Álvaro Hernandes vio por última vez a su esposa y a sus hijas gemelas recién nacidas a través de una videollamada el 5 de enero desde un centro de detención de inmigrantes en Kansas. Luego fue deportado a Guatemala. Había vivido 12 años en Estados Unidos.
Poco después de que Hernandes y su esposa salieran del hospital con sus hijas recién nacidas, en junio de 2020, fue detenido por estar indocumentado y fue entregado a las autoridades aduaneras de inmigración por un sheriff local, después de que Hernandes llamara al 911 porque no podía ponerse en contacto con su esposa durante un breve periodo de tiempo. No sabía que había otro número para llamar a la policía cuando los casos no eran urgentes.
A pesar de los testimonios de sus familiares, amigos y de su exjefe y casero, un tribunal de inmigración de Kansas City (Missouri) ordenó que se procediera a la deportación de Hernandes, argumentando que en 2008 fue condenado por conducir bajo los efectos del alcohol. Debido a la pandemia, la familia de Hernandes solo pudo hablar con él a través de costosas videollamadas y llamadas telefónicas a cobro revertido. Durante su estancia en el centro de detención, Hernandes enfermó de Covid-19.
Tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, su Gobierno anunció la suspensión de 100 días, con excepciones, de las deportaciones de inmigrantes, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La orden debía entrar en vigor el pasado 22 de enero, pero ya se chocó con un primer varapalo de la justicia: esta semana, un juez federal de Texas bloqueó temporalmente la medida a nivel nacional.
La decisión judicial se produce después de que el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, presentase una demanda contra la directriz de Biden, por entender que el Gobierno actuaba de forma “arbitraria” al no consultar la orden ejecutiva previamente con el estado. La intención del presidente de EEUU era “revisar y reiniciar” los protocolos de expulsión para “garantizar” que Estados Unidos tenga “un sistema migratorio justo y eficaz”.
La política de deportación que la nueva Administración pretende reformar deja a su paso duras situaciones de separaciones de familias. “No sé si lo volveré a ver. Cuando hablamos no puede parar de llorar”, señala la esposa de Hernandes, Sierra Schauvilegee: “Esta separación familiar lo atormenta”. Un amigo común los presentó en 2017. Sierra describe a su marido como una persona muy trabajadora, que tiene un empleo en el sector de la agricultura. Concretamente, en los últimos ocho años ha trabajado en un rancho de ganado, por 10 dólares la hora, a menudo 12 horas diarias, seis o siete días a la semana. “Reza para que en un futuro pueda volver a estar con sus gemelas”, indica.
Las deportaciones en pandemia
La pandemia interrumpió brevemente los arrestos y las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (Ice por sus siglas en inglés), que se reanudaron a mediados de julio de 2020. Las organizaciones de derechos humanos, los grupos de activistas y los representantes del Congreso han pedido una moratoria de las deportaciones durante la pandemia. En el año fiscal 2020, el gobierno de Donald Trump llevó a cabo 185.000 deportaciones, muchas de ellas durante la crisis sanitaria.
En los centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos se registraron brotes de coronavirus, con al menos 8.000 casos confirmados. Un informe reciente publicado por la Red de Vigilancia de Detenciones relacionó los brotes registrados en los centros de detención de inmigrantes entre mayo y agosto de 2020 con unos 250.000 casos de Covid-19 en las comunidades donde están ubicados estos centros.
La capacidad expansiva de los brotes no terminó ahí. Los inmigrantes deportados propagaron el coronavirus a otros países. Durante los meses anteriores a la toma de posesión de Biden, cientos de inmigrantes detenidos optaron por pedir a sus abogados que agilicen la deportación y no sigan adelante con la lucha legal para evitarla para, de este modo, salir de los centros de detención en los que se encuentran, ya que les aterra la posibilidad de contraer coronavirus en esas instalaciones.
En abril de 2018, durante el mandato de Trump, se impulsó una política de tolerancia cero en las fronteras. Miles de menores fueron separados de sus padres, madres y tutores. De hecho, Estados Unidos había estado separando a las familias en la frontera desde un año antes, solo que lo hacía bajo un programa “piloto” secreto. Incluso después de que una reacción violenta causara un cambio en la política, las separaciones continuaron y cientos de familias siguen separadas.
Deportaciones de menores
Cada año, miles de inmigrantes con hijos nacidos en Estados Unidos son deportados. Esto genera una inestabilidad económica para las familias y socava la salud y el desarrollo de los niños. De hecho, los menores tampoco se libran de la amenaza de expulsión.
Johanna Torres, una abogada experta en inmigración basada en Laredo, California, recurrió la orden de deportación de un niño de tres años. El niño y su madre huyeron de El Salvador tras ser amenazados por un cártel de la droga. Al llegar a Estados Unidos, tuvieron una audiencia en el tribunal de inmigración de Houston (Texas), pero se mudaron a California y la madre no hizo las gestiones pertinentes para cambiar el tribunal que debía revisar el caso del menor. Al no personarse en el tribunal de Houston, este ordenó la expulsión del niño de tres años, y un juez de inmigración también denegó una moción para reabrir el caso.
“Nuestro siguiente paso es presentar un recurso ante la junta de apelaciones de inmigración”, señala Torres. “Fue un simple error, de hecho ella lo ha intentado subsanar y el castigo del sistema ha sido desproporcionado”.
Para aquellas familias con un miembro que ya fue deportado, las restricciones impuestas para frenar el Covid-19 no hicieron más que complicar esta situación.
Lauren García, de San Antonio, Texas, era una mujer casada que cuidaba de sus tres hijas mientras su marido, Juan García, trabajaba como soldador a tiempo completo para poder mantener a su familia. Poco antes de la pandemia, su marido fue detenido por un agente de policía por una infracción menor de tráfico. El agente lo retuvo porque su permiso de conducir había caducado y lo entregó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
La pareja se casó en 2015 y Juan García había vivido en Estados Unidos desde 2013.
Tras pasar seis meses en un centro de detención de inmigrantes, Juan García fue deportado a México, dejando a su esposa y a sus hijas sin una fuente de ingresos. Lauren García no pudo encontrar un trabajo debido a la pandemia y al hecho de que sus hijas no han ido a la escuela y han estudiado en casa.
“Si no fuera por mi familia, mis hijas y yo no tendríamos donde vivir”, lamenta Laura García. “Para que nuestras hijas vean a mi marido, tenemos que viajar a México. Es muy duro. No es justo. Mis hijas quieren que su padre esté presente en su vida”.
Traducido por Emma Reverter.