Dentro de las contras de los programas de control de precios hay una que suele pasar desapercibida: la dispersión de precios que genera entre canales de venta. Las góndolas de los comercios que tienen capacidad para plegarse a la iniciativa y cumplir con sus términos –en general, las grandes cadenas de supermercados– se desfasan respecto las de los que quedan por fuera, que pierden ventas y obligan a sus clientes –que en el caso de barrios de menores ingresos muchas veces no tienen otra alternativa de compra– a pagar más por el mismo bien.
Según un informe de la consultora Nielsen la diferencia de precio entre ambos tipos de comercio puede superar incluso el 100% en algunos productos básicos. El relevamiento, realizado sobre siete bienes de consumo masivo, muestra que el aceite de girasol es 95% más caro en autoservicios y 108% en almacenes respecto del precio con que se incluye en el programa Precios Justos, disponible en supermercados.
La dinámica se repite con el jabón en polvo (89% más caro en almacenes y 64%, en autoservicios), la cerveza en lata (79% y 84%, respectivamente), la gaseosa cola light (24% y 25%), el queso crema light (35% y 30%), las galletitas dulces de chocolate (56% y 46%) y las papas fritas (62% más en ambos tipos de comercio).
Los datos corresponden a diciembre pasado, cuando estaba en vigencia la primera etapa del programa Precios Justos, que incluía 1.800 productos congelados por cuatro meses y un corset de suba mensual del 4% para el resto de los bienes de las compañías adheridas. El viernes pasado el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la segunda etapa del proyecto, que amplía la cantidad de bienes alcanzados.
Precios Justos es un programa voluntario, pero la adhesión no depende exclusivamente de la “voluntad”, sino sobre todo de la capacidad de los comercios para cumplir con el compromiso al que los somete. El principal desafío es garantizar el abastecimiento de esos productos, que por ser más baratos suelen multiplicar su demanda y exigir al máximo la cadena de producción y logística. El Estado, ayudado por municipios y organizaciones de la sociedad civil, fiscaliza el cumplimiento y emite multas en caso de ser necesario.
Además, las grandes empresas fabricantes de productos de consumo masivo venden a precios más convenientes a las grandes cadenas de supermercados, con las que tienen un vínculo comercial directo. Los pequeños comercios o incluso las cadenas regionales se abastecen en mayoristas, eslabón intermedio que encarece el precio de góndola final.
En el Gobierno explican que en Precios Justos están incluidos los mayoristas, que ofrecen una parte de sus productos a precio fijo y otra parte bajo la pauta de 3,2% de aumento mensual. “De esta manera lo que se busca es que los pequeños comercios puedan también trabajar con un orden en los precios”, argumentan.
La brecha entre canales de venta no es nueva, pero se agranda en la medida que los programas oficiales toman mayor protagonismo y la inflación se acelera. No es un dato menor, ya que solo el 30% de las compras se realizan en grandes supermercados y quienes más los utilizan son las clases medias o de mejor posición socioeconómica. Las familias de menores ingresos concentran sus compras en comercios barriales. Por otra parte, en muchas localidades del interior del país ni siquiera hay locales de las grandes cadenas nacionales que participan de los acuerdos. De ahí una crítica habitual: los programas oficiales terminan por subsidiar a los bolsillos más acomodados, además de favorecer el desplazamiento de la demanda hacia los actores más concentrados.
De acuerdo con un informe de la consultora Scentia, en el mes de diciembre el consumo en “autoservicios independientes” cayó 4,7% en todo el país respecto del mismo mes de 2021, mientras que creció 3,2% en cadenas. La diferencia se agranda si se mira lo que ocurrió en el interior: el consumo de comercios de cercanía cayó 8,3%, mientras que el de supermercados escaló 3,4%.
DT