Guillermo Folguera: “La no regulación del Estado tiene como fin favorecer al agronegocio”

Guillermo Folguera estudió la licenciatura en biología y cuando estaba terminando su tesis de doctorado tuvo que quemar las moscas con las que había hecho un experimento. “El olor de esa quema me impactó -cuenta- me hizo replantear todas las prácticas y me di cuenta de que había una cuestión crítica sobre cómo hacemos ciencia que me interpelaba”. Entonces empezó a estudiar filosofía y se recibió de su segunda carrera de grado.

De ahí en más, no sólo hace filosofía de la ciencia en su faceta académica, sino que se ha dedicado a recorrer los territorios con conflictos socioambientales, acompañando a las comunidades y tejiendo puentes entre diferentes actores. Actualmente, además, es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), docente universitario e integrante del grupo Ciencias, Ambientes y Territorios.

Pese a su basta y respetada producción académica -es coautor de más de 80 artículos, más de 30 capítulos de libros y autor de textos como La Ciencia sin Freno, Ontología del Despojo y el que escribió junto a la antropóloga Paula Blois, Veneno-, cuando se presenta en cada una de las decenas de charlas que da por todo el país Folguera se define como un “activista socioambiental” y padre de dos niñas.

Desde ese lugar, pero sin perder una rigurosidad producto de años de investigación y sistematización de información, responde a las preguntas de elDiarioAR en relación a la investigación publicada este sábado y domingo sobre la falta de regulación en el Código Alimentario Argentino (CAA) de agroquímicos de uso actual en el agua que se consume. 

-elDiarioAR publicó un artículo en el que demostramos que el Estado argentino reconoce desde hace al menos 17 años la necesidad de regular plaguicidas en el agua potable pero no lo ejecuta. ¿Por qué motivo piensa que estas iniciativas no avanzaron durante casi dos décadas? 

-En función de la historia de los agronegocios, que por supuesto también incide sobre la megaminería y otras formas de extractivismo, no se trata de una simple omisión y tiene una finalidad. En términos históricos hay que ubicar lo que fue la Revolución Verde, el rol de las dictaduras correspondientes, que estuvieron muy de la mano del sector del agro, y también el rol clave del menemato desarmando cualquier monitoreo, no sólo de la presencia de químicos en el agua, sino también, por ejemplo, vinculados a la salud y al daño ambiental.

Entonces no se trata de una simple omisión y, por lo menos, tiene dos pilares fundamentales: el primero es que los temas sanitarios y ambientales en Argentina no tienen ningún tipo de prioridad y son vistos como efectos secundarios; las comunidades, de hecho, hablan de territorios de sacrificio y no han sido prioridad ni en los gobiernos dictatoriales ni de los democráticos y sólo fueron atendidos en situaciones muy particulares de levantamiento social.

El segundo pilar es comprender que estamos frente a un ejemplo clarísimo de transferencia de recursos porque acá no se trata de “usar bien los agroquímicos” -o sea de lo que llaman “buenas prácticas agrícolas”- sino de que por la enorme cantidad que se utiliza es claro que van a aparecer en las redes de agua como, de hecho, sucede en cada estudio que se hace. 

Entonces lo que tenemos ahí es una transferencia fabulosa de recursos, tanto en términos productivos (porque estamos hablando de agua que viene con veneno y que después se tiene que usar para diferentes producciones) pero también en términos sanitarios: ¿quién se hace cargo de la salud de todas las personas víctimas tanto de los pueblos fumigados como de las grandes ciudades que consumen esa agua en un país donde en las últimas cinco décadas se ha multiplicado por 8 o por 10 la pobreza?

Entonces, si tuviera que resumir diría que no hay una regulación porque se trata de una política estatal que no puede ser entendida como un “olvido”, sino que es una actitud activa de desprecio hacia lo ambiental y lo sanitario y, por otro lado, es una forma de garantizar esa transferencia de recursos de un sector de la población a otro. 

-Una respuesta que dan desde el Estado es que es necesario hacer mediciones antes de regular…

-Cualquier estudio de asambleas y comunidades que se organizan muestran una enorme cantidad de agrotóxicos. Hay cientos de ejemplos: un estudio realizado en el INTA Balcarce e impulsado por Sabrina Ortiz en la localidad bonaerense de Pergamino en 2019, otro pedido por vecinos de Lobos en 2021, todos los trabajos de Rafael Lajmanovich en cursos de agua que abastecen a las redes de agua de muchas comunidades, y podría nombrarte muchísimos más en los que aparecieron plaguicidas que nos están en el Código Alimentario Argentino. Esto quiere decir que la presencia de agrotóxicos en el agua potable es un hecho y este “olvido” que planteamos antes es simplemente negar lo sabido.

Tenemos instituciones dentro del Estado que se van pasando la pelota diciendo “nosotros no nos vamos a hacer cargo hasta que no tengamos datos confiables” cuando ya existen esos datos: sabemos que hay agroquímicos en el agua y sabemos los efectos de esos agroquímicos sobre la salud porque también hay cientos de papers publicados.

-¿Por dónde se comienza a desarmar esta realidad entonces?

-En primer lugar, hay que reconocer la capacidad de las comunidades de hacer su diagnóstico y resolver sus propios conflictos. 

El problema es que el Estado -lejos de aportar soluciones- interviene para obturar. Lo primero que plantea es: si querés que regule necesito pruebas, pero no busca esas pruebas y en ese movimiento despoja a las comunidades de su capacidad de diagnóstico y resolución porque les dice que se hará cargo y no lo hace.

Otro punto tiene que ver con la burocratización: armar comisiones es una parte fundamental de la propia estrategia de dilatación. Es clave eliminar esa lógica y también la parcialización de los problemas, la aparición de sujetos expertos, en particular sujetos que se dicen especialistas y terminan silenciando tanto la voz de otras ramas del saber, de esa rama pero críticos y, en particular, de las comunidades.

-¿Qué gana el Estado con eso? ¿No sería más fácil dejar que las comunidades resuelvan solas?

- El Estado gana en función de garantizar esa transferencia de recursos y gana tiempo, una lógica que ya se utilizó con las tabacaleras. Lo que hace es dilatar las decisiones que tienen que tomar y todo ese tiempo es ganancia para las empresas y desgaste para las comunidades, donde las personas terminan falleciendo y cansándose de resistir.

Después hay un aspecto un poco más complejo y es que epistémicamente la inversión de la carga de la prueba no sólo está penado por la Constitución -a partir de la violación del principio de precaución-, sino que es terriblemente macabro, porque pedirle a una comunidad que demuestre que sus valores de cáncer, por ejemplo, aumentaron respecto a años anteriores y que esos valores tienen un correlato causal con los agrotóxicos, etc. sólo busca dilatar y esa dilatación, como ya dijimos, es a favor de los sectores empresariales concentrados. 

ED