La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el club de países ricos y algunos otros más al que aspira a ingresar Javier Milei, la tiene clara cuando analiza la inversión estatal. En sus informes habla de “la importancia de invertir estratégicamente en infraestructura pública de calidad para potenciar el desarrollo de América Latina y Caribe, sobre todo en sectores tan vitales como el transporte sostenible, las telecomunicaciones y la gestión del agua”. También el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde se desempeñaba Guillermo Francos antes de asumir como ministro del Interior, coincide en que “la inversión pública será clave para reactivar las economías latinoamericanas y empezar a corregir las enormes brechas que separan a los latinoamericanos ricos de los pobres”, aunque “no podemos seguir aceptando que entre un 10% y un 30% se siga perdiendo debido a la mala gestión y corrupción”. Es decir, el BID llama a depurar la obra pública de sus vicios, pero no por ello eliminarla, como plantea Milei. Pero el Presidente ha puesto la motosierra sobre la inversión estatal, recortó, por ejemplo, 98,1% la destinada a trenes y así es que no sorprende que los ferrocarriles choquen un día dejando 90 heridos en la línea San Martín o se descompongan después en el medio camino dejando a los pasajeros caminando por las vías del Roca.
En el último informe de ejecución del gasto que elaboró la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) sobre datos oficiales hasta abril, se advierte que la inversión pública cayó el mes pasado 74,3% en términos reales (ajustada por inflación). En el primer cuatrimestre acumula una baja del 80,8%, “que denota una virtual paralización”, en especial los giros a las provincias para obras, que se redujeron 96,3%. En el documento se menciona la menor inversión en Enarsa (-55,9%), la empresa energética estatal que tenía a su cargo terminar de completar las tres plantas compresoras del gasoducto Néstor Kirchner, que se inauguró en 2023, y el Fondo Fiduciario de la Vivienda Social. No es de extrañar entonces que ahora falte gas en estaciones de servicio que cargan gas natural compromido (GNC) o que haya riesgo de cortes en fábricas y grandes comercios si el invierno resulta más crudo de lo habitual. Tampoco sorprende ver complejos de casas a medio hacer en el conurbano o el interior.
“Los gastos de capital (inversión) dentro de la estructura de gastos de la administración pública nacional pasaron de representar el 6,8% del gasto primario (antes del pago de deuda) del período enero-abril de 2023 al 2% en el mismo período de 2024, una caída de 4,8 puntos porcentuales”, señala el informe de ASAP. La inversión ejecutada por el propio Estado nacional, que incluye la Dirección Nacional de Vialidad, es decir rutas, bajó 85% y las de las empresas estatales, como las de ferrocarriles o Corredores Viales, que administra carreteras con peajes, un 67,8%.
En Corredores Viales directamente no se invirtió un peso: cayó 100% el giro de gasto de capital allí. Tampoco hubo plata para invertir en las empresas Belgrano Cargas y Logística, Administración de Infraestructuras Ferroviarias y Ferrocarriles Argentinos. Sólo se giro algo para la firma Operadora Ferroviaria, pero igual invirtió 88,6% menos que hace un año. Y no es que con el gobierno Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa se desembolsaba demasiado en la materia...
La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), clave para asistir a los aviones de todo el país, es otra firma estatal más que no recibió ni un peso para inversión en lo que va del año. En cambio, al menos Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), que abastece sólo a la capital y el conurbano, recortó lo invertido pero a la mitad, 48,6%. Es decir, algunas obras de agua potable y cloacas continúan.
En cuanto a la distribución geográfica de la desinversión, “esta pronunciada tendencia negativa impactó a la mayoría de las provincias, donde las reducciones anuales superaron el 75%”, según ASAP. “Sin embargo, Jujuy y Río Negro presentaron descensos menos severos, con caídas del 68,5% y 57,5%, respectivamente”, se refiere la asociación a las provincias gobernadas por el radical Carlos Sadir y el provicialista Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro, que pasó de apoyar a Massa a negociar respaldos a las leyes que pretende Milei. “Por el contrario, La Rioja se destacó como la provincia más perjudicada, con una reducción de casi el 100%, seguida por Chubut, que experimentó una disminución del 98,5%”, advierte ASAP. Es decir, castigo a dos gobernadores rebeldes: el riojano Ricardo Quintela, que puso en marcha el bono Chacho para pagar a empleados estatales y es uno de los más férreos opositores; y el chubutense Ignacio Torres, que es del PRO pero protagonizó varias peleas con el Presidente por los recursos.
AR/MG