Chile aplica desde el pasado 17 de mayo un estado de excepción constitucional en la región de La Araucanía y dos provincias de la Región del Biobío, debido a los hechos de violencia y delincuencia en el sur chileno, zona del conflicto mapuche. Esto permite la colaboración de las Fuerzas Armadas con la policía en las tareas de seguridad. Ahora, el Gobierno evalúa ahora extenderla también a la región de Los Ríos y Los Lagos.
Gabriel Boric declaró en una entrevista que “no descarto en ningún caso el uso de las herramientas que la Constitución me otorga para poder garantizar la seguridad de todas las personas. Creo que hay que verlo caso a caso, vamos a tener noticias al respecto esta semana”. “En el Gobierno anterior vivimos en la Región de La Araucanía varios meses bajo estado de excepción y ahora nos encontramos en esta situación. Nos vimos en la obligación de mantenerlo, pero tampoco se solucionó el conflicto”, continuó.
El conflicto en estas zonas del sur de Chile lleva décadas, y se debe a una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuches y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los pueblos originarios. Pese a las críticas a su predecesor, el expresidente Sebastián Piñera, por mantener la militarización en el sur y que prometió no seguir haciéndolo, Boric decretó poco después de asumir el estado de excepción.
Como novedad, lo instauró de manera “acotada”, militarizando solo las rutas principales. Esta medida se analiza como un fracaso del Ejecutivo, ya que tras semanas de negociaciones en el propio sector oficialista, no llegó a un acuerdo para impulsar el proyecto de “estado intermedio” que proponía la comunidad mapuche. De todos modos, según el Gobierno, la medida logró reducir la gravedad y el número de hechos de violencia en un 30%, con descensos en la cifra de camiones incendiados, usurpaciones violentas y eventos con armas de fuego.
El mandatario añadió que “lo que no podemos hacer es naturalizar los estados de excepción como si fueran la única solución a los problemas, porque la verdad es que pueden otorgar una mayor sensación de seguridad, pero no resuelven el problema de fondo”.
Tanto parte de la izquierda chilena como los ya mencionados movimientos indígenas sostienen que la militarización solo pone más tensión sobre el conflicto, y defienden que son necesarias medidas más transversales y de largo plazo.
LC