El presidente Donald Trump empezó a ejecutar su venganza contra todos aquellas personas que considera que son sus “enemigos” y que forman parte de lo que él llama deep sate. Este lunes el Departamento de Justicia anunció el despido de más de una docena de empleados que trabajaban en las investigaciones penales que había contra Trump. No se especificó aún qué personas son las que se vieron afectadas por la orden, según la agencia Associated Press, que cita fuentes del departamento para afirmar que los despidos fueron realizados por el fiscal general interino, James McHenry.
“Hoy, el Fiscal General Interino, James McHenry, puso fin al empleo de varios funcionarios del Departamento de Justicia que desempeñaron un papel significativo en el enjuiciamiento del presidente Trump”, dice un comunicado de un funcionario del Departamento de Justicia: “A la luz de sus acciones, el Fiscal General Interino no confía en que estos funcionarios puedan ayudar a implementar fielmente la agenda del presidente. Esta acción es coherente con la misión de poner fin a la politización del gobierno”.
Los despidos son consecuencia del decreto que firmó Trump en su primer día para poner fin a la supuesta “instrumentalización” del gobierno federal y son una muestra más de la voluntad del mandatario de purgar el Departamento de Justícia de aquellas personas que no le sean leales.
Los afectados son aquellos letrados que formaban parte del equipo del fiscal especial Jack Smith, quien ya renunció al cargo a principios de mes. Smith fue el encargado de liderar la acusación de los dos casos federales contra el presidente: el de los papeles clasificados de Mar-a-Lago y el del intento de revertir las elecciones con el asalto al Capitolio. El hasta ahora fiscal especial era uno de los primeros nombres que encabezaban la lista negra del nuevo inquilino de la Casa Blanca.
Otro de los miembros clavel del equipo de Smith en la investigación de los papeles de Mar-a-Lago, Jay Bratt, también se retiró del departamento este mes después de trabajar como fiscal principal en el caso de Florida.
Ante la perspectiva de que Trump no podría ser juzgado a partir del 20 de enero, Smith pidió desestimar la acusación de ambos casos, para dejar abierta la posibilidad de recuperarlos una vez el republicano termine la presidencia.
La purga dentro del Departamento de Justicia se enmarca en una serie de movimientos internos en los que Trump estuvo reasignando personal que llevaba años en el departamento a otros sitios. Por ejemplo, al subfiscal general adjunto, Bradley Weinsheimer, un veterano respetado del departamento durante tres décadas y que desempeñó un papel crítico bajo varias administraciones como árbitro clave en cuestiones éticas, se le ofreció ser transferido a otra área.
En 2021, Weinsheimer allanó el camino para que los exfuncionarios de la administración Trump testificaran ante el Congreso sobre las acciones del presidente tras las elecciones de 2020, a pesar de la objeción del equipo legal de Trump. La transferencia del subfiscal general adjunto es parte de una maniobra por parte del republicano para ejercer un mayor control directo sobre la sede del departamento. Aún no se sabe quién sustituirá a Weinsheimer.
Según recoge el New York Times, Weinsheimer, al igual que muchos otros funcionarios de Justicia, recibió un correo electrónico en el que se le daba la opción de trasladarse al equipo que trabaja en ciudades santuario del departamento. Se trata de una oferta que se lee como un intento para forzarlo a renunciar.
La purga del funcionariado es uno de los pasos clave que propone el plan ultraconservador Project 2025 y que Trump siempre negó conocer. El texto, publicado por el think tank Heritage Foundation, promueve la idea del “Ejecutivo unitario” que implica que incluso el Departamento de Justicia quede bajo el control del presidente. Ahora el republicano se está deshaciendo de aquellos trabajadores en departamento que puedan suponerle un problema a la hora de iniciar su tan prometida venganza personal contra sus enemigos políticos.
Incluso el mismo Trump ya explicitó esta voluntad de limpiar el departamento en una entrevista a la revista Time el pasado mes de abril. El presidente advertía que había trabajadores del Gobierno “que están protegidos y no deberían estarlo”. Para solucionarlo, si Trump sugería establecer la orden ejecutiva Schedule F, que permite al presidente despedir a cualquier funcionario del Gobierno. El presidente no restableció esta orden –por el momento– pero sí firmó una muy similar bajo la premisa de establecer “un proceso para garantizar la rendición de cuentas por la politización del Gobierno Federal por parte de la administración anterior en contra del pueblo estadounidense”.