Roger Benites presumía a principios de 2019 de gestionar “la mayor bolsa de criptomonedas de Latinoamérica”. Se llamaba Bitinka y por aquel entonces tenía “presencia en 10 países Latam y unos 40 alrededor del mundo”, aseguraba este empresario peruano en conferencias de emprendedores del sector. Poco después el precio del Bitcoin comenzó a subir y los clientes de Bitinka se frotaron las manos pensando que habían conseguido subirse a la ola cripto. Pidieron la retirada de sus ganancias, pero su dinero nunca salió de la plataforma. La web de Bitinka quedó desactivada, sus redes sociales dejaron de publicar y Benites desapareció.
Tres años después el caso Bitinka sigue abierto. Medios de comunicación latinoamericanos han documentado que la plataforma dejó un reguero de afectados que han interpuesto decenas de denuncias contra Benites en varios países. También que este se mudó a España después de que Bitinka colapsara, donde ha seguido creando compañías relacionadas con criptomonedas y tecnología financiera, algunas con capital de varios millones de euros. Sin embargo, esas noticias no son accesibles desde Google cuando se busca el nombre del empresario o el de Bitinka: Benites está consiguiendo borrar su rastro a fuerza de reclamaciones de copyright y de derecho al olvido.
La última investigación en desaparecer del buscador fue publicada en febrero de 2022 por el medio peruano Convoca.pe. Revela que Benites fundó sociedades offshore en paraísos fiscales como Belice y Emiratos Árabes Unidos en 2018, poco antes de que las retiradas de fondos de Bitinka quedaran bloqueadas. La información forma parte del proyecto global de Los Papeles de Panamá y se preparó en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Ahora, la Agencia Española de Protección de Datos ha ordenado a Google que no la muestre cuando se busque “Roger Benites”.
La multinacional se había negado a atender la petición inicial de Benites. “La URL objeto de reclamación remite a un artículo actual, de relevancia e interés público incuestionables relacionado con la actividad profesional del reclamante”, explicó Google a la Agencia española (AEPD). “El público en general tiene derecho a conocer sin restricciones las opiniones, críticas y advertencias sobre su actividad”, aseveraron sus abogados, argumentando la “improcedencia” del derecho al olvido cuando este impide “ejercer el derecho a la libertad de expresión e información”.
La AEPD reconoce que la información de Convoca.pe es “de relevancia pública” y “se presume veraz y contrastada”. Pese a ello, ha permitido que Benites escape del buscador. El motivo es que la investigación incluye una imagen del permiso de residencia español del empresario, que el medio utiliza para demostrar que este ha salido de Perú y se encuentra en Barcelona.
“Procede estimar la presente reclamación no por el contenido referente a la publicación de una noticia actual sino por la publicación de una documentación personal”, zanja el organismo en su resolución. La decisión solo afecta a los resultados de Google y no implica la eliminación de la publicación original. Sin embargo, dado el peso que el buscador tiene en el acceso a la información, salir de él es equiparable a salir de Internet.
La AEPD no identifica a Benites ni a Bitinka en su resolución. ElDiario.es ha podido trazar el origen del caso gracias a los detalles del particular proceso, que afecta a un medio de comunicación que no se rige por el derecho al olvido europeo pero es ejercido por un empresario acusado de estafa que ha fundado empresas financieras en España.
Pese a que la residencia y actividad de Benites en Barcelona hacen que la información de Convoca.pe sea relevante para los ciudadanos españoles, como reconoce la propia AEPD, el organismo no se ha puesto en contacto con el medio peruano para que este pudiera valorar la retirada de la imagen que motiva la resolución. Así lo han confirmado tanto la propia Agencia como el periodista autor de la investigación, que ha tenido constancia de la situación tras ser contactado por elDiario.es.
“Esto afecta de forma directa al derecho a la información, no entiendo la actuación de la Agencia española”, expone el citado periodista, Luis Enrique Pérez. “Este señor promocionaba su plataforma como un método para obtener ganancias rápidas en Perú, pero también en Argentina o Colombia. Ahora tiene otra empresa que se dedica a las remesas de dinero desde España, por lo que la información desindexada podría serles de utilidad también allí”, lamenta en conversación con este medio.
La empresa a la que se refiere Pérez es Blockzy. Benites la presentó en 2020 con una nota de prensa de la que se hicieron eco varios medios, sobre todo aquellos especializados en la actualidad del sector cripto. Actualmente su página web también parece haber quedado sin mantenimiento y sus redes sociales están desiertas.
El periodista peruano se ha puesto en contacto con la AEPD para intentar apelar su decisión. El problema es que no hay un procedimiento oficial para ello. La razón es la misma que ha provocado que el organismo no se haya puesto en contacto con él ni con su medio durante el proceso: Benites no reclama contra Convoca.pe, sino contra Google. En el embrollo del derecho al olvido, a la compañía estadounidense le corresponde analizar en primera instancia las reclamaciones para salir de su buscador. En caso de que no las admita, los afectados pueden pedir amparo de manera gratuita a la AEPD. Así operó Benites, que fue apoyado por la Agencia por ser residente en España, confirman fuentes del organismo.
El círculo de opacidad en torno a las reclamaciones por derecho al olvido se cierra con el veto que impide a Google notificar a los medios de comunicación cuándo desindexa sus noticias por este motivo. La decisión pretende evitar que los medios informen sobre esas desindexaciones y provoquen un Efecto Streisand que anule el olvido. elDiario.es ha preguntado a Google si va a recurrir ante la Audiencia Nacional la resolución de la AEPD referente a Benites, pero la compañía no hace comentarios sobre casos particulares.
En este momento, si se le pide a Google que muestre los resultados asociados a las palabras “Roger Benites” desde España, el buscador no mostrará ninguna de las noticias que documentan las acusaciones de estafa contra él. Google no puede revelar cuántas de ellas han sido eliminadas por derecho al olvido, pero sí puede hacerlo con aquellas afectadas por demandas de copyright. “En respuesta a las diversas reclamaciones recibidas en relación con la ley estadounidense de protección de los derechos de autor (DMCA), hemos retirado 5 resultados de esta página”, informa Google. Cuando se busca “Roger Benites Bitinka” la cifra asciende a 7.
Como en el caso de la investigación de Convoca.pe, ninguna de esas reclamaciones incide en la publicación de datos inexactos o una supuesta falta de veracidad. Al contrario, el empresario ha conseguido retirarlas de Google alegando motivos como la utilización del logo de Bitinka sin su permiso, según consta en la base de datos que explica las desindexaciones por copyright.
Fuentes jurídicas de la multinacional explican a elDiario.es que las reclamaciones por copyright no se aplican a una sola jurisdicción sino a nivel mundial, según el Convenio de Berna. Esto hace que una queja emitida desde Hong Kong, donde esta radicada Bitinka Limited, pueda provocar la desaparición de un resultado de Google en toda Latinoamérica y España.
Entre el copyright y el olvido, Benites ha ejercido una pinza que le ha permitido borrar su rastro de Google. Los únicos ecos de su pasado que aparecen en el buscador son páginas de Facebook donde múltiples usuarios le acusan de haberse quedado con el dinero que habían invertido en Bitinka. Es uno de los motivos por los que el derecho al olvido ha sido muy criticado por algunos juristas. “Su gran peligro es que puede utilizarse con fines espurios, para construir biografías a medida, blanquear historiales delictivos, y lo que es peor: para construir una historia alternativa. Que el derecho al olvido acabase siendo utilizado como herramienta de censura solo era cuestión de tiempo”, expone Carlos Sánchez Almeida, director legal de Plataforma por la Libertad de Información.
Contactado por elDiario.es, Roger Benites asegura que no solo ha recurrido al copyright y por derecho al olvido para salir de Google, sino que también ha denunciado a varios medios de comunicación por difamación. Sin embargo, ha alegado que no puede mostrar documentación que lo pruebe por ser parte de procesos legales abiertos.
Un grupo de hackers y exempleados irrumpieron en los sistemas de Bitinka
Sobre Bitinka, el empresario ha reiterado la versión de los hechos que ofreció en 2019: “Un grupo de hackers y exempleados irrumpieron en los sistemas”, asegura. Compinchados con “usuarios maliciosos”, amañaron los tipos de cambio de las diferentes criptomonedas para lucrarse artificialmente con sus operaciones en la plataforma, dice el empresario, y “hurtar” el dinero del resto de usuarios.
En este caso Benites ha compartido con elDiario.es una denuncia interpuesta el 7 de enero de 2022 en Perú (casi tres años después de los hechos) contra diez personas por delitos informáticos, manifestando que se encuentra en trámite. “Estuvimos en un proceso de auditoría desde hace varios meses, con cuentas que tenían movimientos fraudulentos”, expone. Sobre los afectados, Benites asegura que la plataforma tiene “un número muy pequeño de clientes pendientes de cobro, algo totalmente opuesto a lo que intentan mencionar algunas personas que nos quieren difamar por las redes” y que es un proceso que espera resolver “en los próximos meses”.
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