Una familia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no recibe subsidios ya necesita más de $130.000 para afrontar el pago de las tarifas de gas, luz, agua y transporte.
En noviembre debió destinar $134.173 en promedio para afrontar esos servicios, según un estudio del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA y el Conicet.
Las familias enfrentarán a partir de diciembre un incremento en el presupuesto destinado a pagar las tarifas debido a un mayor consumo de electricidad y un costo más alto de la energía.
En ese mes suele producirse un encarecimiento en la canasta de servicios públicos por una mayor cantidad de consumo de luz, principalmente, y los cuadros tarifarios son cerca de un 15% más altos que en el invierno. En el caso del gas, la demanda se mantiene baja.
El hogar que se toma como ejemplo para el AMBA destinó $18.853 para pagar el gas, 564% de incremento nominal frente a diciembre del 2023. En electricidad fue $32.072 (189%), mientras que esa familia requirió $56.228 en transporte (601%) y $27.022 en agua (305%). La canasta total sumó en noviembre $134.173, un 368% más en lo que va del año.
En la comparación contra octubre se observó una leve disminución, del 0,2%, tendencia que cambiará en diciembre por factores estacionales.
La magnitud de los incrementos del 2024 se refleja en que durante febrero, cuando el Gobierno puso en marcha los ajustes, los hogares cubrían el 32% del “costo real” de la canasta de servicios públicos y el resto eran subsidios del Estado. Ese porcentaje de cobertura fue del 53% en noviembre.
El plan oficial es eliminar la segmentación vigente para que solo queden dos tipos de usuarios: los que reciben subvenciones y quienes no tengan ningún tipo de asistencia.
Actualmente, unos 8 millones de usuarios de electricidad son N2, 3 millones son N3 y 5 millones son N1. Eso implica que 7 de cada 10 hogares reciben ayuda del Estado para afrontar sus tarifas. En lo que va de la gestión de Javier Milei, cerca de un millón de usuarios tuvieron que pedir la subvención para afrontar el pago de los servicios por los aumentos aplicados.