Israel y el grupo palestino Hamas han acordado una tregua de cuatro días en la Franja de Gaza que incluye la puesta en libertad de 50 rehenes a cambio de la excarcelación de 150 mujeres y adolescentes palestinos. El número de presos palestinos ha aumentado desde el comienzo de la actual contienda el pasado 7 de octubre. Las autoridades israelíes están llevando a cabo la campaña de detenciones más agresiva que se ha vivido en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este en más de 30 años, mientras desarrolla su ofensiva militar en Gaza.
Según los últimos datos de la Sociedad de Prisioneros Palestinos, desde el ataque de Hamas y otras milicias de Gaza contra Israel, unos 3.000 palestinos han sido detenidos por las fuerzas de seguridad israelíes, quedando alrededor de 2.000 bajo régimen de detención administrativa, un procedimiento que permite a las autoridades detener a personas de manera indefinida sin presentar cargos en su contra o establecer fecha para su juicio. Incluso antes de la última escalada de hostilidades, el número de detenciones ya estaba en su nivel más alto en 20 años.
La diferencia es que ahora la campaña de arrestos ha estado acompañada de “acoso generalizado, severas palizas, torturas físicas y verbales, amenazas contra los detenidos y sus familias, sabotaje, intimidación y destrucción de sus hogares”, señalan en un comunicado desde la Sociedad, que lleva décadas denunciando la vulneración de derechos de los palestinos presos en cárceles israelíes.
Igualmente, decenas de ciudadanos árabes de Israel, entre ellos activistas, abogados y artistas, han sido arrestados y acusados de “incitar” o “ayudar al enemigo durante la guerra”, por haber pedido en redes sociales el fin de la ofensiva contra Gaza, criticado las acciones del Ejército o mostrado solidaridad con el sufrimiento de los gazatíes. “Ninguno de los casos tiene que ver con acciones o manifestaciones ilegales”, explica a elDiario.es Salam Irsheid, abogado del Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes (Adalah). “La gente se está jugando el puesto de trabajo por darle a 'me gusta' en Facebook o Instagram”, añade.
Palizas, hambre y escuchar el himno de Israel
En los territorios palestinos ocupados el apagón informativo no tiene precedentes. Ni la Sociedad de Prisioneros, ni otras organizaciones como Addameer o el Comité Público contra la Tortura en Israel (PCATI) disponen de información precisa ni sobre los arrestos, ni sobre las condiciones en las que se encuentran los detenidos una vez que entran en prisión. Su única fuente son los testimonios de quienes ya están en la calle, las declaraciones de los letrados o los videos difundidos en las redes en los que se puede ver a soldados israelíes golpeando y humillando a palestinos con los ojos vendados y las manos atadas, algunos de ellos desnudos, en una exhibición macabra de tortura y humillación.
En uno de los testimonios recogidos por Addameer, un palestino del norte de Cisjordania liberado recientemente de la cárcel de Meggido tras haber sido arrestado de forma arbitraria, relató como los soldados israelíes arrastraban a los detenidos por el suelo después de golpearles y obligarles a besar la bandera de Israel. “Si no lo hacías, te pegaban aún más fuerte”, asegura.
Una vez en prisión, los reos “eran sometidos a fuertes palizas, a menudo en sus partes íntimas, negándoles después tratamiento médico para sus lesiones, aunque estuvieran sangrando. Sufrían abusos e insultos”, prosigue. Además, describe la masificación de las celdas –“entre 11 y 18 presos en cada una, la mayoría durmiendo en el suelo y sin mantas”– y la llamada “política del hambre”, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, como parte de las “medidas de emergencia en prisiones” adoptadas por su Ejecutivo tras lo sucedido el 7 de octubre y cuya aplicación se ha ampliado, de momento, hasta finales de noviembre.
“Nos daban dos comidas al día, pero por habitación, lo cual es un huevo y patatas cocidas a repartir entre todos, no era suficiente. Tuvimos que ayunar para ahorrar algo de comida y dárselo a los más jóvenes o a los niños”, continúa el hombre. Todas sus posesiones, incluida ropa o zapatos, fueron confiscadas en prisión, pudiendo quedarse sólo con lo que llevaban puesto.
En los meses previos al ataque del 7 de octubre y siguiendo las instrucciones del ministro Ben Gvir, los funcionarios de prisiones ya habían incrementado las restricciones para los presos palestinos. Por ejemplo, limitando el tiempo de ducha a 4 minutos por persona o reduciendo el número de visitas familiares a 40 minutos cada dos meses. Hoy, ni eso. Ni pueden ver a sus parientes, ni recibir visitas de sus abogados, ni del personal del Comité Internacional de la Cruz Roja, organización que acostumbra a entrar en las prisiones para supervisar que las personas privadas de libertad reciben un trato digno.
Para los palestinos integrantes de la unidad de élite del brazo armado de Hamas (conocida como Nujba), responsable de la matanza en Israel, esa posibilidad no existe. Siguiendo órdenes expresas del ministro de Seguridad Nacional, tal como él mismo explica en su cuenta de X (antes Twitter), ocho de los detenidos están encadenados a camas de hierro en celdas oscuras, con un agujero en el suelo como retrete, mientras les ponen a todo volumen la canción 'Hatikva', el himno nacional de Israel, a modo de “tortura sonora”.
A propuesta del ministro, junto con otros titulares del ala más ultraderechista del Gobierno de Benjamín Netanyahu, el comité de seguridad nacional del Parlamento israelí (Knéset) deliberó el lunes sobre un proyecto de ley que busca imponer la pena de muerte a “los terroristas cuyos actos estén dirigidos contra el pueblo judío”. La iniciativa, impulsada ya en marzo de este año por Poder Judío, el partido de Itamar Ben Gvir, fue entonces aprobada en lectura preliminar. “Esperamos avanzar con la ley y aplicarla a estos viles asesinos”, apuntó el político ultranacionalista.
“No solo nos oponemos a esta iniciativa porque estemos en contra de la pena de muerte, sino porque, además, tiene motivaciones raciales (se aplicaría solo a los palestinos), viola las protecciones del Derecho Internacional y pondrá en peligro las vidas de los israelíes retenidos por Hamas si se llega a ejecutar a sus presos”, denuncia Matah Cohen, director de Incidencia Política del Comité Público contra la Tortura en Israel (PCATI), una de las muchas organizaciones –tanto locales como internacionales– que se oponen a esta ley de difícil tramitación.
“Está claro para todos que la ley no se aprobará ahora”, dijo el lunes el ministro de Educación y de Cooperación Regional, Yoav Kisch, del partido Likud, que gobierna en coalición con formaciones más radicales.
Palestinos de Gaza
Según la Sociedad de Prisioneros y la ONG palestina Addameer, lo que sí se ha producido en las últimas seis semanas es la muerte de al menos seis palestinos presos en circunstancias que no se han podido investigar de forma independiente. Al menos dos de los cinco son trabajadores de Gaza empleados en Israel, recluidos desde el 7 de octubre en régimen de aislamiento en campos y bases militares. Desde la Autoridad Penitenciaria israelí solo anunciaron sus muertes después de publicarse una investigación del diario Haaretz. De dos de ellos aún se desconoce la identidad.
Tras el ataque de Hamas, organizaciones de derechos humanos palestinas e israelíes denunciaron el arresto de unos 4.000 palestinos de Gaza, incluidos los apresados durante los combates y los trabajadores palestinos que estaban en Israel después de que los milicianos irrumpieran desde la Franja en el sur del país.
Si bien la mayoría han sido liberados, unos 500 permanecen detenidos en centros de detención y en la prisión de Ofer, cerca de Ramala (Cisjordania). “Hemos recibido muchas denuncias de abuso, pero como no tenemos acceso –el Servicio Penitenciario de Israel (IPS) no proporciona información sobre la procedencia de los desaparecidos– es difícil decir algo más concreto en este momento ̈, cuenta Matan Cohen de PCATI.
Desde estas organizaciones también señalan la extensión de la detención de otro grupo de gazatíes (aproximadamente 50) para someterlos a interrogatorios. En su caso, serán juzgados bajo la ley antiterrorista, que ya permitía antes de la entrada en vigor de las últimas “medidas de emergencia” negarles el acceso a un abogado durante los primeros 21 días tras su arresto. Esa restricción se ha prolongado hasta los 90 días.
La campaña de detenciones emprendida por el gabinete de Netanyahu desde el 7 de octubre no tiene precedentes. En las primeras semanas tras el ataque de Hamas, Israel llegó a duplicar el número de palestinos encarcelados, que ya rondaban los 5.200. Fuentes militares hebreas, citadas por expertos del Centro para Estudios Estratégicos Begin-Sadat (BESA), aseguran que alrededor del 60% de los detenidos actuales tienen vínculos con Hamas o con otras milicias palestinas, si bien no proporcionan datos del 40% restante.