En un mundo sin gas suficiente por la invasión de Ucrania por Rusia, dueño de las mayores reservas y segundo productor mundial (detrás de Estados Unidos), la Argentina tiene unas cuantas moléculas del preciado combustible, pero no las puede usar en plenitud porque faltan gasoductos para llevarlas desde Vaca Muerta a los centros de consumo. No es que nuestro país nade en gas: tiene el 0,2% de las reservas globales, ocupa el puesto 37º, uno por delante de Bolivia, aunque detrás de México, Brasil y Perú. Un décimo de las reservas argentinas son de shale (de esquisto, que se obtiene por el método no convencional del fracking en áreas como la neuquina Vaca Muerta). La Argentina es el segundo país del mundo en recursos de shale gas, pero los recursos recién se convierten en reservas cuando se comprueba que técnica y económicamente se pueden extraer, y además el de esquisto sólo representa una porción minoritaria del gas en el planeta. En cuanto a la producción, la Argentina ocupa la posición 27º en el mundo. Casi la mitad viene de Vaca Muerta, que va en ascenso.
En 2012, el año en que se reestatizó el 51% de YPF, la producción de gas en la Argentina caía un 3% y en la cuenca nuequina en particular, un 5%. En 2014, se interrumpió la baja en el país gracias a que Neuquén comenzó a extraer un 2,5% más. A partir de 2015, la producción nacional comenzó a crecer gracias a Vaca Muerta, con las excepciones de dos años: 2017, cuando se terminó el impulso del Plan Gas (2013) del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el de Mauricio Macri creó otro programa de subsidios conocido en el sector como la Resolución 46, y 2020, por la pandemia. Pero el aumento de la producción va camino de encontrar un techo en 2022: faltan gasoductos para llevar el combustible hasta los centros de consumo o hasta los puertos para eventualmente convertirlo en gas natural licuado (GNL) y exportarlo en barco.
A fines de febrero, la empresa estatal Integración Energética Argentina (IEASA, la ex Enarsa) convocó una primera licitación para comprar los tubos del llamado gasoducto Néstor Kirchner, que unirá Vaca Muerta con San Jerónimo, departamento santafesino entre Rosario y Santa Fe. El próximo día 31 es el último día para presentar ofertas. Tenaris, la siderúrgica del grupo Techint que fabrica caños en Campana, es la gran candidata a proveerlos. El presidente de IEASA, Agustín Gerez, ha declarado que la obra deberá estar terminada para usarse en el invierno de 2023. Expertos calculan que proveerá un tercio de lo que la Argentina importó en 2021. Claro que en 2022 deberá comprar un 20% más que el año pasado, dada la mayor actividad económica. Ante la mayor demanda en un mundo en guerra donde el precio del GNL subió en un año de US$ 8,50 el millón de BTU (unidad de medida) a 42, se teme que incluso ni pagando más caro se pueda conseguir gas si lo acaparan las grandes potencias. Por eso se temen cortes en industrias, mientras el suministro de hogares está garantizado.
La Argentina se encuentra entonces ante la paradoja de tener gas bajo tierra, tener la capacidad para extraerlo, pero no poder hacerlo porque carece de suficientes gasoductos. Surge entonces la pregunta de por qué no se construyeron antes. Recién en julio de 2019, Macri lanzó una licitación del entonces llamado gasoducto Vaca Muerta, hasta Salliqueló (provincia de Buenos Aires), pero él mismo lo postergó después de la derrota electoral en las primarias de agosto y la posterior nueva devaluación. Su proyecto era dejar la infraestructura en manos de la financiación y la gestión privadas. La licitación se fue postergando hasta que en diciembre de 2020 se la derogó. Un año y dos meses después se ha lanzado otra, pero ahora será el Estado el que financie (en parte, con el aporte extraordinario de las grandes fortunas) y administre el gasoducto. YPF tendrá la prioridad para usarlo.
En el albertismo ofrecen su explicación al retraso en la obra que, de haberse concretado antes, acotaría, aunque no eliminaría, los problemas de abastecimiento en invierno: “Varios factores influyeron. El macrismo se pasó 9 o 12 meses haciendo auditorías. Luego ideó la Resolución 46 (en 2017) y recién ahí con Fortín de Piedra (el área de Tecpetrol, la petrolera de Techint) la producción escaló. En ese momento se empieza a pensar en un nuevo gasoducto, que diseñaron bajo el sistema PPP (participación público-privada) con tarifas dolarizadas por 27 años y CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, controlada por el Estado) como 'off taker' (principal comprador del gas), pero sin estudios de factibilidad, que se iban a encargar a una consultora internacional, obvio. Pero luego pasaron cosas... la producción creció más de lo esperado y a precio subsidiado y sin demanda asegurada, por lo que hubo competencia feroz por colocar producto. YPF, sin el beneficio de la Resolución 46, algún día alguien tendrá que explicar por qué, tuvo que vender a 1 dólar (ahora cotiza a 3,50) y cerrar pozos. El cuello de botella y la falta de horizonte hizo caer la inversión y, por ende, la producción. Encima en 2018 se suma la crisis macroeconómica que termina en 1) el fracaso de las PPP y 2) el DNU (decreto de necesidad y urgencia) de congelamiento de la tarifa del gas. Así llegamos a este gobierno, que empezó con algunas ideas como hacer efectivamente los estudios previos. Ahí cae la pandemia y todo se retrasó. Pero hubo una virtud: el Plan GasAr (de 2021), que evitó la profundización del declino. Nadie dice hoy cómo estaríamos si el mercado hubiera seguido ajustando a la baja un 8% interanual como en 2020. El plan garantizó contratos y precios por cuatro años con demanda asegurada y, con ello, un repunte asombroso de la producción, YPF subió 225% en nueve meses y superó a Tecpetrol como mayor productor de gas no convencional del país. Ergo: se saturaron los ductos Neuquén-Buenos Aires. Por eso, a pesar de que Vaca Muerta tiene potencia para aportar ya 20, 30 o 40 millones de metros cúbicos diarios más, el nuevo cuello de botella es la capacidad de transporte. Ahí empieza el capítulo actual: una cartera energética tensionada por dos visiones y racionalidades que demoró en ponerse de acuerdo o en doblegar al otro y sacar esta versión del gasoducto vía una clásica obra pública con fondos presupuestarios. Ahora la gran duda es para cuándo estará lista”. Esas dos visiones son las que enfrentan al ministro de Economía, Martín Guzmán, y su secretario de Energía, Darío Martínez, con el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, que tenía a Gerez, de IEASA, en su equipo del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC). En el albertismo coinciden con el cristinismo en que no hay otro que el Estado para financiar la obra en esta coyuntura financiera difícil, pero aspiraba a que las petroleras también contribuyeran en algo, dado que serán las beneficiadas. YPF, Tecpetrol, la francesa Total, Pan American Energy (PAE, de la británica BP, la china CNOOC y los Bulgheroni) y Pampa Energía (de Marcelo Mindlin) son las cinco principales productoras de gas en Neuquén.
El radical Jorge Lapeña, ex secretario de Energía, considera que ni este ni el anterior gobierno, al que él cuestionó en diversas oportunidades, pudieron hacer la obra hasta ahora porque “no cuentan con un estudio de factibilidad integral, no se sabe cómo se va a repagar, ni cuál va a ser el costo de transporte por metro cúbico transportado y finalmente no hay contratos en firme firmados con los cargadores, es decir, con los productores del gas”. “No quisiera asignar el retraso simplemente a la ineficiencia de los gobiernos. Además, nunca hay plata en un país que vive de prestado y en déficit”, agrega Lapeña.
En el macrismo admiten que “Macri se quedó sin tiempo para hacerlo, había tres oferentes, pero en un país normal el gobierno saliente debería haber continuado la licitación del anterior”. “Acá se rechaza todo lo que hace el anterior porque este gobierno tiene una visión estatista y de capitalismo de amigos, por ejemplo para conseguir los tubos. Y se fue postergando la obra porque no conseguían los fondos para arrancar”; añaden en el PRO.
Un empresario del sector es lapidario al encontrar las razones de la demora: “Falta liderazgo en lo energético”. El ejecutivo de otra petrolera ensaya su hipótesis: “El primero que quiso hacer el gasoducto fue Macri, pero con la crisis que tuvo quedó paralizado. Después vino este gobierno y hasta que logró poner en funcionamiento el plan GasAr, recién ahí se dieron cuenta de que recuperaban la producción y volvieron a reflotar la idea del gasoducto. No es la solución de consenso y por eso no se avanzó todo lo rápido que se necesitaba. Pero el Gobierno está licitándolo en tiempo récord y busca construirlo en tiempo récord porque se encontró con un nivel de producción que no esperaba. A fines del gobierno de Macri y principios del de Alberto no necesitabas urgente el gasoducto porque no tenías que inyectar tanto gas, aunque podría haberse hecho antes”.
En otra compañía, un ejecutivo recuerda que también el plan GasAR se concretó con medio año de retraso: “Estamos en el 'vamos viendo'. Después de la crisis de 2018 lo macroeconómico complicó el proyecto. No se sabía cómo financiarlo. Macri cortó los subsidios a la producción y congeló las tarifas. Después vino la pandemia y no había actividad económica. Después lanzaron el plan GasAR en enero de 2021 y empieza a crecer la producción y se vio que se venía el cuello de botella. Hubo impericia, hubo otros quilombos que resolver, pero también una interna feroz”.
AR