En las últimas semanas la secretaria de Comercio interior, Paula Español, apuntó en su cuenta personal de Twitter directamente contra grandes empresas argentinas de consumo masivo por incumplir con el programa de Precios Máximos. Este programa, que está vigente desde marzo de 2020 y fue pensado como una herramienta de emergencia frente al inicio de la pandemia, es por estas horas el nudo del conflicto del Gobierno con los hombres y mujeres del rubro de consumo masivo.
Las empresas piden que se derogue Precios Máximos, que es obligatorio, alcanza a toda la categoría de alimentos de la canasta básica, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza y obligó a las firmas a ajustar precios muy por debajo de la inflación en 2020. O, al menos, solicitan que se avance con el desenlistamiento de productos que el Gobierno prometió como herramienta para ir desarticulándolo de manera progresiva. A cambio, proponen mantener su participación en Precios Cuidados —que existe desde 2014, es voluntario y alcanza solo a una canasta de productos acordada voluntariamente con las firmas— y contribuir a una nueva canasta de entre 100 y 200 productos que llegue a los comercios barriales.
Con la preocupación central de la inflación, que supera mes a mes las peores proyecciones oficiales, en el Gobierno consideran que no es momento para soltar ningún producto. “Las avivadas están a la orden del día”, dicen puertas adentro. Se refieren a ardides de marketing que no son nuevos, pero que reaparecen en contexto de fuertes controles de precios como una estrategia para evadirlos.
La maniobra que actualmente está bajo el radar de la Secretaría de Comercio es la que involucra a los “productos mellizos”. El programa Precios Máximos se estructura por los códigos de barra de los productos y una estrategia que emplean algunas empresas para quedar fuera de su monitoreo es crear un producto supuestamente nuevo, con un nuevo código de barra y un precio nuevo, pero que tiene en realidad solo alguna modificación mínima respecto de otro que ya existe.
Por caso, la secretaría de Comercio imputó por este motivo a la multinacional Mondelez, que en el caso de las galletitas Oreo realizó dos presentaciones casi idénticas del producto, con la diferencia de un gramo en el contenido, pero con una suba de precio de alrededor del 50%. También en el caso de las Pepitos Original: ambas presentaciones, de 118 y 119 gramos respectivamente, tienen una brecha de precio del 50% y solo se diferencian en que el segundo producto contiene “chispas (de chocolate) Cadbury” y no solo chispas.
Además, la secretaría que conduce Español imputó a Arcor por una maniobra similar en las galletitas Sonrisa y a Pepsico por una presentación de palitos salados con una diferencia de 6 gramos y un alza de precio del 15%. También a la marca Nestlé por ofrecer un café instantáneo Nescafé igual al ya existente pero con la inscripción “Estamos re-creando nuestro envase, dale nueva vida al frasco” en color verde y 40% más caro.
Todas las empresas mencionadas anteriormente fueron consultadas por elDiarioAR, pero se limitaron a señalar que ya hicieron el descargo correspondiente. En el caso de Mondelez, sumaron que se trató de un “malentendido” que está en vías de ser aclarado.
Para Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política (CEPA), la de los productos mellizos es una maniobra que permite “desnaturalizar” la función que tienen los programas oficiales de precios. “Son productos de características muy similares donde el rotulado genera cierta confusión para el consumidor e inhabilita la razón central, la esencia del programa, que es que sea un programa de precios de referencia para el resto de los productos del mismo segmento”, dijo.
Los mencionados anteriormente son los casos denunciados formalmente hasta el momento por la Secretaría de Comercio, pero quienes recorren habitualmente las góndolas pueden identificar muchos otros. Mayonesas que pese a tener el mismo contenido varían de precio según la tipografía del envase o lavandinas mucho más caras de acuerdo a su aroma.
Según pudo saber este medio, por estas horas las Secretaría de Comercio monitorea esta metodologías en yerba, cereales, dulce de leche y lácteos, entre otras categorías. En el caso de que efectivamente se acrediten las conductas advertidas, las multas para cada una de las empresas pueden ascender a un máximo de $550 millones.
Para intentar controlar la proliferación de este tipo de prácticas el Gobierno creó el Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (Sifire). Según se argumenta oficialmente, al examinar los rótulos y etiquetas de los productos se evitan ventajas comerciales por incumplimientos al régimen legal aplicable, se impide la existencia de vacíos informativos y la inclusión de mensajes con expresiones ambiguas o incompletas que induzcan a una decisión de compra equivocada.
El desabastecimiento es otra de las maniobras que utilizan algunas empresas para evitar ofrecer productos que, según sus cuentas, están por debajo de sus márgenes de rentabilidad. De hecho, el Gobierno también avanzó en febrero pasado con once imputaciones a grandes compañías por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización.
Letcher señala que, si bien no se ve tanto en la actualidad, en otros momento de precios fuertemente regulados una estrategia utilizada por las marcas y los supermercadistas era no poner los productos regulados en las góndolas pero tenerlos en el depósito en caso de que hubiera una inspección. También la poca visibilidad de los productos alcanzados o la falta de cartelería.
Otra maniobra empresarial, que excede al contexto de los programas de control de precios pero que también está bajo el radar del área de Comercio Interior, son las ofertas que no son tales. En reiteradas ocasiones se corroboró que, varias de las empresas que participaron de las jornadas de descuentos Hot Sale y Cyber Monday no comercializaron productos o servicios que presentaran “condiciones únicas o novedosa” en el marco de la campaña comercial. Se detectaron infracciones en ofertas promocionadas como exclusivas para ventas online durante los eventos que resultaron estar a precios idénticos a los existentes previamente. Por eso se decidió sancionar a las empresas Mercado Libre y Suavestar, por $2 millones cada una, tras incluir en las ofertas del Hot Sale productos a precios idénticos a los existentes previamente.
DT