Cuando a inicios de mayo la Policía Federal (PF) de Brasil requisó el teléfono celular de Jair Bolsonaro en su casa de Brasilia, el ecosistema de desinformación de la extrema derecha brasileña se quedó fuera de juego.
Pleno News, uno de los epicentros de bulos del país, se limitó a destacar que la policía no había retirado el pasaporte al expresidente. Sus asesores, mientras, intentaban minimizar la acción policial y afirmaban que Bolsonaro cambiaba de móvil cada tres meses, no usaba la nube y no hacía copias de seguridad.
La orden judicial que llevó a los agentes a la casa del líder ultraderechista estaba vinculada a la falsificación de tarjetas de vacunación contra el COVID-19 de miembros de su Gobierno que no se habían vacunado.
Era considerada una denuncia menor, entre las muchas que amenazan a Bolsonaro. Sin embargo, el nerviosismo reinaba ya en el entorno del polémico expresidente. Unos días antes del registro policial, a cinco de sus colaboradores más íntimos les requisaron sus teléfonos móviles.
El mazazo definitivo llegó a inicios de junio, cuando Alexandre de Moraes, presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), puso fecha al primer juicio que puede llevar a Bolsonaro a perder sus derechos políticos. Tras la primera sesión este jueves, y las próximas, fijadas para los días 27 y 29 de junio, siete jueces tomarán una decisión que alterará la política brasileña.
Un juicio crucial
Todo apunta a que Bolsonaro no podrá ser candidato a ningún cargo político hasta 2030. Inicialmente, la denuncia del centro izquierdista Partido Democrático Trabalhista (PDT) apenas estaba relacionada con el encuentro que el expresidente tuvo el 18 de julio de 2022 con embajadores extranjeros en el Palacio da Alvorada, la residencia oficial de la Presidencia. En dicho encuentro, cargó contra el sistema político y cuestionó las urnas electrónicas empleadas en Brasil.
La reunión, celebrada a las puertas de las elecciones de 2022, provocó una verdadera tormenta: YouTube retiró el vínculo que registró el encuentro y la Justicia multó a Bolsonaro con 20.000 reales (unos 4.000 euros) por uso electoral de la máquina pública. De acuerdo a la acusación, ese día incurrió en “abusos de poder y económicos” y en “uso indebido de los medios públicos”, al valerse de la residencia oficial de la Presidencia para esa reunión y ordenar su transmisión por la televisión pública.
El Ministerio Público Electoral, que vela por el cumplimiento de la ley electoral, considera esa reunión con diplomáticos como la punta del iceberg delictivo del expresidente. Además, el PDT sostuvo que Bolsonaro “buscó la adhesión de países extranjeros para, en caso de promover un golpe de Estado, obtener apoyo con la tesis de que el proceso electoral no habría sido confiable y sería el resultado de un fraude”.
“La reunión con los embajadores es fruto de una secuencia de ataques que ocurrió a lo largo de meses. Había una estrategia sistemática de producción y diseminación de desinformación contra el proceso electoral”, afirma Ademar Borges, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.
Por ese motivo, el Tribunal Superior Electoral va a analizar varios presuntos casos de abuso de poder: uso de la máquina pública con fines electorales, diseminación de desinformación y ataques al sistema electoral.
Acusaciones por “actos golpistas”
En los últimos días, el juicio ha dado un giro que deja a Bolsonaro en una posición extremadamente delicada, porque el tribunal va a relacionar las acusaciones de abuso de poder con los actos golpistas de Brasilia del 8 de enero. Benedito Gonçalves, relator oficial del proceso judicial, ha aceptado como prueba la minuta encontrada en la residencia de Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro, con instrucciones para dar un golpe de Estado.
Las quinielas son unánimes: el líder de la ultraderecha brasileña probablemente no podrá ser candidato en los próximos ochos años. La única duda parece ser el resultado de la votación: si perdiera por cinco a dos gracias a los dos jueces que él mismo nombró durante su mandato, sería el resultado más favorable. Pero dada la abundancia de pruebas delictivas, no se descarta que el expresidente obtenga seis votos desfavorables a uno o, incluso, siete a cero.
Incluso si Bolsonaro saliera libre de acusaciones, al menos 15 procesos vinculados a las elecciones podrían provocar que dejara de ser elegible como candidato.
El cerco judicial sobre el exmandatario se extiende por todo el país: desde que perdió el foro privilegiado el pasado 1 de enero, el Supremo ha remitido a juzgados de primera instancia cientos de denuncias contra él. El Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, que costea la defensa de los juicios, estima que el número de procesos ya supera los 600.
Más de 600 procesos
Uno de los cientos de procesos es la causa por incitación a la violación que pasa a la Justicia del Distrito Federal, originada en 2014, cuando Bolsonaro dijo que la diputada Maria do Rosário “no merecía ser violada porque era muy fea”.
Aparte de las denuncias relacionadas con ataques a la democracia, el expresidente acumula procesos por varios motivos. Por ejemplo, la divulgación de falsedades contra las vacunas y la incitación a no usar mascarilla durante la pandemia. Otra denuncia, por intervenir en la independencia de la PF, divulgando incluso datos sigilosos, fue interpuesta por el juez Sérgio Moro, que encarceló a Lula y llegó a ser ministro de Justicia de Bolsonaro.
Además, la acusación de genocidio contra el pueblo indígena Yanomami, protocolada por el Ministerio Público, preocupa especialmente al expresidente, pues existe suficiente jurisprudencia en Brasil para condenarlo. La denuncia por genocidio a los pueblos indígenas ya había llegado a la Corte Penal Internacional de La Haya en agosto de 2021, de la mano de la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib).
En ese tribunal con sede en Países Bajos, Bolsonaro acumula seis demandas que van del genocidio a toda la población brasileña y la gestión de la pandemia a crímenes contra la humanidad por incentivar la deforestación amazónica.
Por otro lado, el escándalo más escabroso tiene que ver con las joyas de Arabia Saudí que el entonces mandatario intentó robar al Estado brasileño: Bolsonaro está acusado de apropiación de dinero público por haber intentado quedarse con varios paquetes de joyas, donadas por el Gobierno saudí a Brasil. El expresidente entró al país sin declarar en la aduana dichas joyas de gran valor, habiendo llegado a activar a diplomáticos y ministros para maniobrar y colocarlas en su acervo personal.
La carrera de Bolsonaro puede que esté llegando a su fin. Sin embargo, en su partido se frotan las manos. El expresidente, conocido como “mito” por sus seguidores, pasará a ser un mártir si es encontrado culpable y pierde sus derechos políticos.
Mônica Bérgamo, una de las periodistas políticas más prestigiosas del país, ha revelado que Waldemar Costa Neto, presidente del PL, ha comentado a sus asesores que aspira a conseguir un 20% de cargos con Bolsonaro inelegible gracias precisamente al mito.