A lo largo de esta semana se realizó en el edificio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) la primera prueba de la tecnología 5G que, a diferencia de sus precursoras (3G, 4G), promete encontrar su mayor potencialidad no en la interconexión entre personas sino como herramienta de aplicación a la industria y la producción primaria. Según cálculos privados, su despliegue podría significar un crecimiento económico de US$302.000 millones entre este año y el 2035, lo que significa un promedio de un punto agregado al PBI por año. Sin embargo, el Gobierno anticipa que no se comenzará el proceso de licitación al menos hasta el año próximo.
La tecnología 5G otorga un mayor ancho de banda y una velocidad de transmisión de datos que es entre 10 y 100 veces superior a la del 4G. Además, permite conexiones simultáneas “ultradensas” —alcanzan al millón de dispositivos conectados por kilómetro cuadrado— y latencias —el tiempo que tardan en transmitirse instrucciones a la red— del orden del milisegundo. Representantes de las compañías desarrolladoras de esta tecnologías Ericsson, Huawei y Nokia hicieron distintas muestras de las posibilidades que otorga con stands instalados en el piso 18 de la sede de Enacom, en el microcentro porteño.
Por estas cualidades técnicas es que tanto las empresas como el Gobierno consideran al 5G un aliado para el desarrollo productivo, mediante su aplicación a procesos industriales y a la explotación agrícola, entre otras posibilidades. Según un informe presentado por Nokia, Argentina podría tener un crecimiento económico de US$302.000 millones entre este año y el 2035 si desplegara la tecnología 5G, con una productividad de US$ 778.000 millones.
Según precisó Guillermo Wichmann, gerente de Tecnología de Nokia Argentina, en los últimos años dos tercios de la facturación del mercado consumidor estuvo representado por personas particulares y el resto por clientes corporativos que, a su vez, contrataban líneas para sus empleados. “Ahora la idea es que esta tecnología sea contratada por las empresas para desplegar algunos de sus muchos usos industriales, para conectar máquinas, dispositivos”, explicó.
Por ejemplo, en el campo se podría utilizar para conectar maquinaria agrícola que genere información relevante para las gestión de la producción. También para prever con mayor precisión el pronóstico del clima y diagramar mejor las ventanas de siembra, de riesgo, de cosechas; para evitar superponer productos en la misma porción de tierra y evitar desperdicios.
Sergio D’Uva, coordinador general de Asuntos Técnicos del Enacom precisó que se está trabajando en una revisión del espectro para definir qué bandas se destinarán al servicio y también en un reglamento de uso del espectro. Recién en 2022 tendrán una proyección de cuándo se harían las convocatorias a licitación y cómo serían los mecanismos. “Este año vamos a tener finalizados los estudios, pero el 5G tiene un impacto transversal en muchos ámbitos y es un desafío hacer una legislación normativa acorde para poder aprovecharlo y, sobre todo, para tener un enfoque federal y que no se desarrolle sólo en los grandes núcleos urbanos. Nos estamos tomando el tiempo necesario para hacer eso”, dijo el funcionario en una conferencia de prensa de la que participó elDiarioAR.
La aplicación de esta tecnología podría generar, hacia 2035, ingresos anuales adicionales en torno a los US$302.000 millones
Finalmente, la decisión de llevar adelante o no la licitación será del presidente Alberto Fernández. Del mismo modo, se evaluará si avanzar o no con la licitación de las frecuencias de 4G pendientes. En 2014 el gobierno de Cristina Kirchner recaudó más de US$2.200 millones por la subasta de las frecuencias para telefonía 4G y la gestión de Mauricio Macri buscó subastar otras por US$500 millones, iniciativa que no se concretó.
Por el lado de los prestadores, aseguraron que la tecnología “está lista” y que su despliegue depende tanto de que el Gobierno defina la normativa y licite el espectro, como de que los operadores (Telecom, Telefónica, Claro) hagan las inversiones necesarias para adquirir los equipos necesarios y empezar a ofrecer el servicio.
“La tecnología está disponible y nosotros podemos fabricar equipos en 20 días y enviar en 10. No hay un cuello de botella para el despliegue de la red en ese sentido”, sostuvo Juan Bonora, director de Relaciones Públicas de Huawei Argentina.
Respecto del impacto que pudo haber tenido el decreto 690/20, que definió a las telecomunicaciones como “servicio público esencial en competencia” y le otorgó una mayor participación al Estado en las decisiones del negocio, Bonora sostuvo que “no parece haber afectado las inversiones de los operadores”. Sí señaló, sin embargo, que fue una decisión que, para las compañías, requería de un debate más amplio.
DT