Algo en común: derechos, igualdad y democracia es una columna semanal en la que el Equipo ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) ofrece una mirada feminista sobre los temas de la agenda de género en Argentina.
En un contexto complejo que parece cuestionar muchas de los acuerdos que fuimos construyendo en las últimas décadas, en esta entrega semanal se analiza lo que nos une, las convicciones que compartimos, los anhelos que sostenemos mirando el futuro. Con el aporte de las investigaciones de ELA en temas como las violencias, los cuidados, los derechos sexuales y reproductivos y la participación social y política de las mujeres, se ofrece un retrato de un estado de situación y se explora la realidad del país y de la región buscando recuperar aquello que nos une. No son “temas de mujeres”, son temas de la sociedad que atraviesan a las mujeres y diversidades. Algo en común propone recordar(nos) que sin igualdad no hay democracia y no hay democracia sin mujeres.
ELA es una organización de la sociedad civil apartidaria y feminista, creada en 2003 y que trabaja para alcanzar una sociedad más justa y equitativa, promoviendo los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género a través del derecho y las políticas públicas. www.ela.org.ar
La libertad es tener derecho a ser quienes somos
A 12 años de la aprobación de la Ley de Identidad de Género y a pocos días del ataque lesboodiante en Barracas, es crucial señalar que los discursos de odio proferidos por el Gobierno y sus agentes hacia un colectivo tienen consecuencias directas en ataques específicos.
Los discursos de odio contribuyen a construir un sentido común que justifica la violencia contra el colectivo LGBTIQ+. Archivo
Desde las elecciones hemos asistido a un recrudecimiento de relatos de deshumanización e ignorancia, que son aún más preocupantes cuando provienen de las más altas esferas de la política. Estos discursos contribuyen a construir un sentido común que justifica la violencia contra el colectivo LGBTIQ+ y que se convierte en política de Estado, alimentando así una cultura de discriminación y violencia. No estamos hablando de simples opiniones, sino de discursos de odio.
Detrás de cada palabra estigmatizadora del Gobierno hay millones de personas que ahora están en peligro. La violencia y la discriminación son validadas por el Estado, que debería protegernos a todos por igual y garantizar nuestra libertad de vivir en paz. Y el precio es alto. Fernando Barrientos atacó a cuatro personas por ser lesbianas. Dos de ellas murieron.
Vivir con miedo a represalias por existir no es algo nuevo para las personas del colectivo LGBTIQ+. La Pepa Gaitán murió a manos del padre de su novia, Diana Sacayán fue asesinada, y Mariana Gómez fue condenada a un año de prisión por besar a su esposa en la estación de trenes de Constitución, por nombrar solo algunos ejemplos.
Frente del hotel familiar que fue atacado en Barracas y por lo que murieron dos mujeres. NA
Ser parte de esta comunidad puede conllevar ser discriminado en el ámbito laboral y escolar, ser expulsado de casa, señalado como portador de infecciones de transmisión sexual o atribuir comportamientos erróneamente relacionados con la homosexualidad.
El odio irracional al que a menudo se enfrenta la comunidad LGBTIQ+ parece no tener fin, como si violentarlos pudiera cambiar quiénes son.
Con los discursos de odio también se gana. Se refuerza la idea errónea de que otorgar derechos a quienes no los tienen es un acto de subvención. Hoy, escuchamos en televisión digital relatos que se construyeron a la luz de las velas.
En este contexto, es más valioso que nunca recordar las conquistas que protegen los derechos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. El aniversario de la Ley de Identidad de Género representa una oportunidad para reflexionar sobre una legislación cuyo impacto trasciende lo meramente legal.
Esta ley no solo otorgó derechos legales a las personas trans y no binarias, sino que desafió normas sociales y culturales arraigadas. Las personas del colectivo travesti trans fueron históricamente estigmatizadas, perseguidas, torturadas, desaparecidas y asesinadas, con pocas posibilidades de obtener empleo, acceso a la salud y educación.
Honrar esta fecha significa recordar a referentes fundamentales en la lucha por estos derechos, como Pía Baudracco, Diana Sacayan y Lohana Berkins, pioneras en la lucha política por el reconocimiento de las personas trans como sujetos de derechos.
Detrás de cada letra de la Ley de Identidad de Género, pionera en el mundo, hay historias humanas, vidas transformadas y relatos que le ponen nombre y otorgan significado a su implementación. Para muchas personas, esta legislación significó el reconocimiento de su identidad, una afirmación de su existencia en una sociedad que durante mucho tiempo los negó, violentó y discriminó. No solo permitió que las personas fueran inscriptas en su DNI acorde con su identidad de género autopercibida, sino que afirmó el derecho a ser quienes son.
A diferencia de la homosexualidad, una sociedad inclusiva no nace, se hace. La celebración del aniversario de la Ley de Identidad de Género es un recordatorio de que podemos lograr nuevos acuerdos y conquistar derechos. Pero esto debe ir acompañado por un Estado presente que crea en los derechos para todas las personas y que implemente políticas públicas eficaces para vivir libres de discriminación y violencia.
La autora es integrante del área de Comunicación de ELA.
VP/DTC
Desde las elecciones hemos asistido a un recrudecimiento de relatos de deshumanización e ignorancia, que son aún más preocupantes cuando provienen de las más altas esferas de la política. Estos discursos contribuyen a construir un sentido común que justifica la violencia contra el colectivo LGBTIQ+ y que se convierte en política de Estado, alimentando así una cultura de discriminación y violencia. No estamos hablando de simples opiniones, sino de discursos de odio.
Detrás de cada palabra estigmatizadora del Gobierno hay millones de personas que ahora están en peligro. La violencia y la discriminación son validadas por el Estado, que debería protegernos a todos por igual y garantizar nuestra libertad de vivir en paz. Y el precio es alto. Fernando Barrientos atacó a cuatro personas por ser lesbianas. Dos de ellas murieron.