Tres años de aborto legal: mejora de los indicadores y una amenaza latente

Aquella madrugada calurosa del 30 de diciembre de 2020 hubo gritos, festejos, cantos, batucadas, en casi todas las plazas del país. Lo que se celebraba excedía el acontecimiento: la aprobación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La ley había sido pedida, peleada, militada, por un movimiento feminista de largo recorrido, potenciado con la vuelta de la democracia y que durante el debate por el aborto en el Congreso se volvió una marea intergeneracional imparable y orgullosa, de pañuelo verde y puño en alto. 

La ley 27.610 traccionó otras demandas, habilitó conversaciones que dejaron de ser tabúes colectivos y destapó los velos que aún cubrían los derechos relacionados a la salud sexual y reproductiva. Todo eso significó la nueva norma, coronada con una frase que se volvió bandera: “La maternidad será deseada o no será”.

A tres años de aquella larga jornada consagratoria se avizoran tiempos complejos. El flamante gobierno de Argentina niega la desigualdad de género, y la mayoría de los funcionarios del nuevo gabinete están en contra del aborto.  

El largo camino por el derecho a decidir sobre los cuerpos

Para entender el valor real y simbólico de la ley es necesario repasar algo de su historia. Desde 1921, y según el artículo 86 del Código Penal, el aborto en Argentina no era considerado delito si era para evitar un peligro para la vida o la salud de la persona embarazada, o cuando el embarazo fuera producto de una violación. Pero en la práctica fue muy complejo que se respetara este derecho. 

Desde la década del 70 hubo feministas que pelearon por la ley, a la par de los reclamos de movimientos de mujeres de otras latitudes. Pero mientras la mayoría de los países de Europa y los Estados Unidos alcanzaron este derecho, en la Región gobernaban dictaduras que volvieron imposible este reclamo.

Tanto la Unión Feminista Argentina (UFA), como el Movimiento de Liberación Feminista (MLF) reclamaban una sexualidad libre, separada de la reproducción, y el aborto legal. En 1984, ya en democracia, se formó la Comisión por el Derecho al Aborto, que en 1992 presentó en Diputados un anteproyecto sobre Anticoncepción y Aborto. No prosperó.

En 2002 se logró el consenso político para aprobar una ley nacional que garantizara la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva: se sancionó la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley 25.673)

En 2005 se formó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, un colectivo de organizaciones sociales, de mujeres y derechos humanos. Aseguraban que la legalización del aborto era “la deuda de la democracia”. Se estimaba entonces que los abortos clandestinos llegaban a 500 mil por año. 

La Campaña presentó distintos proyectos que nunca llegaron a debatirse, hasta 2018. Ese año hubo un debate que duró meses e incluyó audiencias públicas en las que participaron más de 800 voces a favor y en contra. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, con 129 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención. En el Senado la situación fue inversa: 31 votaron a favor y 38 en contra. 

En 2020 se volvió a plantear el tema, con un proyecto presentado desde el Poder Ejecutivo. El debate fue breve, porque se había logrado el consenso político necesario. Así, el 30 de diciembre se aprobó la ley 27.610 que garantiza el derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional sin dar ninguna explicación. Luego es legal por causales: violación o peligro de vida o la salud de la persona gestante, como ya regía en el país desde 1921.

El aborto como política pública

“A partir de la sanción de la ley 27.610 se construyó la política pública necesaria para implementarla: la compra y distribución de insumos (misoprostol, mifepristona, equipamiento para la aspiración manual endouterina), capacitación y asistencia técnica, fortalecimiento y ampliación de equipos que garantizan el acceso al aborto”, detallaba Valeria Isla en sus últimos dias como directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva del gobierno de Alberto Fernández

También explica que la interrupción del embarazo se incorporó a la atención primaria de la salud, que se fortaleció la línea 0800 como espacio para mejorar el acceso y la calidad y se armó un equipo legal especializado en derecho al aborto para remover obstáculos y trabajar con la objeción de conciencia“. 

En el primer año de implementación de la ley la mortalidad materna por embarazo terminado en aborto bajó el 40 por ciento. Las muertes maternas ligadas al “aborto médico, otro aborto, aborto no especificado e intento fallido de aborto” cayeron de 13 en 2020 a 9 en 2021.

Hoy son 1982 los centros de salud y hospitales públicos que garantizan las interrupciones legales y voluntarias en todo el país. Significa un incremento del 118,5 % respecto a 2020, año en que se realizaba la práctica en 907 lugares.

Hasta octubre, 245.015 personas accedieron a interrupciones seguras y legales en instituciones públicas de salud. La línea de atención telefónica gratuita 0800-222-3444 sobre salud sexual atendió 40.563 consultas, 92% de las cuales fueron sobre aborto. 

Se distribuyeron más de 240 mil insumos para la interrupción del embarazo gracias a la producción pública de los medicamentos para abortar, lo que contribuye a una mejor disponibilidad de las drogas y mayor accesibilidad económica. Los laboratorios públicos de Santa Fe, San Luis y Río Negro producen misoprostol y el santafecino, además, produce mifepristona.  

Avanzar en la resistencia 

Desde la legalización del aborto se presentaron más de 30 recursos de amparo en la justicia contra este nuevo derecho. La mayoría no prosperó, pero demostró que aún persisten resistencias. Ante la evidencia, se impusieron nuevas consignas: “Los pañuelos no se guardan”, “los derechos se defienden”.

Bajo esa premisa nació el Proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto a Ibis Reproductive Health para monitorear la implementación de la ley en Argentina. En sucesivos informes resaltaron diversas cuestiones, como las “fuertes desigualdades entre provincias”, que continúan. De las 1982 instituciones públicas que dan acceso, por ejemplo, hay entre 3 y 4 servicios cada 100.000 mujeres en Chaco, Santiago del Estero y Tucumán, mientras que hay 48 servicios cada 100.000 mujeres en La Pampa. También marcaron “dilaciones innecesarias” ante el pedido de un aborto, y que “se realizan procedimientos no recomendados en los protocolos oficiales”.

El último informe pone énfasis en que lo que implica la ley, que va más allá de la interrupción de un embarazo: “El aborto transformó la vida social, política y sanitaria del país. Reconoció el derecho a decidir de mujeres y otras identidades, pero también implicó cambios en los sistemas de salud y la política pública”. 

Balances

“A tres años de la implementación del aborto seguro tenemos signos importantes positivos para celebrar, como el persistente y sostenido aumento de la cantidad de los efectores que realizan abortos que se realizan en todo el país, que se triplicaron”, dice Silvina Ramos, socióloga, investigadora titular del CEDES y parte del Proyecto Mirar.

“Otro signo positivo es la política de aseguramiento de insumos para el aborto seguro, que se ha multiplicado, con medicamentos distribuidos desde Nación a las provincias, la aprobación de la mifepristona por Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), y la voluntad y la producción en laboratorios públicos de misoprostol y mifepristona. Los insumos son una prioridad”, agrega. 

La especialista destaca la política de capacitación, como la mejora de las consejerías, y la labor de los grupos de apoyo, como las socorristas, y las organizaciones no gubernamentales que hacen sensibilización, y las que ofrecen recursos para informar. 

También marca cuestiones a mejorar, como la regulación de la objeción de conciencia: “Hay lugares donde aún está solapada, o hay desidia e indiferencia, lo que hace que la gente no pueda acceder al servicio en los lugares donde vive”. 

Agustina Ramon Michel, abogada, investigadora asociada del CEDES e integrante del proyecto Mirar, resalta “el peso” que tiene la ley 27610. Y argumenta: “Los profesionales de la salud están más informados y capacitados, porque la legalidad fomenta una mayor y más clara circulación de información que incluye las capacitaciones que organizan los ministerios de salud, y también organizaciones de la sociedad civil. Además, muchas mujeres ya saben que es su derecho, y eso cambia la forma en que llegan a los servicios de salud, ya no suplicantes sino con una consciencia legal diferente, y por tanto los términos de la relación entre usuarias y equipos de salud es distinto”.

También señala falencias: “Hay incumplimientos, muchos individuales, pero también institucionales, donde profesionales, directores y administrativos dejan a todas las usuarias de la zona sin respuesta. Hay incluso objeciones jurisdiccionales, es decir, municipios enteros que deniegan acceso a abortos legales. Esto ocurrió en Oberá hasta hace muy poco, o en San Miguel o en otros sitios de Tierra del Fuego. Pero lo que cambió radicalmente fue que estas objeciones jurisdiccionales eran la regla antes de la sanción de la ley, incluso había provincias enteras donde difícilmente se encontraba más de un puñado de profesionales de la salud, que, de manera heroica, proveían la práctica”.

Información y nuevas elecciones 

El histórico y largo debate sobre el aborto que comenzó en 2018 y culminó en 2020 traspasó las paredes del Congreso y se trasladó a toda la sociedad, que de pronto se encontró hablando de anticonceptivos, educación sexual integral, embarazos no queridos, abusos. Fue mucho más que el aborto. Las discusiones terminaron con muchos tabúes y aportaron muchísima información. 

Las consecuencias son visibles: el embarazo en la adolescencia, por ejemplo, bajó el 60%. Fue gracias a la prevención, el cuidado, la anticoncepción y cierta nueva manera de pararse de las jóvenes, despojada de roles y mandatos predeterminados.     

Esos nuevos comportamientos se están homogeneizando. “Incluso en los sectores más postergados estamos escuchando a las chicas que dicen que no quieren ser madres jóvenes, que quieren estudiar, que quieren trabajar, y que van a tener hijos después, cuando sean mayores”, cuenta la responsable de acceso a las interrupciones voluntarias y legales del embarazo del programa de salud sexual y reproductiva de la Ciudad de Buenos Aires, Viviana Mazur, en su rol de médica generalista del Centro de Salud y Acción Comunitaria N°7 de Barrio Piedrabuena de Villa Lugano. Allí trabaja desde hace 20 años

“Quiero un método anticonceptivo que no me falle y dure mucho tiempo. No quiero ser madre todavía, no estoy preparada, tengo ganas de hacer otras cosas, trabajar y estudiar y necesito tiempo para mí. Quiero tener un hijo, pero cuando tenga tiempo para dedicarle y tenga las cosas más resueltas”, dice Natalia, de 25 años. Vive en Villa Madero, partido de La Matanza, en una familia muy humilde, con una madre que tuvo muchos hijos desde los 17 años y por eso nunca pudo hacer otra cosa más que cuidarlos. 

María se acerca al servicio a pedir que le pusieran un DIU (dispositivo intrauterino). Tiene 22 años y una hija de 7. “Quiero un DIU porque dura muchos años, no quiero quedarme embarazada. A los 15 tuve a mi hija porque no sabía y no se me ocurrió qué otra cosa podía hacer más que tener a mi bebé. Mi mamá también fue madre a los 15 años. Yo hubiera preferido esperar para tener hijos. Cuando pueda y quiera si voy a volver a tener hijos”, explica.

Candela, una joven de 26 años con implante subdérmico, plantea que después de pensarlo mucho quiere tener un bebé, que están en pareja y que él es un muy buen compañero. “Siempre fue un no rotundo y ahora este muchacho me está haciendo cambiar de opinión.... Mi mamá tuvo su primer hijo a los 14. Hoy en día es más fácil conocer y conseguir anticonceptivos, cada día es más fácil cuidarse”, asegura. 

“La garantía del derecho al aborto tiene un largo recorrido en los servicios públicos de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y con la aprobación de la ley hubo un impulso muy importante para lograr institucionalizar ese recorrido que permitió que todos los equipos de salud de los distintos niveles de atención trabajen de manera articulada para garantizar el derecho, que se convirtió en un modelo de atención integral, interdisciplinario, con rápido acceso, con estructura que garantiza una rápida respuesta y seguimiento posterior. Todo acompañado por una política que garantizó los insumos necesarios para que fuera posible, tanto la compra del misoprostol y ahora el desafío de la compra de mifepristona, como el acceso a ecógrafos en el primer nivel de atención la capacitación del personal de salud”, asegura Mazur.

“Espero que se sostenga todo lo conquistado, avanzado y consolidado, que se garanticen las compras de insumos pendientes y que se profundice la capacitación de los equipos para mejorar las prácticas y establecer instituciones que sean modelo de atención”, concluye. 

Un nuevo escenario de incertidumbre

“Estoy en contra del aborto, porque está en contra del derecho a la vida”, dijo Javier Milei durante la campaña presidencial. Entonces aseguró que si llegaba a ser presidente iba a hacer un plebiscito sobre el tema y prometió que, si la gente está “en contra”, va a “eliminar la ley”. Juristas de todos los ámbitos salieron a explicarle que, según la Constitución Argentina, “las cuestiones penales no pueden someterse a plebiscito”.

Desechada esa idea, el presidente electo y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, otra férrea opositora a este derecho, deslizaron la posibilidad de derogar la ley. Tampoco es algo sencillo de lograr: necesitaría una nueva mayoría en el Congreso. “Y sería un escenario de retroceso incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos, ya que sería una ley regresiva, contraria al principio de progresividad de los derechos humanos”, explica la abogada Natalia Gherardi, al frente del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. 

De todas maneras, el Ejecutivo podría limitar la implementación de la ley vaciando de presupuesto las políticas públicas del Estado que promueven ese derecho. ¿Se seguirán produciendo en el país el misoprostol y la mifepristona? ¿Habrá que importar estos medicamentos esenciales? ¿A qué dólar? ¿Seguirán las capacitaciones? ¿Se abusará de la objeción de conciencia? Las mujeres y disidencias están expectantes. Los países vecinos también. Argentina es un faro para la Región en lo que respecta a feminismos y derechos humanos.

“La ley significa autonomía, libertad y salud, En el futuro espero que sigamos consolidando las redes feministas y transfeministas para garantizar el derecho al aborto en todas las provincias y en la Región”, pide Valeria Isla.

Hace tiempo que la médica colombiana, feminista, experta en género, derechos humanos, salud sexual y reproductiva Ana Cristina González Vélez repite un concepto que hoy se revela clave: “La batalla cultural del siglo es la libertad reproductiva”.

Se nota. A pocos días de asumir el nuevo gobierno, dos causas -una liderada por Cristina Fiore Viñuales y otra por la organización Portal de Belén- iniciadas para cuestionar la constitucionalidad de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fueron admitidas por la procuradora fiscal adjunta de la Procuración General de la Nación, Laura Monti.

El problema, como advirtió enseguida un grupo de Organizaciones entre las que está Amnistía, es que en sus dictámenes Monti “reconoce la legitimación de un grupo de ciudadanos para representar a las señaladas 'personas por nacer'”, una interpretación que “no tiene respaldo en la jurisprudencia”, y que equipara a las “personas por nacer” con niños, niñas y adolescentes.

“Los expedientes estaban a la espera de dictamen desde hace un año y medio, pero fueron emitidos dos días después de que el Dr. Rodolfo Barra fuera designado Procurador del Tesoro de la Nación, pese a que aún ejercía como abogado patrocinante de la causa Fiore Viñuales”, señalaron las ONGS en un comunicado. 

“El Dr. Barra en su carácter de reciente Procurador del Tesoro tiene un conflicto de interés, de acuerdo a la ley de ética pública, que lo hace incompatible con la defensa de la Ley 27.610. Por eso, corresponde que se excuse de intervenir en las causas contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y en todo asunto relacionado con el derecho al aborto”, aseguraron las ONGS. Hicieron una presentación ante la Procuración del Tesoro de la Nación y pusieron en conocimiento a la Oficina Anticorrupción, porque es la autoridad de aplicación de la ley de ética pública.

MI/MA

Aquella madrugada calurosa del 30 de diciembre de 2020 hubo gritos, festejos, cantos, batucadas, en casi todas las plazas del país. Lo que se celebraba excedía el acontecimiento: la aprobación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La ley había sido pedida, peleada, militada, por un movimiento feminista de largo recorrido, potenciado con la vuelta de la democracia y que durante el debate por el aborto en el Congreso se volvió una marea intergeneracional imparable y orgullosa, de pañuelo verde y puño en alto. 

La ley 27.610 traccionó otras demandas, habilitó conversaciones que dejaron de ser tabúes colectivos y destapó los velos que aún cubrían los derechos relacionados a la salud sexual y reproductiva. Todo eso significó la nueva norma, coronada con una frase que se volvió bandera: “La maternidad será deseada o no será”.