A 25 años del inicio y continuidad del chavismo, el mismo día del natalicio de ex presidente Hugo Chávez, el mentor del llamado “socialismo bolivariano”, 28 millones de venezolanas y venezolanos podrán elegir, entre diez candidatos, la continuidad o el cambio de la gestión presidencial de gobierno para los seis años venideros. Dos de los postulantes que participan en la contienda concentran la posibilidad de un triunfo que habilitará la permanencia o un nuevo arribo en el Palacio de Miraflores de Caracas. El presidente Nicolás Maduro por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aspirante de su tercer mandato y su mayor contrincante, el ex diplomático de carrera de 74 años Edmundo González Urrutia, por la mayor coalición opositora Plataforma Unitaria (PUD). Hasta ahora las mediciones de intención de voto realizadas por las encuestas no son unánimes; unas favorecen al oficialismo; otras, a la oposición.
La postulación de González, apodado “candidato de los gringos” por Diosdado Cabello, diputado y hombre fuerte del oficialismo, se debe a la inhabilitación de María Corina Machado- lideresa del partido Vente Venezuela y ganadora por el 90% de los votos en las primarias de 2023- y a los impedimentos interpuestos para la inscripción su sustituta, la académica Corina Yoris. Pero también por otra razón meramente técnica: González era el apoderado de la coalición y contaba con firma habilitada ante las autoridades electorales.
Riesgos y posibilidades de las elecciones presidenciales
A despecho de lo que muchos creyeron, de que el gobierno apelaría al referéndum sobre el Esequivo de 2023 como el motivo de “conmoción interna”, las elecciones fueron convocadas en el marco del Acuerdo de Barbados entre el gobierno y la oposición acompañados por observadores internacionales. A cambio, EEUU retiró algunas de las sanciones económicas.
En esa oportunidad, la oposición nucleada en Plataforma Unitaria (PUD) -cuyo sello electoral es la Mesa de Unidad Democrática y congrega a Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, entre otros partidos-, logró que se pautaran derechos políticos, garantías electorales y levantamiento de sanciones. Sin embargo, la Contraloría General de la Nación como la Justicia Nacional (TCJ) ratificaron la inhabilitación por 15 años de la lideresa Machado para ocupar cargos públicos por estar involucrada de una causa de corrupción junto con Juan Guaidó, quien en 2019, se autoproclamó “presidente encargado” del país.
A despecho de lo que muchos creyeron, de que el gobierno apelaría al referéndum sobre el Esequivo de 2023 como el motivo de “conmoción interna”, las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio fueron convocadas en el marco del Acuerdo de Barbados entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición acompañados por observadores internacionales. A cambio, EEUU retiró algunas de las sanciones económicas que mantiene contra Caracas.
Tampoco se le permitió la inscripción a la filósofa octogenaria Yoris que no cuenta con causa judicial ni cuestionamiento en la Justicia electoral. “Hemos agotado todas las vías”, declaró Yoris en rueda de prensa. “Se queda todo el país sin opción si no me puedo inscribir”. Una vez cada seis años, tanto para el gobierno como para la oposición, las elecciones presidenciales en Venezuela ponen en escena certidumbres y sorpresas. El riesgo para el gobierno radica en que no logre obtener la voluntad de la ciudadanía. La oposición enfrenta una nueva posibilidad para desplazar al oficialismo por medios legales y legítimos. En 2015, ganó las parlamentarias pero anuló su triunfo en parte por seguir una estrategia insurreccional como antes en 2014, con la serie de movilizaciones contra el gobierno que se conoció como “La Salida”.
Transferencia de liderazgos intransferibles
La oposición en plena marcha contra reloj y convencida de que la elección de un candidato único por consenso presentaba la vía adecuada para evitar insurrecciones, abstenciones y/o gobiernos interinos que en suma la desvían de su propósito de sacar el gobierno chavista del Palacio de Miraflores eligió al magister en Relaciones Internaciones González , quien escasamente conocido por la opinión pública es un actor clave dentro de la oposición desde hace años y cosechó una larga trayectoria diplomática.
En ese escenario, el apoyo de Machado fue decisivo y seguirá siendo decisivo en cuanto el liderazgo de la lideresa se une a la demanda social de cambio político y de cuestionamientos al gobierno en el propósito de lograr una transferencia de votos. La misma Machado está haciendo campaña con y a favor de él.
Sin embargo, el propio González Urrutia, consideró que el caudal electoral de María Corina es “importante”, pero no transferible a otra persona. “No es cuestión de transferible, lo tiene y ahí está”, dijo en una entrevista en mayo
La forja de un candidato rebelde
González en 1972 se desempeñó en la embajada de Bruselas y de EEUU y en El Salvador durante el conflicto armado interno. Entre otros cargos, fue secretario pro témpore de la Cumbre Iberoamericana, en 1997. Embajador en Argelia y en Argentina. En nuestro país estuvo en dos momentos históricos importantes, en la última como representante diplomático de su país: la vuelta a la democracia y entre 1998 y 2002, cuando Hugo Chávez ganó la Presidencia. En Venezuela recuerdan esos años como “la transición” y González asumió una posición clave para la época y la posteridad: se pronunció en contra del intento de golpe de Estado contra Chávez. Durante esos años estuvo a cargo de las negociaciones para el ingreso de Venezuela al Mercosur.
Junto a su actividad académica, fue uno los fundadores de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), en 2008, la coalición en la que confluyeron 22 partidos opositores y que hoy tiene como herramienta electoral a la PUD, con el aval de 11 partidos. Fue la primera alianza unitaria contra el chavismo
Venezuela más allá y más acá de sus límiites internacionales
El país enfrenta importantes asuntos que tendrán impacto más allá de sus fronteras. Entre ellos y acaso el primero, la supervisión del futuro de las vastas reservas petroleras nacionales, las mayores del mundo; el restablecimiento o no de las maltrechas relaciones con EEUU. El hito inicial de los castigos norteamericanos se remonta a 2014, cuando durante la presidencia de Barack Obama. En enero de este año, el gobierno de Joe Biden volvió a imponer una sanción a Caracas después de que la Corte venezolana confirmara la inhabilitación de Machado.
En otro orden pero implicado fuertemente con el primero, la decisión de permitir que Irán, China y Rusia – que fueron los apoyos buscados por Maduro ante ese bloqueo que Washington, a su vez, justifica al sostener que el castigo se deriva de las violaciones de la democracia en el país- sigan apoyándose en Venezuela como aliado clave en el hemisferio occidental y el manejo de la grave crisis de su economía que entre 2013 y 2020 cayó de 100 a 20, un promedio de 80 por ciento. El PIB del país que estuvo en otros momentos cercanos a los 400 mil millones de dólares se acerca a los 100 mil millones de dólares. Una de las causas y lejos de ser menor que explica la persistencia de la migración; tan solo en 2023 más de medio millón de venezolanas y venezolanos abandonaron el país.
En una Venezuela dividida entre los que poseen dinero y gustan de consumos de niveles europeos; y los del pluriempleo o “matando tigritos” en el marco de una dolarización de facto, según la encuesta reciente sobre las próximas elecciones de la agencia venezolana Hinterlaces, Maduro lidera la intención de voto con 55,6 por ciento. Una espaciosa diferencia frente a González con 22,1 % de votos.
Sin embargo, la suerte no está echada. Según los números de la firma Poder y Estrategia hay una diferencia de 30 puntos entre Maduro y González Urrutia. El opositor alcanza el 55 % de intención de voto, mientras el actual jefe de Estado tiene un techo de 30 puntos. La incógnita se resolverá después del domingo 28 de julio: “El pueblo venezolano siempre sorprende” escribió el afamado ensayista venezolano, Mariano Picón Salas en 1964.
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