A seis meses del inicio de su gobierno, Javier Milei tuvo una semana con tres datos positivos: la aprobación –aunque con modificaciones– del proyecto de ley de Bases, la autorización por parte del FMI del desembolso de U$800 millones y el dato de inflación de mayo, que fue de 4,2%. Sin embargo, las preocupaciones de la mayoría de los argentinos y argentinas se vinculan a la economía real: los salarios no alcanzan, el desempleo sigue avanzando como amenaza y la actividad se encuentra en franca depresión.
En lo vinculado a la ley Bases, podemos destacar que los cambios que introdujo el Senado fueron más de los esperados por el Gobierno: se incluyó una cláusula de reactivación de la obra pública que esté avanzada en su construcción o que tenga financiamiento internacional; se quitaron Aerolíneas, Correo y Radio y Televisión Argentina del listado de empresas privatizables; se incorporó como justa causa de despido el bloqueo de establecimientos laborales; se redujo de cinco a tres los “colaboradores” que puede contratar un trabajador independiente sin formalizar la relación asalariada; se delimitaron los sectores abarcados por el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grande Inversiones); se incorporaron sujetos excluidos del blanqueo; y se sostuvo el monotributo social, entre otros.
A su vez, la derogación de la moratoria previsional fue retirada del proyecto y ni siquiera votada en el recinto. Sin embargo, el foco en las próximas semanas seguramente estará sobre lo que el Senado rechazó: las modificaciones al impuesto a los bienes personales (con reducción de alícuotas y régimen de estabilidad por 15 años) y al impuesto a las ganancias (básicamente, la restauración de la cuarta categoría). La discusión es de derecho constitucional: ¿puede la Cámara de Diputados insistir en los títulos que abordaban estos temas? ¿O solo puede insistir con los títulos en los que se introdujeron “adiciones o correcciones” como se expresa en la Constitución? Ríos de tinta correrán al respecto, pero para el Gobierno resulta crucial en su objetivo de hacerse de recursos de inmediato.
Con respecto al FMI, si bien hace aproximadamente un mes el staff técnico había anunciado el cumplimiento de las metas al primer trimestre –de déficit fiscal, emisión, reservas y deuda flotante– restaba la aprobación del Directorio para que el desembolso de US$800 millones efectivamente se produzca. Con estas divisas, el gobierno se asegura los pagos con el organismo pautados para julio, y no pareciera haber dificultades hacia delante en cuanto al cumplimiento de metas. Sin embargo, la crítica del Fondo sigue girando en torno a la calidad del ajuste fiscal, la necesidad de avanzar con reformas estructurales y la eliminación de las restricciones cambiarias. Asimismo, el alivio en el frente externo también llegó de la mano de China, con la renovación del swap.
En lo relativo a la inflación, el 4,2% correspondiente a mayo fue un dato festejado en el oficialismo, pero con algunas alarmas: se logró en gran medida con herramientas de política económica que fueron muchas veces criticadas por los funcionarios del actual gobierno, como el enfrentamiento con las prepagas para que bajen sus cuotas (el rubro salud sólo subió sus precios 0,7% en promedio) y el retraso en los aumentos tarifarios y del impuesto a los combustibles previstos (el rubro vivienda creció moderadamente 2,5% y transporte 4%). En suma, los precios “regulados” crecieron 4%, por debajo del índice general. Por el contrario, los alimentos, una de las preocupaciones principales de las familias, ascendieron 4,8%, por encima del índice general.
Si bien entre las grandes mayorías el dato se celebra, las preocupaciones se centran más en la economía real. A comienzos de esta semana conocimos algunos indicadores que corroboran esa preocupación. En primer lugar, en marzo se perdieron 23.000 puestos de trabajo asalariados en el sector privado y totalizan, en los primeros cuatro meses de gobierno de Milei, 95.000 puestos destruidos. A su vez, las perspectivas hacia delante van en el mismo sentido: se espera para abril la pérdida de otros 28.000 puestos. A este declive se suma el sector público, en el que se destruyeron desde noviembre 22.000 puestos asalariados, y el sector de trabajo en casas particulares registrado, que perdió otros 9.000.
Esto se explica por un derrumbe inaudito de la actividad económica: a marzo, la caída en términos interanuales alcanzó 8,4%. En abril y mayo, por su parte, indicadores relacionados con la actividad como la recaudación de IVA interno y de impuesto al cheque arrojaron derrumbes interanuales de entre 11,5 y 24,5%.
En el análisis intermensual desestacionalizado, los datos en mayo muestran divergencia: mientras que la producción de autos cayó otro 10,2%, el índice construya repuntó 3,2%. El Ministerio de Economía, de hecho, publicó un cuadro con el que intentaba mostrar la recuperación “en V”. No obstante, del mismo cuadro se desprende que la mitad de los indicadores de mayo continúa en caída, mientras que la otra mitad muestra una ligera mejora pero en niveles considerablemente más bajos que el año pasado, ya de por sí menor a 2022 producto de la sequía.
Por último, los salarios continúan en niveles extremadamente bajos: el dato oficial a marzo ubica tanto al promedio como a la mediana, 10 puntos por debajo de noviembre de 2023, 12 puntos por debajo de noviembre de 2019 y 30 puntos menos que en noviembre de 2015. Pareciera, entonces, que se consolida un nuevo piso de poder adquisitivo de los salarios en nuestro país.
En suma, el Gobierno seguramente celebre esta semana, pero las grandes mayorías continúan sumidas en una crisis muy profunda, sin atisbos de recuperación.
CB/DTC