y San José de la Dormida, otro pueblo un poquito más grande que está a 100 kilómetros.
“Mi mamá nació en la otra punta del campo, tiene 150 hectáreas, y vivió toda su vida acá, en la otra punta. Yo lo único que pido es que me escuche alguien, de la Justicia, el Gobernador, alguien. Nosotros no tenemos ni un papel, los hicieron desaparecer en el tiempo de (los gobernadores Eduardo) Angeloz y (José) De la Sota. No tenemos comprobantes de que el campo es nuestro, la madrastra de la mami vendió el campo y a nosotros nos dejó fuera de la herencia. Queremos lo que nos corresponde y que nos escuchen, nada más”, reclama Orlando Bustamante.
El hombre acusa que lo que les hicieron “es un fraude, la mami sabe leer un poco, pero le leyeron unos papeles y le hicieron creer que le decían una cosa y le dijeron otra. Ella ni sabía lo que había escrito ahí y firmó. La madrastra de Ramona, Rosa Suárez le vendió a los Scaramuzza algo que era nuestro. Esta mujer tiene una hija, María Magdalena Orellano, que iba a la escuela conmigo; íbamos juntos a la escuela a caballo. En el juicio, dijo que no nos conocía”.
Victoria Gauna es abogada del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) y representa a la familia Bustamante: “La historia comienza hace más de 30 años, en 1988, cuando las hermanastras de Ramona no la incluyeron en la herencia del papá. Los hermanos Scaramuzza eran patrones de una hermanastra de Ramona y hay una compra, una tercería de dominio. Ramona queda fuera de los trámites sucesorios y se encuentra de un día para el otro con esta venta de sus hermanastras a los Scaramuzza del campo donde nació, vivió y vio nacer a sus hijos”, detalla la abogada los sinuosos caminos del expediente.
Luego, en 1993, la controversia judicial sigue y “a Ramona le hacen firmar un convenio de desocupación, que en realidad no era tal cosa, le dicen A y le hacen B: imaginen este cuadro de situación: una mujer de 80 años, sola, sin abogado y del otro lado Eduardo y Juan Carlos Scaramuzza, dos agroempresarios dirigentes de Federación Agraria de Oncativo; su abogado y el juez de Paz. Ramona tenía todas las de perder y el primer desalojo ocurrió en diciembre de 2003. En 2004 la desalojaron de nuevo”, contó la abogada Gauna a elDiarioAR.
Ese diciembre, máquinas viales le voltearon la casa a Ramona, pero ella ni su hijo Orlando se fueron y construyeron con palos y bolsas plásticas un rancho donde pasar los días. Un mes después, amparados por una nueva orden de desalojo firmada por la fiscal de Cosquín, Alejandra Hillman, que la acusó de usurpación y resistencia a la autoridad, los hermanos Scaramuza le demolieron el rancho: “Máteme mierda, pero de aquí no voy a salir”, les dijo esa vez la anciana a los empresarios que la quisieron desalojar, la calurosa mañana del 23 de enero de 2004. El campo es un recorte de 150 hectáreas de bosque nativo rodeado por un inmenso mar de soja. Allí, Ramona y Orlando crían animales: caballos, vacas, cabras y ovejas. Los otros dos hijos de Ramona, Antonio (75) y Lorenzo (72) no viven en el campo, el mayor en el sur, en Río Cuarto y el otro en Elcano.
La casita de materiales donde vivía Ramona la habían derrumbado con topadoras. Al rancho, con un tractor. Le envenenaron el pozo donde ella y Orlando sacan agua para vivir; y le mataron algunos animales. Además le hicieron un juicio por usurpación, del que fue sobreseída.
La casita de materiales donde vivía Ramona la habían derrumbado con topadoras. Al rancho, con un tractor. Le envenenaron el pozo donde ella y Orlando sacan agua y le mataron algunos animales
Ramona y Orlando Bustamante consiguieron que el abogado Joaquín González los escuchara y denunciaron a los hermanos Scaramuzza por estafa, por hacerle firmar algo que ella no sabía que estaba firmando. “Si bien Ramona sabe leer, no tiene comprensión lectora para textos jurídicos. En esa causa de estafa se portó muy bien el fiscal Hernán Funes, que le creyó a Ramona y se puso a estudiar el caso y acusó a los empresarios Scaramuza de estafa procesal”, detalló Gauna.
En noviembre de 2009, la Cámara del Crimen de Deán Funes, integrada por los jueces Juan Carlos Serafini, Horacio Ruiz y Elías Juan, desoyendo la acusación del fiscal Funes, absolvió a Juan Carlos y Edgardo Scaramuzza. El fiscal había solicitado una pena de tres años y medio de cárcel y el abogado querellante, de cuatro años. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, también avaló la posición de los empresarios contra la mujer campesina. “En 2014 se inició un nuevo juicio por desalojo, los abogados de estos agroempresarios sostienen que si el TSJ falló diciendo que no hay estafa, el convenio de desocupación y su homologación son válidos. Y que Ramona es tenedora del terreno, pero no poseedora”, advirtió la abogada de Ramona.
Ayer le llegó a Ramona y su hijo Orlando la notificación formal firmada por la jueza de Primera Instancia Civil y Comercial, Emma del Valle Mercado, en la que resolvió hacer lugar a la acción de desalojo solicitada por los hermanos Scaramuzza; y en el plazo de 10 días debe cumplirse.
Victoria Gauna le contó a elDiarioAR que “estamos trabajando contra reloj para lograr frenar el desalojo. Tenemos un Amicus Curiae del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales); se debe resguardar el cumplimiento de los derechos humanos de Ramona y su hijo; en esta situación de pandemia por Covid-19 ella es una persona de riesgo que hay que resguardarla. Podemos estar litigando in eternum; lo que necesitamos es que el Gobierno de Córdoba expropie las 150 hectáreas que le pertenecen a Ramona y así terminar con la sistemática vulneración de sus derechos”.
Ramona, un símbolo
En Córdoba, Ramona Bustamante es un símbolo de lucha y resistencia. “Para los campesinos del norte de Córdoba exigimos tierra, justicia y trabajo”, reclamó León Gieco ese enero de 2004 en el escenario Atahualpa Yupanqui del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, mientras abrazaba a Ramona. Raly Barrionuevo también invitó a la mujer al escenario cuando tocó esa noche.
El 17 de abril de 2018, en el marco del Día Internacional de la Lucha Campesina, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) distinguió a Ramona Bustamante con el “Premio José María Aricó” en reconocimiento a sus saberes ancestrales, la lucha por la tierra, la defensa de los recursos naturales.
La resolución 450/2018 impulsada por el decano Juan pablo Abratte fundamentó el reconocimiento a esta campesina del norte cordobés porque “en nuestra provincia, la emergencia ambiental se halla en un punto por demás crítico, al poseer una de las mayores tasas de deforestación del continente, que agudiza problemas existentes y expone a los productores campesinos a la violencia y el despojo”.
Medardo Avila Vázquez, coordinador de la Red Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados explicó a elDiarioAR que “el tema de Ramona demuestra cómo hay una voracidad, una codicia del agronegocio que no tiene límite en Córdoba, donde el agronegocio tiene un Estado que es afín a sus intereses. Tenemos siete millones de hectáreas sembradas con soja y maíz y parece que no pueden sobrevivir, enriquecerse si no le tienen que arrancar las hectáreas que tiene Ramona Bustamante para desmontar y sembrar soja y maíz transgénico en ese lugar”.
Este especialista cordobés reconocido en Latinoamérica denunció que “realmente ésto demuestra cómo los empresarios manipulando la Justicia, ante una actitud totalmente negligente del Gobierno que deja hacer y deja sin protección a la población ancestral, porque esta es gente que ha vivido por generaciones haciendo uso de esos territorios de una forma bastante ecológica, que ha permitido en esa zona de Córdoba que sobreviva el monte en buenas condiciones de conservación. Todos sabemos que al desplazar a Ramona vamos a tener territorios desmontados, sembrados de soja y fumigados sistemáticamente”.
El intendente de la comuna de Villa Ciudad Parque y líder del partido Movimiento Verde Cordobés, Pablo Riveros opinó que “esta realidad de Ramona sucede a diario en la zona del norte cordobés que va del departamento Cruz del Eje para arriba y de Sebastián Elcano hacia Mar Chiquita. Ramona Bustamante es un símbolo, pero Córdoba está lleno de Ramonas que son acosadas por empresarios poderosos con el aval de la Justicia y el Estado”.
Esta realidad de Ramona sucede a diario en la zona del norte cordobés que va del departamento Cruz del Eje para arriba y de Sebastián Elcano hacia Mar Chiquita. Ramona Bustamante es un símbolo
Riveros afirmó que “la solución es política, no judicial; la Provincia es la única que le puede dar una solución definitiva al caso de Ramona y sentar precedente para todos los casos; es necesario que una vez en la vida el Estado, el Gobierno de Córdoba se ponga del lado de los agricultores y no de los sojeros”.
Desde el colectivo Córdoba, Nuestra Tierra Lucha, Agustina Sosa le dijo a elDiarioAR: “Es muy lamentable que en la provincia de Córdoba sigan sucediendo estos atropellos contra la gente que produce y cuida verdaderamente el medioambiente; y es totalmente vergonzoso este atropello judicial y las avivadas empresariales que se aprovechan de las personas que tienen un nivel de educación bajo en lo formal; pero no quiere decir que tengan un nivel cultural y ambiental bajo, como en este caso”.
La referente ambientalista cordobesa advirtió que “no es menor el detalle que Ramona sea una mujer y que la avaricia y codicia de los agroempresarios muestre una vez más que las mujeres se vean perjudicadas. Un caso es el de Dolores Etchevehere, que si bien pertenece a una familia de muchísimo poder, con un apellido de renombre en el país; no deja de ser una persona que lucha por algo que le corresponde; en eso Ramona y Dolores luchan por lo mismo. Desde nuestro colectivo le enviamos nuestra solidaridad a Ramona y el agradecimiento a los movimientos que luchan y la acompañan”.
“Los animales están alborotados, sienten que algo pasa, la yegua va y viene por la represa. Parece que se hubieran enterado lo que nos pasa con la Justicia”, advierte Orlando Bustamante. Y propone una salida democrática a la disputa con los hermanos Scaramuzza: “¿Y si votamos?, que la gente decida si quiere que este campo siga siendo de Ramona y Orlando, como fue toda la vida, o que sea de estos empresarios. Votemos y listo”, se ilusiona, mientras trata de calmar a la yegua.
GM