En las semanas previas a las elecciones legislativas de medio término de EEUU, en artículos de fondo, y en el editorial principal de un número sobre superpotencias, enThe Economist felicitaron a Joe Biden por el sorpresivo indulto presidencial que firmó para condenas federales a prisión por tenencia de cannabis. Favorece a seis millares y medio de personas en el país, y a unos miles más en la capital Washington D.C. Sugirieron tomar nota de la capitalización electoral de medidas directas progresistas. Que a juicio de la revista británica son a la vez económicamente e internacionalmente sensatas, o redituables. La administración actual podría mostrar, en los hechos, compromiso con el cambio. Un gesto de lucidez y determinación, sin más riesgo ni costo que el de la audacia, ante la campaña más cara de la historia de las elecciones de medio término, con un gasto total para demócratas y republicanos estimado en 167 mil millones de dólares.
La penalización de la tenencia de drogas “no hace sentido” se pronunció Biden en octubre, un mes antes de la jornada electoral del martes que la revista anticipa que será una gran victoria republicana. Así, por el absurdo, refutaba la política represiva el presidente demócrata al anunciar su perdón. Y en buena lógica los sinsentidos represivos valen asimismo para la cocaína, explicaba The Economist. Tanto el perdón presidencial como la campaña de The Economist recurren solamente a argumentos de salud y seguridad públicas, nacionales, regionales y globales.
Un cambio de política represiva significaría al menos una pronta disminución del total de violaciones de DDHH internas por la discrecionalidad racista en la persecución y de violencias regionales que reformularían la crisis migratoria, según The Economist. Rara vez se omite el epíteto 'influyente' al mencionar a este semanario fundado en Londres en 1843, una publicación que sigue igualitaria en su práctica de publicar sus artículos, editoriales e investigaciones sin firma. De estricta observancia liberal en política, economía, y comercio, el conservadurismo social le es ajeno a The Economist. Que recomienda a Biden “perder cuanto antes pudor y timidez” para hacer avanzar con las drogas en general y la cocaína en especial una agenda progresista cuya aceptación y cuyos beneficios “superan varias veces todos los costos” que se pagan por la actual política prohibicionista.
Si Joe Biden llegó en 1972 a ser votado el senador más joven de la historia de EEUU, fue en buena medida gracias a su campaña de mano dura con las drogas. Hoy The Economist lo ve paladín de una reforma que ganará votos por sus réditos y no por los mitos.
La primera medida a tomar es una hacia la cual la administración ha dado ya un paso adelante, más allá de la decisión personal de indultar, facultad constitucional del titular del Ejecutivo. Es anterior toda la despenalización, incluso, este movimiento técnico. Es hacia la re-clasificación oficial de las drogas, que están categorizadas en rangos según su peligrosidad. La recategorización técnica ya por si sola conllevará, para el cannabis, el pasaje a una escala menor del rango de las penas posibles. “Es absurdo”, es lo que dice Biden, que el cannabis comparta el renglón que ocupan la heroína y el fentanilo. En 2021 murieron 100 mil personas en EEUU por sobredosis de opioides, un récord que superó al récord anual de 2020, el año que en plena pandemia había superado a 2019 en un 52 por ciento.
La influencia progresista atribuida a una publicación liberal influyente
Según el polemista inglés G.K.Chesterton, fanática es la persona que nunca cambia de idea y nunca cambia de tema. El novelista policial cambió de ideas porque se convirtió al catolicismo de su detective el candoroso padre Brown; el semanario británico no cambió de idea pero sí algunos temas predilectos favoritos de su liberalismo. En el siglo XXI, los artículos editoriales de The Economist predican contra el racismo sistémico y la desigualdad social, y a favor de acciones urgentes que aseguren la vigencia global de la paridad de género, el matrimonio igualitario, los derechos reproductivos y la legalización reglamentada del uso irrestricto de marihuana y cocaína. “Que se puedan casar” había sido el editorial de The Economist antes de que una ley del Parlamento pusiera fin en Gran Bretaña al apartheid matrimonial. (Cuesta recordar la fecha, hace tan poco, fue menos de diez años atrás). “Legalízenla” se titula también imperativo, o exhortativo, el editorial dirigido esta vez al Ejecutivo norteamericano antes de la renovación del Legislativo. Según la revista, es una oportunidad para EEUU de diferenciarse de Bélgica, donde Bruselas es la capital burocrática de la Unión Europea y el puerto de Amberes en el Atlántico Norte la capital europea del tráfico de cocaína.
Esa renovación que cada electorado joven votó cada vez que en el discurso de Bill Clinton, de Barack Obama, y del propio presidente Biden oyó, o creyó oír, un mensaje democrático que iba más allá del reclamo demócrata de dejar atrás a Reagan, a los Bush padre e hijo, a Donald Trump. Los cierres de la Guerra Fría y de la Guerra contra el Terror, y la política de Washington, mermaron el saldo final de los antecesores de Biden, y el propio. El martes enfrentará una derrota en las mayorías de ambas cámaras, y las gobernaciones de 36 estados. En las elecciones no-presidenciales más caras, más onerosas para las dos campañas rivales, de la historia norteamericanas. Según The Economist, Biden tiene la oportunidad histórica de ser quien cierre el capítulo final, el más sangriento de la Guerra contra las Drogas. Una decisión política que además del aplauso progresista significaría un buen negocio, un blindaje frustrante para la ofensiva ideológica.
Según The Economist, la legalización de la cocaína reduciría la principal fuente de los altos ingresos de los narcotraficantes disminuyendo su capacidad para reclutar nuevos miembros, comprar armas y obtener la voluntad de los funcionarios corruptos. El producto sería más seguro y bajarían los índices de violencia. En el modelo de negocios que propone The Economist, la cocaína después del fin de la Ley Seca actual, sería una sustancia producida como las bebidas alcohólicas blancas o los cigarrillos, por empresas autorizadas y controladas, que pagarían altos impuestos. También habría impuestos a las ventas. Se vendería a mayores de edad, la publicidad estaría prohibida, los ingresos estatales y privados de las ventas se dirigirían a investigar la adicción, y a desalentarla, como también a investigar los efectos y los daños sobre la salud, poco conocidos todavía en detalle. No se le escapa a The Economist que Biden no quiere parecer blando en el tema drogas, porque calcula que esa imagen puede ser fatal en elecciones peligrosas.
Del fin de la Guerra al Terror al fin de la Guerra a la Drogas
Desde que el republicano Richard Nixon declaró la Guerra contra las Drogas el 18 de junio de 1971 ante las cámaras de televisión, el flujo de cocaína hacia EEUU ha aumentado. La producción global alcanzó un récord de 1.982 toneladas en 2020, según los últimos datos de Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (UNODC), posiblemente conservadores.
La cocaína sigue siendo parte tan importante de los ingresos narcos no por sus cualidades adictivas sino por su alta rentabilidad. Las estimaciones del costo de las drogas, cálculo bien complicado de precisar debido a su ilegalidad, varían según los lugares. Sin embargo, las estimaciones publicadas por la UNODC muestran cuán grandes pueden ser los márgenes de ganancias. En 2019, el último año para el que hay datos disponibles, un kilo de cocaína en Colombia generalmente costaba 1491 dólares a precios mayoristas. En México, la misma cantidad valía 12433 a precios mayoristas; en El Salvador, 28873.
Las ganancias reales quedan fuera de América Latina. Cuánto más lejos llegue, más cara vale la cocaína. En 2019, un kilo a precios mayoristas en EEUU generalmente costaba 69000. En la China continental, donde narcos colombianos esperan aumentar sus márgenes de ganancia aún más en la próxima década, un kilo costaba 69380 dólares y 72510 en el territorio autónomo de Hong Kong. En Australia, un kilo –según los datos de 2017 que son los últimos disponibles- tenía un costo de 152207 dólares.
Barroquismos atlantistas
Si Joe Biden llegó en 1972 a ser votado el senador más joven de la historia de EEUU, fue en buena medida gracias a su campaña de mano dura con las drogas. El candidato demócrata por Delaware que a sus 30 años prometía más condenas y más policías en la calle, y que decía que los músicos negros tomaban droga para aguantar tocando toda la noche, es hoy visto por The Economist como el posible paladín de una reforma que ganará votos por sus réditos y no por los mitos. El pánico moral ha decrecido, o eso estima la revista, cuando en 32 estados sobre los 50 de EEUU el uso recreativo de la marihuana es legal, y las arcas estaduales engordan con una recaudación impositiva sin altibajo ni default.
Acaso asombre advertir, aunque sea en un aspecto parcial, que sólo por análisis pueda desvincularse del resto, que The Economist coincide con el ex vicepresidente boliviano Álvaro García Linera cuando en “Barroquismos europeos” recomienda a gobernantes del Norte el buscar, para hallar la estabilidad y aceptación que se le escapan, un modelo en el Sur global, en los rutinariamente menospreciados patios traseros. The Economist señala que toca a la Casa Blanca seguir un camino que marca la Casa de Nariño. Pero que el líder de izquierda y ex guerrillero que la ocupa no puede extender más allá de Colombia. Pero América cambiaría si Joe Biden hiciera lo que propone Gustavo Petro, “apartar a la policía de todo control de los cultivadores de hoja de coca” y “permitir que los colombianos consuman cocaína con libertad y seguridad”. Estas “buenas ideas”, sin embargo, es un corolario firme de la recomendación de la revista británica, poco debilitarán al narcotráfico “mientras la cocaína siga siendo ilegal en los países ricos que son sus mayores consumidores, como EEUU”.
AGB