Una noche en vela, negociando los objetivos de reducción de emisiones netas para 2030. De bloqueo en bloqueo. Polonia, después de levantar el veto a los fondos de recuperación en la cumbre de la UE, pasó a bloquear el aumento al 55% –del 40% actual– la reducción de emisiones netas de efecto invernadero en el conjunto de la UE para 2030 en relación a 1990 con la vista puesta en la neutralidad climática en 2050. Hasta que lo levantó a primera hora de la mañana, como anunció el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Eso sí, el cómo se consigue esa reducción se negociará como tarde en la cumbre de junio de 2021.
Las negociaciones entre los jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas duraron una noche, lo que evidencia lo mucho que está en juego: un compromiso vinculante con un objetivo climático más ambicioso significa una revisión de la economía y de las fuentes de energía, y requiere de inversiones, de dinero, sobre todo para países como Polonia, muy dependiente del carbón y con bastante atraso en lo que a la transición energética se refiere. Así, Varsovia, junto a los gobiernos de República Checa y Hungría llegaron a Bruselas pidiendo “más claridad” sobre cómo la UE haría frente a recortes de emisiones qué garantías iban a conseguir para que el nuevo objetivo para 2030 fuera respaldado por medidas de apoyo financiero y regulatorio.
Así, Polonia, sobre todo, y también la República Checa y Hungría han logrado la promesa de revisar el mecanismo de apoyo financiero a la transición energética. Además, informa Politico, se dan garantías de que pueden utilizar la energía nuclear y el gas natural para reemplazar los combustibles fósiles más sucios. El acuerdo, así mismo, pide reformar el Sistema de Comercio de Emisiones, para dar más apoyo financiero a los países más dependientes del carbón, algo singularmente dirigido a Polonia, que supuso la principal resistencia hasta el final.
¿Cuáles fueron los factores decisivos?, según una fuente diplomática. En primer lugar, el Fondo de Modernización: “Las discusiones fueron complicadas porque Polonia buscaba asegurar la certeza y estabilidad de la financiación del Fondo de Modernización para su sector energético. Los demás Estados miembros no pudieron comprometerse con tal certeza porque aún existen muchas incógnitas sobre el diseño de las políticas futuras. Las conclusiones reconocen que deben abordarse los desequilibrios”.
En segundo lugar, “los objetivos nacionales para sectores económicos fuera del mercado de carbono de la UE (no en el sistema de comercio de derechos de emisión de la UE): esto es muy sensible porque sus esfuerzos se dividen entre los Estados miembros. También es la pieza legislativa que podría sufrir una revisión importante. La solución fue mantener en esta cuestión un papel para el Consejo Europeo”.
Y, finalmente, “el papel del Consejo Europeo a la hora de ofrecer orientaciones adicionales sobre esta política. Aunque no está escrito como tal, el Consejo Europeo deberá abordar nuevamente el cambio climático en algún momento del primer semestre del próximo año”.
“La ambición es considerable, se necesita el acuerdo de todos, es difícil encontrar el equilibrio adecuado. Es normal que pasen el tiempo necesario allí”, decía una fuente diplomática a las 2.14 de la mañana. “Las discusiones continúan tanto en sesión completa como en grupos pequeños durante los descansos”, decían a primera hora de la mañana. Y eso que en Bruselas se anunciaba una discusión menos dura: “En el debate sobre el clima existe un amplio apoyo para el proyecto de conclusiones y el objetivo. Se considera un texto equilibrado pero la discusión aún está en curso”, decía una fuente al inicio de la cumbre.
Ahora se cumplen cinco años desde que la UE firmó el acuerdo climático de París, y un año desde que la Comisión Europea presentó su Pacto Verde Europeo. Y la mayoría de los gobiernos respaldan una reducción del 55% en las emisiones de la UE para 2030, pero hay países de Europa central y oriental, sobre todo Polonia, que reclaman más fondos para gas y energía nuclear a cambio de su apoyo.
“En vísperas del quinto aniversario del Acuerdo de París, los europeos nos comprometemos a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030. 10 años es mañana. No hay plan B”, afirmaba el presidente francés, Emmanuel Macron.
Y eso es lo que ha demorado que los 27 se hayan pronunciado sobre el nuevo objetivo de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, tras la propuesta de la Comisión Europea de una reducción de “al menos un 55%” con respecto a 1990, frente al objetivo actual del 40% –y el 60% que pedía el Parlamento Europeo–. El Consejo –los países– deben negociar ahora el acuerdo con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo antes de fijar el objetivo final.
“Un acuerdo sobre un objetivo mejorado de reducción de emisiones de al menos el 55% para 2030 está a nuestro alcance”, dijo Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, antes de la cumbre: “El trabajo para encontrar la mejor manera de alcanzar este ambicioso objetivo está muy avanzado. Este sería un logro importante y respaldaría nuestro reclamo de desempeñar un papel de liderazgo en la lucha contra el cambio climático”.
“Para llegar al 55% de reducción en 2030 tenemos que disponer de los recursos financieros para invertir en la transformación industrial y tecnológica”, reconocía en El País Frans Timmermans, vicepresidente comunitario de Pacto Verde.
Hace justo un año ya se produjo un fracaso climático en Bruselas. Después de horas de negociación, después de una cumbre de junio en la que ya se fracasó en el intento de fijar por unanimidad el objetivo de la neutralidad climática para 2050, los líderes de la UE volvieron a ser incapaces de lograr la unanimidad ante el bloqueo de Polonia por la falta de garantías económicas en la transición energética. En aquel momento, Michel quiso hacer pasar el progreso de pasar de ocho países favorables al objetivo de 2050 en mayo de 2019 a los 24 de junio y a los 27 de diciembre. Pero faltaba uno, y sin ese uno, Polonia, no podía afirmarse que hubiera un acuerdo en la UE en tanto que los acuerdos son por unanimidad.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europa (UE) también acordaron este viernes aprobar nuevas sanciones contra Turquía por su actuación en el Mediterráneo oriental. En concreto, quieren añadir a más individuos a la lista actual de sanciones, que incluye a dos personas relacionadas con la compañía petrolera estatal turca, por las prospecciones de hidrocarburos en aguas cercanas a Chipre.
Ese marco de sanciones entró en vigor en noviembre de 2019 y el mes pasado se extendió durante un año más, hasta noviembre de 2021. Además, se pide al alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, y a la Comisión Europea que estudien la posibilidad, de aquí a marzo, de ampliar el ámbito de estas sanciones, en función de cómo avance la relación con Ankara.
Sin embargo, evitan medidas más drásticas como llevar a cabo un embargo de armas, tal como pedía Grecia, y recalcan que “la oferta de una agenda positiva entre la UE y Turquía sigue sobre la mesa”.
En la cumbre del pasado 1 de octubre, los jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a revisar el estado de la relación con Turquía y a aplicar nuevas sanciones si el gobierno de Recep Tayyip Erdogan no rebajaba las tensiones con la UE, especialmente con Grecia y Chipre.
“Las acciones unilaterales y provocativas de Turquía en el Mediterráneo oriental todavía continúan, incluido en la Zona Económica Exclusiva de Chipre”, dicen los líderes en las conclusiones de la cumbre.