Convalidar un nivel de aumento que le permita al Gobierno mostrar un sendero de inflación a la baja, pero sin atarse de manos. Ese espíritu, concesivo pero cauteloso, fue el que la mayoría de los referentes sindicales mostraron al sentarse a la mesa paritaria este año. Si bien restan definiciones en algunos sectores importantes como Sanidad, Camioneros o la Administración Pública Nacional, el grueso de las negociaciones ya fue dirimido a lo largo del primer cuatrimestre y permite advertir algunos rasgos comunes.
Si bien la mayoría de los acuerdos se mantuvo en el orden de la pauta sugerida por el Gobierno, con el correr de las semanas los porcentajes comenzaron a desplazarse del orden del 30% al 35%, alentados por los datos poco optimistas de inflación. De lo que ocurra con los precios en los próximos meses —si se logra ingresar en un sendero de desaceleración o no— dependerá el nivel de aumento adicional que demanden los sindicatos, que en su gran mayoría cuentan con una cláusulas de revisión bajo la manga.
El primer acuerdo 2021 fue firmado en diciembre del año pasado por los aceiteros, que incluyeron sumas adicionales para 2020 y negociaron 25% a partir de enero. Los mecánicos de Smata acordaron un 28,7% y los bancarios, que suelen fijar una referencia, pactaron 29% en tres cuotas. Luego le tocó el turno a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que registró un 35,2% y a los trabajadores de la construcción (Uocra), que pactaron 35,8%.
Por encima de la media estuvieron los plásticos, que pactaron un 36% en tres cuotas, y los de vestido, que negociaron 36,6% también en tres cuotas. Los grandes ganadores, hasta ahora, fueron los vitivinícolas, con un 47% en cuatro cuotas, dos de las cuales se aplicarán en 2022.
“En términos generales los acuerdos que se firmaron hasta ahora responden a una lógica similar a la que estuvo presente en los últimos años: se negocia un porcentaje que está relativamente en línea con las proyecciones oficiales de inflación y se posterga el cierre final para las instancias de revisión durante el segundo semestre”, dijo a elDiarioAR Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma.
Para el analista, no hay que darle tanta importancia al porcentaje global de suba sino a la letra chica del acuerdo. “Por ejemplo, es muy importante la distribución de las cuotas a lo largo del año y si hay mecanismos que permitan modificar la situación de al menos una parte de los trabajadores alcanzados”.
Por caso, mencionó que aceiteros cerró un 25% a partir de enero con revisión en agosto, mientras que comercio cerró un 32% pero en cuatro cuotas no remunerativas, dos de las cuales se hacen efectivas en enero y febrero de 2022. Otro ejemplo son los judiciales de la provincia de Buenos Aires, que cerraron un 34% e incluyeron una recategorizacion para las escalas más bajas, llegando en algunos casos al 45%.
Las cláusulas de revisión aparecen como la herramienta clave de este año. A diferencia de la cláusula gatillo, que dispara automáticamente aumentos atados a la evolución de la inflación, la revisión implica el compromiso de volver a sentarse a negociar los términos del nuevo ajuste.
“Nadie cree que aceiteros se va a quedar en un 25% o bancarios en un 29%”, anticipó Campos. Si bien las primeras están pautadas para julio/agosto, la mayoría de las cláusulas de revisión arrancan en septiembre, momento en que habrá tres factores determinantes: la inflación acumulada hasta el momento, el escenario electoral y la capacidad de conflicto que tengan los sindicatos en ese contexto. “No va a ser lo mismo si la actividad se está recuperando que si estamos en pleno pico de la ola de casos”, añadió.
Para Cecilia Garriga, economista del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), que depende de la CTA de los Trabajadores, la situación de las paritarias de 2021 está “más normalizada” que en 2020, año en el que se declaró la pandemia y las discusiones salariales prácticamente se detuvieron por la caída de la actividad económica y las medidas sanitarias. “La gran mayoría de las negociaciones se pospusieron y eso generó muchos atrasos en la actualización de los salarios, que por supuesto deterioró el poder adquisitivo a lo largo del año y empeoró con la aceleración inflacionaria de los últimos meses”, añadió.
Nicolás Segal, economista del Instituto de Trabajo y Economía (ITE), destacó que la mayoría de las paritarias se definieron en un período corto, a diferencia de años previos en los que la discusión se alargaba durante todo el primer semestre. Además, propusieron horizontes más largos, con acuerdos con vigencia por un año, más allá de la revisión.
“Es un contexto de discusión muy malo, pero se ve una diferencia importante en la construcción que el Gobierno actual hace respecto de las paritarias como herramienta de negociación y de alineación de la pauta inflacionaria. En vez de ser vistas como una instancia de presión a la baja de los salarios, se entienden como un aporte al diálogo social para enmarcar la evolución de los precios y alinearlos con otros precios de la economía, lo que hace que la desconfianza del lado sindical sea menor”, consideró Segal. Además, aseguró que el Gobierno intenta dar señales de compromiso con una política desinflacionaria en otras variables, como el retraso del tipo de cambio y tarifario, más allá de los magros resultados que consiguió hasta el momento.
“No se les puede pedir a las paritarias que hagan el trabajo de bajar la inflación. De todos modos, si hubieran cerrado en el orden del 40% o 50% tendrían impacto en la aceleración de los precios, como lo tiene el acuerdo atado al IPC que cerró SOMU”, explicó el analista. Efectivamente, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos logró atar la evolución de sus ingresos al índice de inflación oficial. El titular del gremio, Raúl Durdos, dijo que “se trata de un acuerdo histórico, sin precedentes en la historia del movimiento obrero”.
Los analistas explicaron que si, como anticipa el relevamiento de expectativas que elabora el Banco Central, la inflación ingresa a partir de abril en un sendero descendente, es posible que en la instancia de revisión se orienten a elevar el piso hacia 2022 en vez de revisar el acuerdo hacia atrás. Ese escenario sería más beneficioso para el Gobierno.
Aún así, pensar en una recuperación efectiva del salario real sigue siendo difícil. Para Segal, el primer semestre ya está perdido. “Puede haber alguna posibilidad de mejora hacia el final del año si las cláusulas de revisión son positivas, pero no sería sustancial o significativa sin un desaceleración inflacionaria. Más que por el lado sindical, las miradas están puestas en qué pasa con los precios”, detalló.
Las negociaciones se dieron en un marco en el que el salario real está en franca caída desde 2016. Según CIFRA, entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2019 los salarios registrados del sector privado perdieron en promedio el 18,7% de su capacidad de compra, mientras que los del sector público mostraron un deterioro aún más pronunciado, de 21,2% en términos reales.
Este año el Gobierno planteó una pauta de inflación del 29% para 2021 y manifestó su voluntad de que los salarios se ubiquen algunos puntos porcentuales por encima de ese número. El argumento oficial es que en la Argentina la actividad es traccionada sobre todo por el consumo, por lo que los bolsillos de los trabajadores tendrían un rol central en la recuperación postpandemia.
DT