Julian Assenge, fundador de Wikileaks, permanecerá en prisión condicional hasta que se resuelva el recurso sobre la extradición a EEUU, según ha fallado hoy la jueza Vanessa Baraitser. La jueza rechazó el lunes en primera instancia su extradición a EEUU por motivos de salud, pero EEUU ha anunciado que recurrirá la decisión. Baraitser alega que Assange tiene “grandes redes de apoyo” que le permitirían evitar la extradición si así lo resuelve el juez en el recurso anunciado por EEUU. La jueza ha añadido que Wikileaks asistió a Snowden en su viaje a Rusia.
Assange lleva encarcelado en la prisión londinense de Belmarsh desde abril de 2019, cuando Ecuador le retiró la protección diplomática y fue finalmente detenido en la embajada. Si finalmente es extraditado a EEUU, Assange se enfrenta a una pena de hasta 175 años de prisión por 18 cargos de espionaje y fraude informático.
“Assange debe ser puesto en libertad de manera inmediata, rehabilitado e indemnizado por el abuso y arbitrariedad a la que ha sido expuesto”, había denunciado este martes Nils Melzer, relator especial de la ONU sobre tortura. “Incluso con un recurso pendiente, su aislamiento continuo en una prisión de alta seguridad es completamente innecesario y desproporcionado. No hay ninguna justificación para impedirle esperar el fallo final en un lugar en el que se pueda recuperar y en el que pueda vivir una vida familiar y profesional normal”.
A pesar de rechazar la extradición por motivos de salud, la jueza confirmó el argumentario de EEUU en materia de libertad de expresión y el mismo que tanto ha preocupado a las organizaciones internacionales de derechos humanos por el papel que puede tener en la persecución de periodistas. Esto puede perjudicar a Assange en el recurso.
“Esto plantea una grave preocupación”, ha afirmado Melzer. “Ninguna de estas cuestiones [libertad de prensa] será revisada por el Tribunal de Apelación, dado que el único tema en juego será la aptitud médica de Assange para soportar las condiciones de la detención en EEUU”, ha afirmado Melzer. “Si EEUU ofrece garantías de que Assange será tratado de forma humana, su extradición se podría confirmar en el recurso sin ninguna revisión significativa de las graves preocupaciones legales que plantea el caso”, ha añadido el relator especial de la ONU.
Poco después del fallo judicial del lunes sobre la extradición, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ofreció asiló político a Assange: “Voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que haga los trámites correspondientes para que se solicite al Gobierno de Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político”. Esta oferta ha sido recogida por el representante de los intereses estadounidenses en la sesión de este miércoles como argumento a favor de la prisión condicional. El equipo de defensa de Assange ha señalado que la oferta de México es solo para cuando concluya todo el proceso judicial de extradición.
El recurso sobre la extradición hará que sea el gobierno de Biden el que tenga que gestionar el caso en los próximos meses. Zachary Terwilliger, el fiscal federal que acusa a Assange en EEUU vive sus últimos días en el cargo y ha afirmado que “será interesante ver lo que ocurre con el caso”. “Habrá que tomar algunas decisiones. Algunas de ellas sobre dónde concentrar los recursos y las energías”, ha añadido sugiriendo que puede haber cambios en la posición estadounidense.
“Con suerte esta decisión judicial pondrá fin a la persecución y encarcelamiento de Assange como individuo, pero desde una perspectiva más amplia establece un precedente devastador y debilita gravemente la libertad de prensa, la rendición de cuentas y el estado de derecho”, ha afirmado Melzer.
Multitud de organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional, el Comité para la Protección de los Periodistas, The European Centre for Press and Media Freedom y figuras políticas como la comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, han celebrado la no extradición, pero también han mostrado su preocupación por las consecuencias y el precedente que fija el caso en la libertad de prensa.
De la embajada a la prisión
Assange fue detenido en abril de 2019 por agentes británicos que irrumpieron en la embajada de Ecuador en Londres. Ecuador le concedió el asilo en 2012 y desde entonces Assange vivía en la embajada. Horas antes de su detención, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció por Twitter la retirada del asilo diplomático por considerarlo “insostenible”. El arresto se produjo a petición de EEUU.
En 2010, la Fiscalía de Suecia ordenó la detención de Assange, acusado de violación y abuso sexual, y Suecia emitió una orden europea de detención. Reino Unido aceptó extraditarle y Assange entonces pidió asilo en la embajada de Ecuador. Assange dijo que este proceso era una excusa para su extradición a EEUU, donde podría ser juzgado por la filtración masiva de documentos secretos en 2010 a través de Wikileaks. Finalmente Suecia archivó el caso en noviembre de 2019.
Poco después de su detención en la embajada de Ecuador en Reino Unido se publicó una acusación penal formal de EEUU en la que se le acusa de conspirar para piratear una red informática secreta del Pentágono. Los fiscales anunciaron posteriormente 17 cargos adicionales contra Assange por la publicación de cientos de miles de cables y archivos diplomáticos secretos, sobre todo de las guerras de Afganistán e Irak.
El relator especial de la ONU para casos de tortura, Nils Meizer, aseguró en una entrevista publicada en elDiario.es que Assange no intentó en ningún momento huir de la justicia sueca. “Cuatro países democráticos unieron fuerzas [Estados Unidos, Ecuador, Suecia y el Reino Unido] para aprovechar su poder y retratar a un hombre como un monstruo para que luego pudiera ser quemado en la hoguera sin que nadie protestara”.