Los miembros del gabinete económico, con el agregado del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, trabajan por estos días en la definición de una medida que asista a dos grandes grupos de personas con problemas habitacionales urgentes. Por un lado, los inquilinos, que a partir del levantamiento del decreto antidesalojos y la disparada de los precios de los alquileres aumentaron su riesgo de quedarse sin un lugar adecuado para vivir. Por otro, quienes tienen un crédito hipotecario UVA, que por la suba de las cuotas al ritmo de la inflación se encuentran, en muchos casos, en una situación de mucha dificultad para hacerle frente con sus ingresos.
Si bien el presidente Alberto Fernández había anticipado que habría novedades sobre este tema en la semana en curso, la discusión se postergó y todavía no hay definiciones. En los distintos ministerios que intervienen anticiparon que la acción que finalmente se decida será anunciada en “las próximas semanas”. Mientras tanto, las líneas de trabajo se llevan adelante bajo estricta reserva para mantener a raya las expectativas. La posibilidad de una reestructuración de la deuda de los hipotecados UVA está sobre la mesa, pero depende en última instancia del aval del Presidente.
En la Argentina 8 millones de personas alquilan y le destinan aproximadamente el 40% de sus ingresos a ese concepto, según una estimación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Durante el período de aislamiento obligatorio las situación para estas familias se complejizó. Una encuesta que realizaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín (IDAES) en diciembre de 2020 reveló que el 66,6% de los inquilinos tuvo menos ingresos y el 42,3% acumuló deudas de alquiler.
El decreto 320/2020 congeló el precio de los alquileres, extendió los contratos que vencían durante su vigencia y suspendió los desalojos por falta de pago desde el comienzo de la pandemia, medida que protegió a las familias inquilinas hasta el 31 de marzo pasado. A partir de entonces, muchas familias se vieron en la necesidad de buscar una nueva vivienda para alquilar, en un marco de aumentos exorbitantes.
Según un informe de Reporte Inmobiliario, los alquileres en el Gran Buenos Aires tuvieron en marzo un aumento interanual de 59,11% en el caso de los dos ambientes y de 61% en los de tres ambientes, porcentajes muy por encima de la inflación oficial del mismo período (42,6 %).
Si bien en junio de 2020 se aprobó una nueva ley nacional de alquileres que establece un índice oficial para actualizar anualmente el precio de los alquileres (que pondera inflación y salarios), no hay ninguna norma que regule el monto que puede exigir el propietario a la hora de firmar un nuevo contrato de ingreso a su propiedad o de renovar un contrato vencido al inquilino que ya vive en el lugar. Por ese motivo, ese es el momento que aprovechan para aplicar un aumento marcado y blindarse por los tres años siguientes, que es el plazo que estableció la nueva ley.
Hasta el momento, la única solución que dio el Ministerio de Hábitat fue la creación de un “alerta temprana de desalojo”, pero que rige sólo para los contratos formales. Es decir, deja fuera a “al 40% más vulnerable que alquila en la informalidad”, según la organización Inquilinos Agrupados.
Por otro lado, la situación de los hipotecados UVA comenzó a ocupar más lugar en la agenda pública algunas semanas atrás, cuando se dio a conocer el primer caso de ejecución inminente de una propiedad por falta de pago. El problema de quienes conforman el colectivo “hipotecados UVA” es que la suba de las cuotas, ajustadas por inflación, no fue acompañada por un aumento de la misma magnitud en sus salarios y hoy tienen un porcentaje mucho mayor de sus ingresos comprometidos por este concepto.
De todos modos, esta semana el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, buscó “llevar tranquilidad” a esas familias y afirmó que la entidad no ejecutó ni ejecutará esas deudas. Además, en declaraciones a FM Concepto aclaró que “la morosidad es extraordinariamente baja” y que “en los casos en los que la cuota supera el 35% de los ingresos, hay mecanismos de negociación para la solución”.
En tanto este martes, al anunciar los créditos para refacción y construcción, el presidente Fernández se refirió al tema, y anticipó que tomará una decisión al respecto. “Sabemos que nos queda pendiente resolver el problema de los que han entrado en créditos y que tienen muchos problemas para pagarlos, no nos olvidamos de ellos y estamos trabajando para ver que solución podemos dar para todos ellos”, dijo.
DT