Cuando hace algunos años se propagó el fastidio popular en relación a lo que se hace “con la nuestra”, faltaba precisar quiénes son las aportantes mayoritarias a ese fondo “nuestro” que son las arcas del Estado. No por el abuso de la hipérbole la sentencia mediática que dice que una política pública se financió “con el IVA de la leche de los chicos pobres” deja de ser cierta.
No obstante, para que el efecto de verdad de la frase se condiga con el funcionamiento de la política tributaria, necesita algo más de precisión: quienes pagan ese impuesto son, en su mayoría, las mujeres de los sectores empobrecidos de la sociedad.
En Argentina, la recaudación estatal no es equitativa. Un sistema justo debería gravar más a quienes tienen mayores ingresos y riquezas, pero en cambio, predominan los impuestos indirectos y regresivos, como el IVA. Según datos de ACIJ, en el año 2022, el 43% de la recaudación provino del IVA, mientras que sólo un 3,12% fue aportado por el Impuesto a los Bienes Personales, que grava a los más ricos.
En América Latina y el Caribe las personas más pobres dedican hasta un 45% de sus ingresos, según la campaña Date-cuenta.org, a pagar impuestos sobre el consumo de bienes y servicios. Mientras el 1% más rico sólo paga un 20% de su renta en impuestos. Paradójicamente las personas más pobres son quienes proporcionalmente dedican una mayor parte de sus ingresos al pago de impuestos.
Desde diversas organizaciones internacionales y nacionales se discute la relevancia del sistema tributario para abordar la desigualdad. En la cumbre del G20 que tendrá lugar en noviembre en Río de Janeiro el gobierno de Brasil, propondrá un acuerdo de cooperación internacional sobre justicia fiscal que incluye un impuesto mínimo global a la renta de los multimillonarios. El mundo discute cómo garantizar una justicia fiscal sin vulnerar la soberanía nacional y, dentro de esta discusión, la perspectiva feminista pone el ojo en cómo sistemas tributarios progresivos pueden, además, contribuir a reducir las brechas de género.
Para la economista Verónica Grondona, asesora senior en tributación internacional de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés), no tener en cuenta el rol de un sistema tributario progresista “implica no solo perder de vista una herramienta fundamental, sino también correr el riesgo de aumentar la inequidad de género con las políticas tributarias que se llevan adelante”. En las economías avanzadas, el impuesto a las ganancias a las personas humanas y las contribuciones a la seguridad social han demostrado haber reducido la brecha de género.
La perspectiva feminista, lejos de restar importancia a como recauda y distribuye el Estado, hace aportes para complejizar y hacer más eficiente la política tributaria en la búsqueda de mayores niveles de equidad. “El feminismo, como último movimiento masivo, creativo y transformador es quién puede tomar las banderas de una discusión fiscal seria”, señala la economista María Julia Eliosoff, directora de proyectos económicos y relaciones internacionales de la fundación alemana Friedrich Ebert en Argentina.
Según Eliosoff, “la recaudación se sostiene principalmente en el IVA, que afecta en especial a los sectores más empobrecidos y, justamente, feminizados. El sistema tributario y la recaudación en Argentina se sostiene principalmente por los aportes de las mujeres más pobres”.
Magdalena Rúa es contadora e investigadora, integrante del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), según ella “las mujeres y cuerpos feminizados son el sector que mayor presión fiscal recibe y, en general, con menores herramientas para aprovechar beneficios, exenciones y eludir el pago de impuestos”.
No solo las mujeres están sobrerrepresentadas en la pobreza, fenómeno que se conoce como “feminización de la pobreza”, sino que además, como observó Verónica Grondona junto con Corina Rodriguez Enriquez y Nicole Bidegain Ponte, “las mujeres están sobrerrepresentadas en las pequeñas y medianas empresas, las cuales tienen menos oportunidades para transnacionalizar su evasión y elusión fiscal”.
Otra manera que proponen la economía feminista de pensar la política fiscal y tributaria es evaluando el impacto del ajuste fiscal en la economía del cuidado. “Hoy el ajuste fiscal que se aplica, es decir, la política fiscal contractiva junto con las reformas tributarias regresivas —precisa Magdalena Rúa—, es una combinación fatal que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y cuerpos feminizados”.
En el mismo sentido, Eliosoff apunta que en un contexto de retraimiento del gasto como el que atraviesa Argentina, “son las mujeres las que están sosteniendo los derechos básicos: el recorte el gasto público refuerza el trabajo de cuidados que hacen las mujeres en los hogares, especialmente en los sectores de más bajos ingresos”.
Y además, como aporta Grondona, y señalamos al comienzo de esta nota, ellas “tienden a gastar una parte mayor de sus ingresos en productos básicos, debido que suelen tener a su cargo la responsabilidad por el cuidado de las personas —mayores o menores— dependientes, siendo en esa instancia afectadas por los impuestos al consumo”.
La perspectiva de género en la economía, además, pone el acento en que la inequidad del sistema tributario se expresa en la evasión y elusión fiscal. “Como las mujeres tienden a estar menos representadas en los deciles más altos de ingresos —señala Grondona—, y entre los accionistas de los grupos transnacionales, la tasa efectiva que pagan éstos, así como la manera en que las corporaciones y las grandes fortunas evaden o eluden los tributos, impacta también en la equidad de género del sistema”.
En definitiva, argumenta Rúa, los “flujos financieros ilícitos que utilizan esquemas abusivos y estructuras jurídicas en guaridas fiscales, favorecen la concentración de la riqueza, empeoran los niveles de recaudación y agudizan los niveles de desigualdad social”.
En este sentido, un elemento clave que explica la preocupación de muchos países en relación a la falta de coordinación internacional para enfrentar estos problemas, señala Eliosoff, es que “la evasión y la elusión de estos sectores de altos ingresos es una forma de desfinanciar a los Estados”, y eso repercute en toda la política, pero especialmente en la política social destinada a combatir las desigualdades.
El clamor por un impuesto mínimo global a los megarricos
El gobierno de Brasil, presidido por Lula Da Silva, y con Fernando Haddad en el Ministerio de Economía, encargó al economista francés —y discípulo de Thomas Piketty— Gabriel Zucman, una investigación sobre la viabilidad de generar una norma mínima global para que los países graven a los superricos. El informe se publicó bajo el nombre “Plan para un impuesto mínimo coordinado para las personas con un patrimonio neto ultra alto” (A blueprint for a coordinated minimum tax on ultra-high-net-worth individuals, en inglés).
Como señala la Iniciativa por Los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, los procedimientos para hacer efectiva esta propuesta son variados, como un impuesto a la renta presuntiva, un impuesto a la renta sobre un concepto amplio de renta o un impuesto al patrimonio de mínimo el 2% a los 3 mil más ricos del mundo. El resultado, hasta 250 mil millones de dólares de recaudación anual solo por cobrar el 2% anual de la riqueza de los milmillonarios. Si el impuesto se extiende a los centimillonarios, la recaudación podría aumentar hasta 140 mil millones de dólares adicionales.
Lula Da Silva se refirió a esta iniciativa en septiembre pasado en una gala de premiación organizada por la Fundación Bill y Melinda Gates: “El problema es que hoy hay en el planeta cinco megaempresarios que tienen más dinero que diez países. Eso no tiene explicación. No estoy en contra de los ricos, estoy en contra de que las personas sean pobres”, denunció ante una audiencia en la que estaba justamente Gates, una de las diez personas más ricas del mundo según la revista Forbes. Y completó: “No es posible que una persona sola tenga más dinero que Reino Unido o que Brasil, que es un país con 210 millones de habitantes”. En su opinión, el problema del hambre, que afecta a 733 millones de personas en el mundo, según un informe de cinco agencias de la ONU, “no es la falta de dinero”, sino “la falta de vergüenza” de los líderes mundiales.
Tanto en los análisis de Zucman, como en los realizados para el caso argentino se observa que el 1% más rico termina teniendo una tasa efectiva inferior de impuestos al resto de la población.
Para seguir abrevando con mirada de género en el caso argentino (donde las 7 personas más ricas del país que figuran en el listado de la revista Forbes para 2023 son todos hombres), según la información publicada por AFIP para el año 2022, señala Magdalena Rua, “los varones representaron el 70,2% del impuesto sobre los bienes personales y el 78,3% del impuesto determinado en las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias. Con la aplicación por única vez del impuesto a las grandes fortunas en 2021, también se hizo visible la masculinización de la riqueza, dado que Observatorio de Tributación y Género informó que el 76% de fondos aportados provenían de varones”.
La propuesta de Zucman y del gobierno de Brasil se hizo patente el 25 y 26 de julio pasado, cuando se reunieron los ministros de finanzas de los países del G20 y, por primera vez desde la creación de este grupo en 1999, llegaron a un acuerdo sobre la necesidad de reformar la manera en que se grava a los más ricos. Firmaron un documento y se comprometieron a discutir la viabilidad durante la Cumbre que tendrá lugar en noviembre en Río de Janeiro.
En declaraciones al diario Le Monde, Fernando Haddad explicó que la propuesta es hacer que lo cobrado con este impuesto “sea la base de la creación de un fondo internacional que sirva para resolver los problemas globales como la crisis climática o la lucha contra la pobreza”.
Esta iniciativa es acompañada por la opinión pública mundial, que apoya ampliamente una tributación justa de los ultrarricos. Según una encuesta de Ipsos realizada en los países del G20, el 67% de los encuestados cree que hay demasiada desigualdad económica y el 70% apoya el principio de que los ricos deberían pagar tipos impositivos más altos.
En este marco, la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, sostuvo la necesidad de una reforma impositiva progresista que incremente la presión impositiva sobre el capital y la propiedad, alineada con la propuesta que lleva el presidente de Brasil a la cumbre de países del G20. “Es crucial adoptar un enfoque progresivo, lo que significa asegurarse de que aquellos que pueden pagar más impuestos contribuyan con su parte justa. Gravar los ingresos de capital y la propiedad, por ejemplo, ofrece una forma relativamente progresiva de recaudar más ingresos fiscales”, señala un documento publicado en la página del FMI. Todo lo contrario a lo que propone Javier Milei en Argentina.
A contramano: la posición argentina
A comienzos de septiembre el presidente Javier Milei criticó al mandatario de España, Pedro Sánchez, por el anuncio de gravar con nuevos impuestos a los más ricos de ese país. El libertario lo calificó como un “depredador de riqueza”. El jefe de Estado español había dado una conferencia en la que anunció “nuevas acciones destinadas a acotar los privilegios desproporcionados que tienen y de los que se benefician ciertas élites de nuestro país” y adelantó que comenzarán a gravar fiscalmente “a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas”. Javier Milei reaccionó en la red social X con una descalificación: “(...) el socialismo es una enfermedad del alma aberrante (...) Dios proteja a los españoles de éste depredador de riqueza(…)”.
La política fiscal llevada adelante por Milei en sus primeros 10 meses de gobierno permite sospechar que la dirección de su gobierno va a contramano de la propuesta promovida por el G20. Milei aumentó los incentivos tributarios, a través del RIGI, y redujo la progresividad e impacto del impuesto sobre los bienes personales.
Las economistas feministas se refieren a estas medidas. Según Verónica Grondona, “existe el concepto, equivocado en mi opinión —y en la de muchos expertos y organismos internacionales-— de que otorgar incentivos tributarios es la solución para generar inversión. Sin embargo, no es ni el más efectivo ni el más transparente de los mecanismos de política fiscal para ello”.
Y, al mismo tiempo, ponen el foco en el impacto de género, como lo hace Magdalena Rúa: “las últimas reformas en materia tributaria contribuyen a ampliar los niveles de desigualdad social y de género. Entre ellas, podemos mencionar la reducción de la alícuota de bienes personales, que se reducirá año tras año hasta volverse una única alícuota muy reducida (del 0,25% en 2027) quitando la progresividad de la escala. El régimen de blanqueo más benevolente de la historia de nuestro país con los evasores. El RIGI que trae prebendas, reducción de alícuotas impositivas, amortización acelerada y muchos otros beneficios para el gran capital, sin requerir nada a cambio, no habiendo un régimen de empleo requerido, ni la obligatoriedad de liquidar divisas, entre otras cosas”.
Organizaciones y redes internacionales le entregaron al Gobierno de Brasil una petición con más de 1.5 millones de firmas provenientes del mundo entero solicitando que el G20 defina e imponga impuestos especiales a los multimillonarios. Entre los promotores de la iniciativa se encuentran Oxfam, Avaaz, Patriotic Millionaires, TaxMeNow, 350.org, Fight Inequality Alliance y WeMoveEurope.
En Argentina está trabajando sobre justicia fiscal con perspectiva feminista la red coordinada por ETFE, la iniciativa Date-cuenta y la Asociación Civil Lola Mora, entre otras organizaciones.
Este artículo fue producido por la Asociación Civil Lola Mora para incentivar acciones que apunten a la justicia económica en el marco de la discusión global promovida en torno a la Cumbre del G20 de 2024.
DM