Sobre el final de un año en el que, con esfuerzo y “contabilidad creativa”, los números parecían haber cerrado, una decisión de la Corte Suprema alteró los nervios de los funcionarios del Ministerio de Hacienda. Mientras se resuelve la cuestión de fondo, el tribunal concedió una cautelar que le devuelve a la Ciudad de Buenos Aires parte del porcentaje de coparticipación que le retiró la Nación –vía decreto presidencial ratificado luego por el Congreso– en 2020. Según dispuso, volverá a participar de un coeficiente del 2,95% en lugar del 1,4% que regía hasta ahora.
El fallo asegura que no generará un efecto sobre las provincias, porque la cuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires “se detrae únicamente de los fondos que le corresponden precisamente a la Nación en la distribución primaria”. Es decir, que el esfuerzo lo deberá absorber y administrar el ministro Sergio Massa.
Según cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), esta modificación implicaría un gasto público nacional extra de entre 0,12% y 0,13% y la pregunta que se abre es de dónde sacará el Palacio de Hacienda los recursos. Hay tres circunstancias que lo condicionan: el dinero que se le retiró a la Ciudad en 2020 fue reasignado, el Presupuesto para el año 2023 ya está cerrado y la Argentina tiene un compromiso rígido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para bajar el déficit fiscal a 1,9% el año próximo.
Cuando Nación recuperó parte de la coparticipación que recibía la Ciudad –que había sido aumentada del 1,4% al 3,5% durante la gestión del gobierno aliado de Mauricio Macri– volcó ese dinero a un Programa de Fortalecimiento de Seguridad, que incluye infraestructura y recursos para el personal de las fuerzas de seguridad bonaerense. La decisión respondía, en parte, a una estrategia de contención de las protestas de la Policía bonaerense, que en septiembre de 2020 llevó sus manifestaciones hasta la puerta de la Quinta de Olivos.
Por eso, cerca del gobernador Axel Kicillof crece la preocupación. En un escenario con poco margen de acción, aparece un escenario posible en el que se recortan parte de los fondos que se le otorgaron. La vicegobernadora, Verónica Magario, compartió un comunicado del PJ bonaerense en el que se habla de una “corte servil y porteñocentrista que avanza sobre el desarrollo federal”. Más allá de lo económico, recortarle fondos a Kicillof en un año electoral no parece una opción sencilla desde lo político.
“De algún lado la plata tiene que salir”, comenta un economista de la órbita de la gestión provincial. “Si asumimos que el déficit viene dado por el acuerdo con el Fondo y los ingresos no se pueden subir porque no hay acuerdo en el Congreso para tocar impuestos, la salida es menos gasto. ¿De dónde? No lo sé”.
Este mes, en la última misión oficial que hizo la comitiva argentina al FMI, se verificó a nivel técnico el cumplimiento de las metas cuantitativas al cierre del tercer trimestre y el organismo destacó en un comunicado oficial que “a pesar de los desafíos, consecuencia también de la guerra en Ucrania, se cumplieron todos las metas cuantitativas de desempeño hasta fines de septiembre de 2022”. Además, aclaró que no habrá cambios en los objetivos clave ni este año ni el próximo; en 2023 se deberá cumplir con la baja del déficit del 2,5% del PBI de este año al 1,9%.
DT