Vencedor de su rival correísta Luisa González en el balotaje del 15 de octubre, Daniel Noboa asumirá en diciembre la presidencia de Ecuador. Este empresario derechista y millonario de 35 años sucederá en el Palacio de Carondelet al ex banquero derechista y multimillonario Guilllemo Lasso, que dobla en años a su sucesor. Inerme ante la violencia criminal y la incertidumbre económica, el presidente saliente disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas.Tras una década de votar a la derecha para no convertirse nunca en la Venezuela de Hugo Chávez, Ecuador logró parecerse mucho a la Colombia de Pablo Escobar.
Daniel Noba completará en el poder el poco menos de año y medio que faltaba al mandato trunco de Guillermo Lasso para llegar a su fin. El país andino emplazado en el extremo occidental de América del Sur, que en pocos años se ha convertido en tierra del narcotráfico con una ola de violencia, sin precedentes en su historia. A finales de 2023, Ecuador supera los 35 homicidios por cada 100 mil habitantes, aventajando a países como México y Colombia.
Un primer indicador, que da cuenta del dramático panorama enrarecido, violento y complejo que atraviesa Ecuador, a la vista de su nuevo presidente el empresario liberal Daniel Noboa, ganador en la segunda vuelta electoral, precedida por una campaña con asesinatos y atentados, con los candidatos vistiendo chalecos antibalas, corresponde al informe que publicó el Índice Global de Crimen Organizado el 26 de septiembre. El país andino pasó del puesto 31 al número 11, solo por detrás de Myanmar, Colombia, México, Paraguay, República Democrática del Congo, Nigeria, Sudáfrica, Irak, Afganistán y Líbano.
Según los datos ofrecidos en este reporte, que lo realiza cada dos años la organización internacional Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), el país alcanzó 7,07 puntos, que supera la media global de criminalidad de 5 puntos, y es albergue de “varias organizaciones delictivas internacionales, entre ellas las de Colombia, México, Albania y China”.
Ecuador, superautopista de la cocaína
La nación ecuatoriana se ha convertido en pocos años en una superautopista de la cocaína a gran escala con un creciente mercado interno, afirma GI-TOC. Mafias y cárteles mexicanos asociados con bandas locales controlan gran parte de las operaciones vinculadas al narcotráfico. La extorsión y el chantaje sistemáticos para procurar protección amenazan la habitabilidad de determinadas zonas del Ecuador, uno de los mayores motivos que impulsa la migración de los ecuatorianos.
“Los delincuentes se han vuelto cada vez más audaces y violentos, cerrando carreteras principales para robar autobuses o cobrar peajes, matando a clientes y propietarios de negocios locales, e incluso amenazan con actos terroristas como colocar explosivos en gasolineras cuando los negocios se niegan a pagar”, expone GI-TOC sobre Ecuador. La investigación detalla que las llamadas de extorsión, muchas veces proceden desde las cárceles o de delincuentes en el extranjero que se identifican como miembros de diversas bandas peligrosas. El gobierno del saliente del centro derechista Lasso perdió el control de su sistema penitenciario que se han convertido en base de operaciones para el tráfico de drogas y los asesinatos relacionados con la extorsión se han vuelto comunes.
El mismo reporte asegura que el tráfico ilegal de armas ha aumentado en los últimos años, alimentado por las estructuras criminales transnacionales. Las ‘narcoavionetas’ entran en el país con armas y dinero para entregarlos a las megabandas que trabajan para los cárteles mexicanos. Algunas armas adquiridas por grupos armados colombianos pasan por EEUU, México y Ecuador.
Para GI-TOC, el aumento del narcotráfico y el tráfico de armas han contribuido al incremento de muertes violentas, lo que ha derivado en que las estadísticas de asesinatos de Ecuador sean las peores de la última década. Muchas de estas muertes se atribuyen al enfrentamiento entre grupos de delincuencia organizada. La decisión del gobierno en abril 2023 de facilitar el acceso de armas a civiles podría haber exacerbado los niveles de violencia.
Narcotráfico, lavados de activos y corrupción del Estado
Gic-Toc no es la única entidad que alerta sobre esta situación. El Observatorio del Crimen Organizado en Ecuador (OECO), una iniciativa de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, adelantó que este año el país podría alcanzar una cifra récord de aproximadamente 7.000 muertos si la tendencia se mantiene que lo colocaría solo por detrás de Venezuela y Honduras como los países más violentos del continente. En el período comprendido entre enero y junio de este año, Ecuador llegó a una tasa de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes y, según el OECO, la tasa podría escalar a las 35 muertes por cada 100.000 habitantes.
Los resultados a los que arriba OECO indican que el narcotráfico es la principal expresión criminal a nivel nacional con un 23% de incidencia, pero en segundo lugar está el lavado de activos con un 17 % que involucra actividades económicas vinculadas a la construcción, compra venta de inmuebles y vehículos, farmacias, restaurantes, gasolineras y centros de apuestas on-line. A este delito le sigue la corrupción en todas las instituciones del Estado con un 16%, el tráfico de armas con 10% y finalmente el tráfico de hidrocarburos relacionado al narcotráfico con el 9 por ciento.
En el informe publicado por OECO figuran una serie de recomendaciones para combatir el avance del crimen organizado en Ecuador que incluyen el diseño y establecimiento de una estrategia nacional contra la extorsión enfocada en reducir el control territorial de las organizaciones criminales en los cantones más críticos; fortalecer los pasos formales de frontera porque su infraestructura es deficiente; diseñar una política criminal orientada a debilitar las economías ilícitas; priorizar la asignación del presupuesto para logística, equipamiento y tecnología de Policía Nacional y FFAA, de la manera más eficaz.
Las escuelas y los colegios en riesgo
Ecuador fue testigo de una transformación extraordinaria con millones de personas que salieron de la pobreza, impulsados por la ola de un auge petrolero cuyos beneficios durante la década de gobierno izquierdista del expresidente Rafael Correa (2007-20017) se invirtieron en educación, salud y otros programas sociales. Los sectores más empobrecidos comenzaron a creer que sus hijos podrían terminar el colegio, convertirse en profesionales y vivir vidas totalmente distintas que las que tuvieron sus padres. Después de los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021) y de Lasso, esos ecuatorianos ven cómo sus barrios se deterioran en medio de la delincuencia, las drogas y la violencia. Y cómo las escuelas no quedaron ajenas a la crisis aunque la ministra de Educación, María Brown de la gestión del ex banquero Lasso, aseguró que las escuelas son los “espacios más seguros” y en razón de este presupuesto, las autoridades gubernamentales no permiten a la Policía ingresar con personal armado en los centros educativos.
Sin embargo, se ha constatado numerosas acciones de criminalidad dentro de esas instituciones, principalmente las públicas. Expertos en temas de seguridad, como el abogado penalista Hugo Espín, quien prioriza la definición de una política pública de seguridad basada en la correlación y corresponsabilidad entre todos los ministerios del frente social con las FFAA y la Policía, depuradas en todas sus jerarquías de toda sospecha de relación con el narcotráfico, sostiene que debería autorizarse la intervención directa de la policía especializada en adolescentes infractores y hacer controles y registros en zonas conflictivas.
El control de los puertos y de las principales rutas del país.
La ubicación geográfica del Ecuador, ubicado entre los países de Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína, su corta extensión territorial y estructura vial que permite movilizarse entre fronteras en menos de 12 horas; la dolarización y baja bancarización, que facilitan enormemente el lavado de dinero del narcotráfico; el perfil costanero navegable y el escaso control del territorio marítimo y aéreo han favorecido el auge del crimen organizado.
El traslado de las cargas en toneladas requiere de una gran movilización y logística. La Policía tiene los equipos y medios necesarios, pero no ha habido la voluntad ni política ni la decisión logística por parte del mando, señala Espín.
Los controles aleatorios en la ciudad de Baeza -que es un punto clave para la movilización del Oriente hacia la Sierra- sin siquiera tiene cámaras para identificar las placas de los vehículos. No es un caso aislado. El fortalecimiento del sistema de inteligencia se ha visto totalmente mermado en los últimos años. Los propios abogados de los policías que están siendo procesados en los sumarios administrativos por el asesinato del precandidato presidencial Fernando Villavicencio denuncian que hubo más de 100 comunicaciones sobre los riesgos que existía para una persona que estaba en máxima alerta. Junto a la gravedad del caso se acentúa el alto grado de exposición de cualquier ciudadano que espontáneamente se compara con la precaria seguridad que cuenta en relación a una figura de reconocimiento público.
La gravedad de la violencia interna
Con pareja gravitación del accionar de las bandas, la infiltración y el narcotráfico, otras aristas estructurales permean el día a día de la vida de las familias, en los barrios más complejos, más problemáticos. “No estamos viendo la gravedad de la violencia interna en la diversidad de sus manifestaciones” sostiene Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social de la gestión del ex presidente Lenín Moreno.
Según los datos revisados por Cordero del Ministerio del Interior “hay aproximadamente cerca de 2 millones de delitos cometidos entre 2018 y 2022” y distingue que “están los delitos contra la vida, pero también el abuso sexual. Por ejemplo, (las cifras) de la violencia familiar, prácticamente es el mismo número de detenciones que se producen por sustancias sujetas a fiscalización”. Cordero entiende que las soluciones frente al tema de la violencia interna no se limitan sólo al gobierno central sino que requieren de la participación ciudadana en diálogo con los gobiernos autónomos descentralizados.
La pobreza que existe y no se menciona
El 8 de septiembre, al término de su estadía de dos semanas, el relator especial de las Naciones Unidas sobre Pobreza Extrema y DDHH, Oliver De Shutter responsabilizó al gobierno de Lasso de no actuar enérgicamente para acabar con el trabajo en régimen de servidumbre -especialmente entre las minorías-, e hizo notar la falta de oportunidades económicas, la cual ha permitido que los grupos criminales recluten a nuevos miembros. Declaró que el dinero que se destina a los subsidios al combustible más bien debería ser erogado en programas sociales.
El informe de De Schutter enfatiza que aproximadamente el 34% de los habitantes de Ecuador de entre 15 y 24 años viven en la pobreza. Muchos de los jóvenes que abandonaron la escuela durante la pandemia de Covid-19 nunca regresaron a las aulas y han sido reclutados fácilmente por las pandillas. De Schutter destacó la diferencia enorme entre las comunidades urbanas y las rurales. En las primeras la tasa de pobreza multidimensional es del 23%, en tanto que en las rurales alcanza al 70%. Precisó que la pobreza es mayor en las provincias con mayor población indígena.
Con todo, “Nadie quiere mencionar la palabra pobreza. ¿Por qué?, ¿por qué los candidatos no hablan de pobreza?” interroga Cordero. “Porque justamente saben que ese es uno de los indicadores más duros que tiene el país y para eso van a tener que trabajar en la red de protección social”, dice en su cabal respuesta.
Una macroeconomía bonita y lejana El impopular gobierno de Lasso gestionó entre la espada y la pared tratando de cumplir con las apremiantes demandas vinculadas a la crisis de seguridad y economía y al cumplimiento de la deuda pública. Respecto al último tema, redujo el déficit fiscal de 7.500 millones de dólares a 2.000 millones de dólares, equivalente a 6 puntos del PBI y con la inflación más baja de la región (3,7 %).
Sin embargo, este ‘logro’ no ha permeado en las familias, sino muy por el contrario. Una suerte de “efecto Macri en la Argentina” amerita Andrés Albuja, analista y consultor internacional de Asesores AAA. Pocos o ningún beneficio les ha traído la estabilización de la macroeconomía, sino más perjuicios.
“Al próximo gobierno le espera un país agobiado por la violencia”
El nuevo presidente Noboa, hijo del magnate bananero que es el hombre más rico de Ecuador, asumirá a mediados de diciembre para enfrentar un país agobiado por la violencia, que limita el crecimiento y la prosperidad económica. El desafío de lograr la gobernabilidad y cumplir con las expectativas de la ciudadanía genera fuertes expectativas respecto a las medidas que adoptará para su gestión. “Va a tener que dar un golpe de mano dura”, entiende Álvarez, pero señala que “no significa que se van a revertir las condiciones de inseguridad que tenemos”.
Las medidas a tomar deben ser más de fondo, más profundas, de un largo plazo del que carece el flamante mandatario que gobernará menos de 18 meses, para completar el mandato de Lasso (2021-2025). El presidente saliente decretó la ‘muerte cruzada’ para evitar un juicio político, disolvió el Parlamento, convocó a elecciones extraordinarias y acortó así su propio mandato, impotente ante la protesta social e indígena, las cárceles desbordadas y amotinadas, y el auge indetenible del homicidio y el sicariato criminal.
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