Senado: pedirán interpelar al ministro de Defensa por los entrenamientos antidisturbios en la Armada
El bloque de Unión por la Patria del Senado presentará un pedido de interpelación al ministro de Defensa, Luis Petri, para que expliqué por qué la Armada Argentina realiza entrenamientos antidisturbios, una actividad prohibida por la Ley de Seguridad Interior y de Inteligencia.
“Queremos que el ministro Petri se presente en el Senado para saber por qué la Armada Argentina hace ensayos de represión callejera contra la población civil, algo completamente ilegal”, dijo el senador Oscar Parrilli a la Agencia Noticias Argentinas.
Y agregó: “Ese tipo de prácticas están prohibidas en la Argentina y son causal de juicio político contra el o los funcionarios que lo promuevan u organicen”.
El 4 de abril pasado, la Armada realizó en la base militar de Vicente López un simulacro de acción antidisturbios en el que resultó gravemente herida Brisa Páez, una voluntaria esa fuerza, que fue embestida por uno de los instructores del ejercicio y debió ser internada en terapia intensiva. La joven de apenas 21 años sufrió una grave lesión cerebral.
El episodio derivó en la detención de nueve efectivos de la fuerza. La Justicia federal intenta determinar si la caída que provocó su estado crítico fue producto de una agresión deliberada.
Un hecho y distintas contradictorias
Según la reconstrucción de distintas fuentes, Páez participaba de un simulacro de control de disturbios dentro del predio naval cuando, en medio del ejercicio, uno de los instructores impactó con violencia el escudo que sostenía, provocando que ella perdiera el equilibrio y cayera hacia atrás. Su cabeza golpeó contra el suelo. A pesar de mostrar evidentes signos de desorientación, los ejercicios habrían continuado durante varios minutos más.
El informe preliminar de la Fiscalía federal indica que Páez contaba con solo cuatro meses de formación dentro de la Armada y no había recibido instrucción previa para este tipo de entrenamientos, que simulan respuestas ante eventuales disturbios. Aunque oficialmente se trata de ejercicios internos de contención, en más de una ocasión desde el entorno del gobierno nacional se sugirió el posible uso de fuerzas militares ante bloqueos de rutas o manifestaciones, una posibilidad que genera fuerte rechazo en organismos de derechos humanos.
Lo que en un primer momento fue tratado como un accidente comenzó a tomar otro cariz a partir del testimonio de varias compañeras de Brisa. Según declararon ante la Justicia, la joven habría sido objeto de un trato más violento que el resto del grupo durante la práctica. Algunas mencionaron incluso una posible relación personal previa entre Páez y uno de los instructores, que podría haber influido en el trato recibido.
La situación se agravó cuando, al finalizar el ejercicio, Brisa manifestó un fuerte dolor de cabeza. No fue sino hasta varias horas después que un médico de la base la atendió y ordenó su traslado al hospital militar de Campo de Mayo. Allí, la joven reportó pérdida de sensibilidad en el lado izquierdo del cuerpo, lo que encendió las alarmas.
Dado el progresivo empeoramiento del cuadro, la joven fue trasladada al Hospital Militar Central, en Belgrano, donde fue inducida a coma durante una semana.
El diagnóstico fue contundente: lesión axonal difusa, una forma grave de daño cerebral provocada por fuerzas de aceleración y desaceleración violentas.
Su recuperación es lenta pero favorable. En las últimas horas dejó de precisar asistencia respiratoria.
Nueve detenidos y sospechas de encubrimiento
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la investigación, ordenó el miércoles pasado una serie de allanamientos en la base naval y en los domicilios de varios implicados. Como resultado, nueve militares fueron detenidos. En los procedimientos se incautaron teléfonos celulares, documentación interna y registros audiovisuales del entrenamiento.
La magistrada tiene ahora diez días para definir la situación procesal de los acusados. Entre los delitos que se investigan figuran lesiones gravísimas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y posible encubrimiento. El último punto cobra especial relevancia dado el tiempo transcurrido hasta que Brisa recibió atención adecuada, así como las versiones contradictorias sobre lo sucedido.
Ahora, el Poder Legislativo también tomará cartas en el asunto. Los senadores de Unión por la Patria pedirán la interpelación de Petri para que explique por qué ordenó este tipo de entrenamientos que constituyen una violación a la Ley de Seguridad Interior y que podría acarrear la apertura de un juicio político contra el ministro.
MM/MP
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