Después de que el martes Guilermo Lasso hubiera usado cincuenta minutos de las tres horas de las que disponía para defenderse, en vano, de las acusaciones de peculado que le había formulado la mayoría legislativa que forman las bancadas correísta y socialcristiana sumada, la Asamblea unicameral votó en Quito a favor de abrirle un juicio político al presidente centroderechista de Ecuador. Esta mayoría estaba dispuesta a votar, en breve plazo, una destitución ante la cual Lasso, sin bancada propia, sin votos, quedaba inerme, y predestinado. El miércoles por la mañana, el Presidente firmó el decreto de disolución de la actual Asamblea Nacional y la convocatoria de nuevas elecciones generales. Después habló al país desde el palacio de Carondelet, la sede de gobierno, con más brevedad que serenidad. Se justificó. Lasso afirmó que Ecuador no puede avanzar ni resolver los problemas del país con una “Asamblea que tiene como labor la desestabilización de la democracia”, que identificó con su permanencia como titular de la presidencia.
La 'muerte cruzada' llegó al Ecuador
La institución constitucional de la que se valió Guillermo Lasso es llamada 'muerte cruzada'. Dos muertes: un suicidio y un asesinato. Porque una vez decretada la 'muerte cruzada' por el presidente, 'mueren' al mismo tiempo (y , en teoría, resucitarán el mismo día), quienes están hoy al frente del Ejecutivo y ocupando las bancas del Legislativo ecuatoriano.
Esta prerrogativa ejecutiva para matarse y matar fue diseñada por el movimiento de Revolución Ciudadana, formación política entonces oficialista, durante los gobiernos de Rafael Correa (2007-2017). Es la primera vez que un presidente invoca la 'muerte cruzada', y la aplica. Ahora ex presidente, Correa, quien había acompañado la movilización a favor del juicio político de destitución, ya reaccionó al decreto de 'muerte cruzada'. Antes decia que “los gringos no le permiten a Lasso declarar la 'muerte cruzada'”.
El miércoles Correa, declaró que es “ilegal” la decisión de Lasso, pero que, bien vista, el desenlace de la decisión es virtuoso: libra a Ecuador de Lasso, que ya entró en la cuenta regresiva. Todo invita a pensar que el correísmo no impugnará el decreto, sino que se prepara a vencer las elecciones presidenciales. Otro tanto se infiere de la reacción de la Conaie, la Confederación nacional indígena de Ecuador.
Contando los días para resucitar
El Consejo Nacional Electoral tiene un plazo máximo de siete días para convocar las elecciones que decidirán las próximas autoridades legislativas y presidenciales. Ambas elecciones deben citarse para una misma fecha y quienes las ganen tendrán que cumplir con el resto del periodo de las autoridades salientes.
Hasta que un nuevo presidente y una nueva Asamblea se instalen en el país, el presidente Lasso podrá gobernar por decreto pero solo en lo que respecta a la economía. Sus decretos, además, tendrán que contar con la aprobación de la Corte Constitucional.
Según algunos expertos, esta decisión podría ser respondida por un levantamiento de sectores que no la respaldan, o la repudian respaldan la decisión. “Ahí es cuando podría potencialmente haber un problema social, una inestabilidad real” por las pugnas de poder y vacíos que deja esa figura, declaró a la agencia francesa AFP el politólogo Esteban Nichols, de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito.
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