Nueve de cada diez inquilinos que habitan en viviendas situadas en villas y asentamientos ubicados en barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentran debajo de la línea de pobreza y casi la mitad, en la indigencia, pese a que la gran mayoría de quienes son el sostén económico del hogar tiene empleo, son auxiliados con planes sociales o reciben ayuda alimentaria.
En ese contexto social, el 30% de los hogares inquilinos localizados en un territorio que agrupa a la Ciudad de Buenos Aires y a 40 municipios de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 35% de la población argentina, destina más del 50% de sus ingresos al pago del alquiler y el 43% tuvo que endeudarse con amigos, familiares, entidades financieras o prestamistas particulares, a una muy alta tasa de interés, para abonar el valor mensual de la vivienda.
En los barrios populares del AMBA, en tanto, el 75% de los hogares inquilinos no tiene un plazo establecido de duración del alquiler y solo el 11% posee un acuerdo por un periodo igual o superior al año. Las condiciones para alquilar, en resumen, se rigen sin un contrato escrito, más arbitrarias e inestables.
Los datos surgieron del informe “Alquilar en los barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires: Condiciones sociales, económicas y habitacionales” llevado a cabo por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios (EIDAES), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires (IGEO-UBA) a partir de un relevamiento de hogares inquilinos ubicados en más de 30 villas y asentamientos porteños y bonaerenses.
El informe caracterizó la situación de los hogares inquilinos de los barrios populares en el AMBA atendiendo sus condiciones socio-económicas y habitacionales; sus formas de acceso a la vivienda y las relaciones de alquiler que se establecen; y sus trayectorias residenciales.
Siete de cada diez inquilinos de las villas porteñas y los barrios bonaerenses incluyen entre sus ingresos subsidios y asignaciones sociales mientras que un 35,6% recibe mercaderías gracias a la ayuda comunitaria.
El documento indicó, además, que siete de cada diez inquilinos de las villas porteñas 31-31 bis, 15, 20 y 21-24, y los barrios bonaerenses Amancay (Escobar), Las Tunas (Tigre), Los Cedros y Los Hornos (Moreno), La Victoria, Santa Mónica y El Triunfo (Esteban Echeverría); 14 de Febrero (Almirante Brown), Santa Catalina (Lomas de Zamora); Papa Francisco (Quilmes), entre un total de 32 relevados en el AMBA, incluyen entre sus ingresos subsidios y asignaciones sociales -mayoritariamente beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y el Potenciar Trabajo- mientras que un 35,6% recibe mercaderías gracias a la ayuda comunitaria.
También indicó que el 22,7% de los hogares inquilinos habita en condiciones de “hacinamiento crítico”, un concepto que representa la presencia de más de tres personas por ambiente, y el 38% comparte la vivienda con otra familia. En cuanto a la calidad del hábitat, más de la mitad de las personas encuestadas vive en condiciones deficitarias, con problemas de plagas, higiene, accesibilidad y alumbrado, entre otros.
Para Catalina Marino, politóloga y coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la ACIJ, una política de urbanización de los barrios populares “beneficiaría la situación de los inquilinos en términos generales”.
“Todo proyecto de integración social mejora las condiciones de vida de la población. En la medida que uno pueda tener inversiones públicas que garanticen el acceso a la infraestructura, hogares con mejor iluminación y ventilación, la calidad de vida de esos inquilinos mejora”, evaluó Marino en declaraciones a elDiarioAR.
El informe elaborado por ACIJ, CELS, la EIDAES y el IGEO-UBA señaló que los hogares en donde las mujeres son el principal sostén económico “presentan una situación significativamente desfavorable tanto en relación a calidad de la vivienda como al hábitat: el 63,3% de quienes alquilan una vivienda inadecuada y el 66,7% de quienes viven en un hábitat deficitario son hogares encabezados por mujeres”, destacó el documento. En el caso de las viviendas con una jefatura femenina, el 38% de ellas destina la mitad de los ingresos al alquiler frente al 21% de los de jefatura masculina.
El 22,7% de los hogares inquilinos habita en condiciones de “hacinamiento crítico”, un concepto que representa la presencia de más de tres personas por ambiente, y el 38% comparte la vivienda con otra familia.
Acerca del acceso al mercado de alquileres, el relevamiento agrega: “La incertidumbre habitacional afecta particularmente a los hogares en donde el principal sostén económico es la mujer: en los alquileres pactados por un período menor a tres meses, el 66,7% de los casos son mujeres, mientras que en los alquileres de más de un año representan solo el 36%”.
Entre las dificultades encontradas para el acceso a un alquiler en barrios populares se encuentran tener menores de edad a cargo (42%) y restricciones económicas (25%). Solo el 16% de los encuestados mencionó la falta de garantías o avales como una dificultad. Por su parte, casi siete de cada diez inquilinos encuestados se mudaron al menos una vez en los últimos cinco años debido a que no llegaron a renovar el acuerdo con el propietario (24%), la imposibilidad para pagar el alquiler (16%) o porque fueron desalojados (9%).
“En los barrios populares el acuerdo o la renovación de un vínculo no se rige por la vigencia o las modificaciones a la Ley de Alquileres. El impacto de su derogación, por ejemplo, no sería tan alto porque igualmente los contratos son informales, por plazos a veces no estipulados y los aumentos del valor son discrecionales”, indicó Marino. Sin embargo, la norma que el presidente Javier Milei, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) busca derogar dispuso la creación de un programa nacional de alquiler social para los inquilinos de menor poder adquisitivo, que, sin embargo, nunca fue implementado por el gobierno de Alberto Fernández.
La iniciativa, hasta que sea derogada, prevé la “adopción de medidas que tiendan a facilitar el camino a una vivienda digna en locación mediante una contratación formal” para un universo que contempla a víctimas de violencia de género, adultos mayores y a quienes se encuentren en una situación de vulnerabilidad. La ley estipula que puedan ser beneficiarios de garantías de fianza o seguros de caución para contratos de alquiler de viviendas, como también la creación de líneas de subsidios o créditos blandos y el diseño de mecanismos que amplíen la oferta de inmuebles destinados a la vivienda. En el caso de los adultos mayores, la normativa contempla el trabajo conjunto de la Secretaría de Vivienda y la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) para facilitar el acceso al alquiler a personas jubiladas, pensionadas y titulares de la prestación por desempleo. En tanto, la ley en riesgo de ser eliminada también promueve la creación de un seguro obligatorio que cubra la falta de pago de alquileres. “La derogación de la ley eliminaría la posibilidad de pensar un programa de alquiler social justamente que esté diseñado para sectores vulnerables” de la sociedad, sostuvo Marino.
Las dificultades para conseguir el acceso formal -caracterizado por la exigencia de garantías privadas o financieras, depósito, existencia de contrato de alquiler visado o no y acuerdos legales- a una vivienda en condiciones dignas motivó en las últimas dos décadas un incremento del mercado “informal” de alquileres en villas, asentamientos, hoteles pensión, inquilinatos y conventillos situados en los barrios populares del AMBA.
Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), los barrios populares son aquellos “comúnmente denominados villas, asentamientos y urbanizaciones informales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo”.
De acuerdo al RENABAPl, en la actualidad existen 6.467 barrios populares, en los que se estima que habitan 1.2 millones de familias a lo largo de un territorio de 684 kilómetros cuadrados, equivalente a tres veces la Ciudad de Buenos Aires. El 87% de esos barrios tiene más de 20 años de antigüedad. En el AMBA, el Registro muestra 2.065 barrios populares donde se estima que habitan más de 500.000 familias. Las provincias donde se localiza la mayor cantidad de barrios populares son Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Misiones.
Según el RENABAP, más del 60% de los barrios populares no accede formalmente al servicio de energía eléctrica, el 90% no tiene servicio de agua corriente, el 97% no cuenta con conexión a la red cloacal y el 99% no accede a servicio de red de gas natural. Con respecto al mercado de alquileres en barrios populares, se estima que de las 711.777 viviendas relevadas a nivel nacional, unas 19.196 (2,7%) son alquiladas. A partir de esos mismos datos, de las más de 23.000 viviendas relevadas en los barrios populares, el 14,5% son alquiladas. En los partidos bonaerenses que forman parte del AMBA, se estima que el 3,45% de las viviendas se encuentran alquiladas.
GT/MG