El gobierno de Javier Milei tenía la posibilidad de elegir presidente y vicepresidente del directorio de Radio y Televisión Argentina, además de a los directores de la TV Pública y Radio Nacional, de todos los canales de Contenidos Públicos –como Encuentro, Pakapaka y Deportv–; autoridades de Télam y decenas de funcionarios de eso que llamamos “medios públicos”, pues no hace falta recordar que los medios administrados por el Estado brindan numerosas oportunidades a los gobiernos para influir en muchos de sus aspectos, desde su rumbo editorial hasta los conductores o actores que trabajan en sus programas. El Gobierno optó, sin embargo, por una figura que tiene mucho de simbólico: un interventor, como alguien que llega “de afuera” a explorar quirúrgicamente un territorio desconocido, ajeno.
El caminito recorrido frenéticamente a nivel regulatorio fue así: el mega DNU derogó el régimen de Sociedades del Estado y las transformó en Sociedades Anónimas, la ley ómnibus fallida incluyó a todas estas empresas públicas y a muchas otras en un listado que las declaraba sujetas a ser privatizadas. En el medio, los medios pasaron a la órbita de la Jefatura de Gabinete, lo cual precedió al último paso: la intervención, a cargo de Diego Chaher, un ejecutivo histórico del Grupo América, en cuyos canales de aire y cable Milei dio sus primeros pasos como figura televisiva, gracias a la influencia de un socio minoritario del Grupo, Eduardo Eurnekian, y la persistencia de “los padres de la criatura”, como él mismo los llamó, Mauro Viale y Alejandro Fantino. Lo secunda en esta tarea Diego Marías, ex legislador porteño por el PRO, entre otros cargos.
En lugar de entender la especificidad de cada dependencia, la intervención abre una bolsa de consorcio en la que metió una agencia de noticias, un portal de recursos educativos, canales con fines educativos, culturales y deportivos, otros de actualidad y un sistema de más de 50 emisoras, entre otras cosas. La estrategia del grosso modo es coherente con el DNU de las 300 leyes derogadas o modificadas y la ley de los 600 artículos: hay que hacer un esfuerzo, realmente, para ver en Educ.ar, un portal de educación y tecnología que brinda recursos para docentes y tiene una capilaridad territorial masiva forjada en más de 20 años de existencia, algo de naturaleza similar a Télam, una agencia de noticias que tiene un creciente rol en la provisión de información e imágenes a los medios periodísticos privados.
Los medios de comunicación intervenidos también difieren mucho entre sí. TV Pública es un canal de más de 70 años, 1.043 empleados, estudios, noticias y producción en vivo; mientras que Contenidos Públicos S.E. agrupa marcas nacidas y crecidas post internet, 245 empleados y se originó como un sistema de producción delegada en productoras externas y articulado con el sistema educativo, aunque DeporTV sumó transmisión en vivo de eventos deportivos. A fines del año 2015 dejó de ser parte del Ministerio de Educación. Eso, por dar sólo un ejemplo.
Hay particularidades institucionales significativas también. A diferencia de los canales de Contenidos Públicos, Canal 7 y Radio Nacional, como parte de RTA S.E., están gobernados por un directorio que tiene representación de las minorías parlamentarias, como describe la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual después de una larga discusión que actualizó el rol de estos medios. No es perfecto, muchas veces operó incompleto, y no puede deshacerse de una paradoja de origen: empezó a funcionar durante los gobiernos de Cristina Kirchner cuando la pantalla conoció niveles inéditos de polarización. Pero aun así, que las minorías parlamentarias formen parte de las decisiones del canal público hace ya una década y tengan acceso a la información es un avance notorio y relevante en la historia de los medios administrados por el Estado, en comparación con la opacidad total que existía antes (en serio, han pasado cosas demasiado ridículas y no hace tanto: en los 90, por ejemplo, la oposición de entonces quiso conseguir el contrato de ATC con Mauro Viale y una autoridad dijo que ventilar ese número le daba ventaja a los canales comerciales). Y, sobre todo, es un hecho que no debería ser ninguneado por una intervención. Pero el decreto que la establece menciona que los funcionarios reemplazan directorios o presidentes de directorios y que especialmente deberán cumplir con las tareas descriptas en el decreto, dando cuenta de que menosprecian lo que significa un órgano de gobernanza con participación de las oposiciones en los medios estatales. (En su declaración sobre la ilegalidad de la intervención, FATPREN también mencionó que presentó un amparo al artículo de las sociedades del Estado del decreto original que tramita el fuero Contencioso Administrativo Federal).
A la vez, hablar de cada uno de estos medios y su rol, impacto y potencial social requiere de datos específicos de su funcionamiento, caso por caso, y un análisis que los vea como lo que son: políticas públicas sostenidas por argumentos y objetivos mensurables. Ese debería ser el horizonte para desarmar eso que viene como un bodoque. En áreas como la comunicación o la cultura, el mileismo es menos la negación de “la militancia en el Estado” que la negación de la tecnocracia, de un saber hacer estatal que se rechaza como parte de sus bases. Si el “Estado es un pedófilo”, no necesitamos expertos en pedofilia sino a sus liquidadores.
Las declaraciones recientes de Hernán Lombardi muestran la transformación de un tipo de narrativa en torno al Estado al que hoy se describe, directamente, como “incorregible”: el ahora diputado estuvo a cargo del Sistema Federal de Medios Públicos entre 2015 y 2019. Asumió entonces acusando a esos canales, especialmente la TV Pública, de propagandista y militante. Entre otras medidas, llamó a un profesional de la producción televisiva como Horacio Levin, que armó una programación y tuvo en su pantalla por un tiempo programas periodísticos plurales, hasta que esa idea original se fue desmoronando y la gestión de Lombardi quedó enmarcada en la creciente y explícita hostilidad con los sindicatos de la TV Pública –también por el despido de 354 empleados de Télam–, sin innovaciones institucionales. Ahora, en declaraciones en Splendid 990 ante el periodista Diego Schurman, fue directo: “Yo creo que hay que cerrarlos directamente. Soy un poquito más drástico”. Agregó: “Son un gasto. En Argentina no son una inversión y cada vez que los toma un gobierno de signo kirchnerista los usa como herramienta de propaganda”. Ante la pregunta de Schurman de si no hay que hacer funcionar bien algo que funciona mal, Lombardi esbozó una autocrítica que podría leérsela como una clave de época: “No, yo lo intenté. Estás hablando con alguien que lo intentó”. Y luego hizo una salvedad para las radios de frontera, que deberían quedar a salvo del cierre según su mirada.
Más allá de lo que suceda a partir de ahora con la intervención, su mera existencia y alcance parecen ser más bien la consecuencia de un ánimo de shock poco interesado en las particularidades. Pero esos detalles existen, así como las buenas prácticas estatales. Y más temprano que tarde, será momento de abrir la bolsa de consorcio y poder transmitirle a la sociedad por qué y para qué esas dependencias son parte del Estado. También, de volver a imaginar proactivamente una gobernanza para cada uno de los medios públicos en el siglo XXI.
NS/DTC