Fernanda Miño vive en una villa, La Cava, en San Isidro, y está al frente de una secretaría del Gobierno dedicada a las urbanización de barrios populares como el suyo, la de Integración Sociourbana. Catequista de 46 años, militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) -que lidera Juan Grabois-, fue concejal en su municipio y ahora ha puesto en marcha un plan para solucionar un drama social al que la tomas de tierras de Guernica puso en debate hace tres meses, para luego desaparecer de la escena pública.
¿Cuándo arranca la urbanización de barrios populares?
La integración de los barrios ya arrancó, con todas las dificultades el año pasado, cuando todavía estábamos en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, con los armados de los programas, viendo la posibilidad de empezar, de poner en funcionamiento el fideicomiso que hoy está operativo ya, pero sabiendo con todas las complejidades del ministerio nuevo y de que esta política se pueda desplegar con total magnitud en el territorio con una pandemia de por medio. Fuimos avanzando con muy pocos municipios, con pocos barrios, pero este año ya empezamos con todo. Tenemos $ 16.000 millones para urbanizar, para integrar, más de 162 barrios. Sabemos que no se solucionan los problemas en los barrios con una conexión de agua, sino también con apertura de calles, las conexiones de luz, cloacas e Internet, que está siendo fundamental para la vida cotidiana de la familia, ordenar y empezar a integrarlos a la trama urbana. Es una gran política a desarrollar: más de 14.000 lotes con servicios. Muchas veces, por más que tengas los servicios básicos, si no tenes un lugar acorde adonde criar a tu familia, sin tener la posibilidad de apertura de calles en los barrios que hoy tienen pasillos, hay muchas dificultades para salir y para ingresar, desde un carrito de bebé hasta la salida de un enfermo en camilla. Yo vivo en un barrio popular y estoy rodeada de pasillos, no tengo calles cercanas. Es difícil no solamente en el control en cuanto a las situaciones delictivas, sino cuando hay un incendio, cuesta que lleguen los bomberos. La mayoría de las familias hoy apaga los incendios, saca la basura, ilumina los pasillos. Dentro de los barrios populares se da una posibilidad de gobierno local.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, habla de urbanizar 400 barrios por año...
Es un objetivo, ojalá lo podamos hacer, estamos trabajando para eso. Él pone una vara alta.
De esos 162 barrios, ¿en cuántos comenzaron los trabajos?
Terminamos el año trabajando en 28 barrios. Y los otros barrios son ya con proyectos en marcha. Hablamos ya de trabajo cuando ya se sientan los vecinos, las organizaciones, la Iglesia, la municipalidad a armar el proyecto. Hay que idearlo, diseñarlo, consensuar. Pero venimos trabajando también en los primeros y segundos desembolsos de los que vienen del año pasado. Recuerden que este cambio de Desarrollo Territorial de Hábitat a Ministerio de Desarrollo Social fue muy complejo, a fin de año. Si bien dejaron que algunas actividades empiecen a funcionar, lo que no pudimos hacer en 10 meses tuvimos que hacerlo en dos. La mayoría son proyectos que no pueden esperar. Por ejemplo, conexiones de agua potable, cloacas y eléctricas. Después, la apertura de alguna calle y el alumbrado público, tan necesarios cuando llueve. A veces, para una persona que siempre ha nacido con una calle enfrente de su casa es impensado lo que significa una vereda. Nos decían la otra vez, en un barrio de La Matanza, que cuando llovía no podían salir a comprar porque si tenes un bebé chiquito y lo tenés que llevar con una mano, con la otra tenías que agarrarte del tejido del alambrado. Estamos trabajando ya en 48 barrios con obras puntuales.
¿En qué provincias o ciudades están distribuidas estos 162 proyectos?
Estamos trabajando con mucha más fuerza en el conurbano, porque casi la mitad de los 4.416 barrios populares está en la provincia de Buenos Aires. Pero también tenemos trabajos en Ushuaia, Córdoba, Entre Ríos, pronto voy a La Quiaca. Hay años y años de atrasos y sabemos que es parte del Estado tener esta mirada federal.
¿Qué buenos y malos ejemplos ha habido en urbanización?
Hay muchos ejemplos, como el de Luján, donde muchos de los trabajadores en territorio han sido parte de la conformación de su propio barrio. Es mucho más fácil abordar el trabajo en los barrios con la propia gente que vive ahí y tiene oficio. Queremos que el 25%, de piso, de los trabajadores que hagan las obras sean del propio barrio o de organizaciones sociales. Ellos saben por dónde pasan los caños. Esa sabiduría popular de quien vive en un barrio es necesaria. Nunca se ha puesto en participación principal a la gente del barrio.
No venimos a dar nada sino a reconocer derechos. Es impensable que en 2021 haya familias sin luz ni agua a kilómetros de las ciudades o en el mismo Buenos Aires.
¿Hubo algunos bluff, mucho maquillaje y pocas cosas concretas?
Hubo de todo, hablo de haberlo vivido en carne propia. Hay quienes maquillan los barrios por el lado de afuera porque pasa una línea de colectivo o los autos. Hicieron 10 casas, las pusieron en el borde de un barrio, entonces está integrado. Hay que tener siempre el oído puesto en los compañeros que están hace mucho tiempo luchándola.
En el gobierno anterior se agitó bastante la bandera de la urbanización. ¿Qué opinás sobre lo que se hizo en la ciudad de Buenos Aires?
Todo es superable, cuando hay una porción del barrio que está descontento porque la participación no es tal o porque firmaron cosas que no fueron claras. Hace muy poco tuvimos una reunión con nuestro ministro, Daniel Arroyo, y la gente de vivienda de Capital. Antes había habido intentos de acercamientos, pero no una reunión específica. Ahora está la posibilidad concreta de trabajar en conjunto. Pero nosotros tenemos esta forma de trabajar. Ojalá podamos coincidir.
Con elogios o críticas, avanzó la ciudad de Buenos Aires, mientras en el conurbano pareciera que nunca fue prioridad…
Hay de todo. También la diferencia se hace con voluntad política y recurso económico. Ahora se ha juntado la buena política y la posibilidad de un recurso y de una secretaría abocada directamente a los barrios populares. Y tener seriedad en el manejo de los recursos. No venimos a dar nada sino a reconocer derechos. Es impensable que en 2021 haya familias sin luz ni agua a kilómetros de las ciudades o en el mismo Buenos Aires. Hay un desfasaje en cuanto a los recursos económicos: no es lo mismo el dinero que tiene la ciudad de Buenos Aires o San Isidro que los municipios más pobres.
¿De dónde salen los recursos de la secretaría?
Fondos nacionales, financiamientos de bancos internacionales y el fideicomiso, integrado por el impuesto País, que es el impuesto al dólar, y el aporte de las grandes fortunas, que es por única vez. Eso todavía se está viendo. Por ahora sabemos que contamos con $ 10.000 millones para empezar.
¿Te llevás mejor con Arroyo que con María Eugenia Bielsa, ex ministra de Desarrollo Territorial?
En el trabajo, sí, totalmente.
¿Por qué?
María Eugenia tenía otra mentalidad. Con Daniel pudimos hacer en dos meses lo que no hicimos en diez.
Ya nadie más habla de tomas de tierras. ¿Qué pasó?
En momentos de grandes crisis y de frustración, como la que viven los los sectores más vulnerables de la Argentina, puede que se le haga foco o no. Las tomas van a seguir existiendo mientras no haya desde el Estado una respuesta que llegue antes. A mí me ha pasado de familias que han ido a vivir a mi casa un par de semanas hasta que encontraban un lugar que les alquilaran un cuartito por la mitad de sus ingresos. Hay familias a las que si les das un terrenito para que edifique, lo van a hacer, porque lo que más desean es tener algo propio y tenerlo dignamente. No sé a quien se le puede pasar por la cabeza que alguien va a una ocupación cantando, en caravana. La gente decide ir a ocupar un espacio que no es propio cuando no le queda otra alternativa, cuando los echan del lugar donde están o no puede pagar más un alquiler. Hay habitaciones con alquiler a $ 15.000, cuando el salario complementario es de 9.500. Las familias prefieren muchas veces, antes de un conflicto en una casa o de vivir de prestado, ir a tomar un espacio y vivir entre dos ramitas y una lona. Como Estado, tenemos que dar antes la posibilidad de que esa familia tenga acceso a un pedacito de tierra. Para eso están los lotes con servicios. Porque parece que hoy la salida es el crédito, pero hay familias que no pueden sacar ni fiado en el almacén del barrio.
Cuando no les das una alternativa a una familia que la está pasando muy mal y buscó una ocupación para vivir, es violento, por más que no sea con balas de goma o gases.
¿Y por qué no se habla más de tomas?
Es la pantalla que se le da, a quién le conviene demonizar a la gente que menos tiene. Así como han salido de foco los barrios privados, que no tienen sus títulos de propiedad. ¿Qué pasa con los que tienen grandes empresas y toman espacios que son del Estado?
¿Fue buena la solución que se dio en Guernica?
Hace mucho que no hablo con el Cuervo (Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense), me tenía bastante al tanto de cómo venían haciendo las cosas. Con lo que no voy a estar nunca de acuerdo es con las formas que se dan los desalojos. Ningún desalojo es pacífico, siempre es violento. Cuando no les das una alternativa a una familia que la está pasando muy mal y buscó una ocupación para vivir, es violento, por más que no sea con balas de goma o gases. No hay excusas para usar la fuerza para sacar a las familias pobres de un espacio. Creo que se puede haber dado de otra manera ese episodio. Quizás se dio después. Pero nunca voy a estar de acuerdo con los desalojos así de violentos.
¿Ese desalojo sirvió como aleccionador para evitar otras tomas?
La violencia nunca es aleccionadora. Una familia que hoy no tiene para darle de comer a sus hijos puede ir abajo de un puente, pero si también te corren de ahí y la única forma de tener una casita es la ocupación, no lo piensa. No es que lo justifico, pero sí lo entiendo.
¿Cómo ves la situación social?
Son meses difíciles hasta que se recupere el trabajo. Hoy gracias a Dios todavía las organizaciones sociales están al frente de la trinchera, otra vez revolviendo la olla, sabiendo que hoy no está el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y no sabemos cómo va a seguir esto. Si ahora empieza a retrotraerse todo por la pandemia, y estamos otra vez en la misma situación que estábamos en abril o mayo, va a ser complejo, pero una parte de nosotros que viene de lugares donde siempre falta de todo, entendemos eso y tenemos que salir con lo que tenemos, pidiendo ayuda, con lo que llega del Estado, y ayudando a que a las familias de los barrios no les falte la comida.
¿Es posible que vuelvan las restricciones, que la gente no puedan salir a trabajar y que no vuelvan las clases?
Hay dos termómetros que estamos mirando mucho los que cumplimos funciones en el Estado. Primero la llegada de las vacunas, que sea en tiempo y forma, que no haya descuidos, que no se apaguen los freezers. Hay un grupo de profesionales enormes en el Ministerio de Salud que está detrás de eso. Después están el compromiso y la responsabilidad propia. Uno tiene que hacer esa burbuja de la familia y concientizar a quienes más pueda.
Juan Grabois es uno de los integrantes del Frente de Todos más crítico del Gobierno. ¿Compartís sus críticas?
Soy una funcionaria pública y tengo una responsabilidad, más allá de mi afecto por Juan, a quien considero mi hermano. Uno puede tener diferencias o no, pero la palabra que tiene Juan es siempre constructiva, más allá de mostrar lo que no está bien, lo que le parece a él. Yo te podría decir “los barrios están divinos, llega la comida en tiempo y forma, estamos llegando con un proyecto”, pero le tengo que ver la cara a mis vecinos y vecinas cuando voy a mi barrio. Son muchos años de políticas que no fueron acertadas, pensar que en un año de pandemia nosotros podemos revertir eso es fantasioso. Las palabras de Juan son necesarias y lo hace poniendo una propuesta.
AR