La foto de hoy dice poco sobre el cuadro político real. Argentina vive una etapa de transición, algo lógico ante el agotamiento de dirigentes que cabalgaron la larga y penosa última década, y la elección de un Presidente que alardea de su incivilidad.
El camino a las elecciones de 2025 consolidará liderazgos existentes, alumbrará nuevos y relegará presuntos. A más de uno le llegó el telegrama del retiro y todavía no se enteró.
Sobre todo, los meses por venir redibujarán espacios. Partidos y formaciones que hoy aparecen cercanos deberán dirimir una hegemonía, antes o después de las urnas. Otro tanto ocurrirá dentro de paraguas partidarios y frentistas que se tornaron obsoletos. Habrá nuevas siglas. Claro está, los dueños de las chequeras estatal y privada cuentan con herramientas para cincelar el mapa vía el incentivo a transfuguismos y condenas al ostracismo.
Las encuestas señalan dos bloques sólidos y equivalentes de apoyo y rechazo al Presidente, protagonista por momentos único del escenario.
El dato coincide con la intuición, pero tiene un valor relativo. Sometidos a las limitaciones de recursos y técnicas, los sondeos de “imagen” atraen clicks y canalizan presupuestos, pero no siempre aportan información valiosa. ¿Alguien sabe, realmente, cómo impacta en los hogares de Puerta de Hierro, un barrio precario de Isidro Casanova, el aumento del colectivo, o el desmantelamiento del programa de agricultura familiar en miles de productores de las provincias más pobres? ¿el vandalismo retórico de Milei espantará al segmento antiperonista que se asume habitualmente preocupado por la calidad institucional?
Cuenta el antecedente de que la gran mayoría de las encuestas estuvo lejos de prever la debacle del macrismo en las primarias de 2019, la peor elección en la historia del peronismo en las legislativas de 2021 y la victoria de Milei en las primarias de 2023. No la(s) vieron.
La consultora Tendencias difundió esta semana un estudio que cuenta con la fortaleza de la cantidad de casos relevados (6.874), muy superior a la habitual, aunque la metodología online podría limitar su representatividad. El sondeo muestra cómo escala aceleradamente la “preocupación” por el “trabajo” en detrimento de la “inflación”. A esa respuesta estructural se suma otra de ocasión. Los medios transmiten una mirada definitiva, condenatoria, sobre la acusación de golpes de Alberto Fernández a Fabiola Yáñez. La encuesta indica, en cambio, que el mayor grupo (26,4%), prefiere “que la Justicia investigue antes de opinar”. A ello se suma otro 15% que detecta “un uso político de la denuncia”, algo que está lejos de significar una rehabilitación política del expresidente, que debe unas cuantas explicaciones sobre lo difundido.
Toda predicción sería antojadiza de cara a 2025. ¿Qué pasaría si comienza una recuperación económica, aunque sea tenue, y la inflación se parece al 30% anual? ¿Y si la estabilidad se da a costa de una desocupación de dos dígitos y el lacerante panorama social se cristaliza? ¿Las alquimias financieras lograrán frenar la evaporación de reservas, algo que a Luis Caputo no le preocupa? ¿De qué Argentina hablamos si la volatilidad, en lugar de reducirse, se dispara porque las cuentas les vuelven a salir mal a Federico Sturzenegger, escenario que advierten como probable economistas ortodoxos?
El “mayor ajuste de la historia de la humanidad” habrá sido en vano. A eso se suma que en el país de los bolsos de López y la SIDE de Santiago Caputo con US$ 100 millones para gastar, puede pasar cualquier cosa.
Piruetas
El tren fantasma de los bloques de La Libertad Avanza se explica por sí mismo. Se suceden expulsiones semana a semana. Por ahora, los excluidos juran lealtad a la figura de Milei, hasta que deje de ocurrir. Mauricio Macri cena milanesas en Olivos cada vez más seguido. A la salida, transmite que se siente “boludeado”. Ya es un rito. Sus intérpretes (Vidal, Ritondo, Lospennato) hacen malabares para disimular la desorientación y Patricia Bullrich avanza con la tanqueta. Las trapisondas internas son un insumo cotidiano en las pantallas de los medios oficialistas.
¿Alguien sabe, realmente, cómo impacta en los hogares de Puerta de Hierro, un barrio precario de Isidro Casanova, el aumento del colectivo?
La Cámpora y el Frente Renovador contra Axel Kicillof, Wado de Pedro contra Sergio Massa, Massa teje en silencio, la “nueva música” del gobernador no arranca, los gobernadores alambran sus provincias y cierran la tranquera, el Instituto Patria con las batallitas de Cristina, Juan Grabois cava fosas contra “los garcas”, Mayans fascinado con Villarruel y Guillermo Moreno en la pantalla 24x7: un panorama muy tentador.
Se suman voces que tiran un nombre para encabezar la lista de la madre de todas las batallas en 2025: Cristina. “Falta un montón, es absurdo hablar de eso. está enfocada en los problemas reales”, “es lo último que quiere, pero piensa en colectivo”, elaboran desde la cúpula cristinista. Un clásico del Instituto Patria. Deja correr, porque la mera enunciación mantiene la tensión y la centralidad sobre la expresidenta, y si no ocurre, refuerza el dedo a la hora de consagrar candidatos.
La propuesta asume un supuesto, una debilidad intrínseca y un problema.
- Supuesto: Cristina sigue teniendo una popularidad determinante en el espacio peronista y la centroizquierda, extremo que es puesto en duda apenas se cruza el círculo íntimo de la exmandataria. Kicillof y Massa, competidores entre sí y con un abismo político y cultural de por medio, podrían desafiar esa presunción. Para el primero, sería una refundación, tiene con qué, pero sobre su real voluntad hay versiones encontradas; el segundo ya recorrió el camino y se jacta, con razón, de sus dotes para esperar hasta la última jugada.
- Debilidad: que el cristinismo no tiene reemplazo para su líder es un dato central de los movimientos de la expresidenta en la última década. Pocos candidatos atractivos y raigambre popular para tanta ambición. Hace varias elecciones que la exmandataria elige cartas asimilables para el establishment a la hora de dar pelea. Daniel Scioli, Alberto y Massa son los ejemplos más evidentes, aunque hay muchos más en el nivel legislativo. El presunto pragmatismo se complementa con esa usina inagotable de desconfianza y rencillas personales que son La Cámpora y el Instituto Patria. A las opciones progresistas y asimilables al ideario kirchnerista, el micromundo de Máximo Kirchner les impone un pliego de condiciones que espantan a los más convencidos. Un hecho: el diputado se entiende mucho mejor con Martín Insaurralde e incluso Massa que con Kicillof.
- Problema: Cristina está proscripta. Es decir, no lo está, pero ella dijo que sí. Muy probablemente Casación confirme o incluso agrave la condena, que seguirá en suspenso, y la Corte Suprema hará lo que mejor sabe: regular el cajoneo.
Debilidad de La Cámpora: pocos candidatos atractivos y raigambre popular para tanta ambición
Frente para Victoria
La sintonía de Moreno y Mayans expresa una corriente del peronismo antiprogresista que encuentra eco en la historia de ese movimiento polifacético. Conservadurismo popular y humanismo cristiano en el caso del formoseño, veta nacionalista en el exsecretario de Comercio y derecha republicana en Miguel Ángel Pichetto: un solo corazón.
Moreno avanza desde los medios del Grupo Indalo y los streamings a los que fascina, y logra que el debate gire sobre sus propuestas.
La presencia del exsecretario de Comercio al menos tres noches por semana en la pantalla de C5N es a cambio de $500.000 por mes. Ese módico honorario, acorde a los valores de la TV de hoy, no excluye que esa silla esté apadrinada por un financista, algo que todo el mundo en la industria de los medios da por cierto.
Dos fuentes con amplio conocimiento de la cotización de los espacios televisivos evalúan que el valor de la presencia cotidiana de Moreno en el canal del Grupo Indalo y en Radio 10 no es inferior a US$30.000 por mes. En el Grupo Indalo desmienten tajantemente esa versión. En cualquier caso, ello no supone un enriquecimiento del titular del sello Principios y Valores, a quien ni siquiera sus mayores críticos le endilgan negociados personales.
La presencia de Moreno al menos tres noches por semana en la pantalla de C5N es a cambio de $ 500.000 por mes
La carta de camino conjunto con Victoria Villarruel fue explicitada por Mayans y Moreno.
Mientras el exsecretario de Comercio dirimía su duda sobre si la vicepresidenta afecta a represores es una “nacionalista de inclusión” o “de exclusión”, y Mayans daba por hecho que su “amiga” tiene rasgos peronistas, Villarruel montó un show negacionista en el Senado, en el que ubicó a Néstor y Cristina Kirchner como responsables de la “venganza terrorista” que encarceló a represores.
Por más que ahora Milei simule que la agenda negacionista no es la suya —sí lo fue, por ejemplo, el 24 de marzo pasado, con provocaciones orquestadas por Karina Milei—, algo de razón le cabe a la diputada ultraortodoxa del ultrismo Lilia Lemoine cuando acusa a Villarruel de tirar la piedra y esconder la mano en la movida a favor de la liberación de los terroristas de Estado.
“Me rompe soberanamente las bolas por qué carajo Victoria Villarruel no saltó. Fue su leitmotiv de campaña”, descerrajó Lemoine semanas atrás, herida por el silencio de la vicepresidenta en torno a la visita de los diputados de La Libertad Avanza al penal federal de Ezeiza. Allí se alojan Alfredo Astiz y su cómplice Alberto González, muy allegado a Villarruel, quien además conoce a unos cuantos de la docena de genocidas allí alojados.
Hilos del grupo Ravasi
El grupo de whatsapp “Comida informal con Padre Javier por milit”, creado el sacerdote integrista Javier Olivera Ravasi, venía preparando el terreno hacía tiempo con el objetivo de liberar a los represores.
La comunidad convocada por Olivera Ravasi incluía a abogados de condenados, al exjuez de Casación Federal Eduardo Riggi y a diputados de La Libertad Avanza. El diálogo —difundido en Twitter por la diputada Lourdes Arrieta, hoy separada del bloque oficialista— dejó expuesta la coordinación más allá del intercambio de whatsapp, reflejado en el papel de José Torello, un senador del PRO allegado a Mauricio Macri que presentó un proyecto en diciembre pasado para garantizar la prisión domiciliaria automática a los 70 años.
Uno de los abogados, Enrique Munilla, envió un mensaje con el archivo “Causas escandalosas”. Munilla explicó el 13 de marzo que era un texto de su representado Jaime Lamont Smart, “preso desde hace 15 años por supuestos delitos de lesa humanidad que carecen de toda prueba”. “Me pidió que les hiciera llegar el documento que adjunto”, escribió. Lilia Lemoine respondió al texto con un emoji con pulgar para arriba.
Corresponde detenerse en Smart y en el contenido del archivo.al que tuvo acceso este diario.
Los amigos de Smart
La defensa de Smart como una víctima de la venganza de “los cómplices de los terroristas” es emblemática de la persistente búsqueda de impunidad, no sólo por parte de un grupo de arribistas de la política instrumentalizados por defensores de represores, sino por estamentos con mayor poder simbólico y fáctico.
Smart, exministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1979, fue condenado a prisión perpetua en 2012 en el marco de la causa conocida como “Circuito Camps”, en referencia a los centros clandestinos de detención y matanzas orquestadas bajo la órbita del exjefe de Policía bonaerense. Más tarde sumó cinco veces la misma pena en las causas Brigadas, Orué, La Cacha, Hogar de Belén y Benavides. Exjuez de la Cámara en lo Penal creada durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse para tratar causas contra la subversión, Smart es uno de los pocos civiles de alto rango condenados por crímenes de lesa humanidad.
El editorial de La Nación “La persecución a Jaime Smart”, del 23 de septiembre de 2011, es una de las varias proclamas en ese diario dedicados a enaltecer la figura del coequiper civil de Ramón Camps. El texto reprodujo los argumentos centrales de Smart sostenidos a lo largo de una década y media —la última condena a perpetua es de marzo pasado— en la decena de causas de lesa humanidad que enfrentó.
“Los procedimientos llevados a cabo en el marco de la lucha contra el terrorismo se realizaban en el más absoluto secreto para los funcionarios civiles de los gobiernos nacional y provinciales”, arriesgó La Nación en 2011.
“El doctor Smart tiene un ganado prestigio por sus condiciones personales y profesionales…(porque) juzgó a miembros de los grupos terroristas que asolaban al país…y las garantías de defensa en juicio fueron entonces aseguradas”, abundó. Una cámara federal creada como un fuero especial por una dictadura, la de Lanusse, fue, para el diario La Nación y la narrativa liberal-conservadora argentina, un ejemplo inapelable de garantía procesal.
Trece años y cinco condenas a perpetua más tarde, el 14 de diciembre pasado, a cuatro días de la asunción de Milei en la Casa Rosada, La Nación publicó “La venganza debe cesar”, con idénticos argumentos.
Escandaloso
El texto compartido de Smart llegado al whatsapp del cura Olivera Ravasi —él mismo hijo de un represor que transita su prisión perpetua en una onerosa vivienda de Vicente López— enumeró causas “escandalosas” contra “militares y policías que actuaron en la década del 70 en verdaderos enfrentamientos con integrantes de las organizaciones subversivas”. El objetivo del engaño perpetrado por jueces, fiscales y los familiares de los “terroristas abatidos” —razonó el autor— fue el pago de indemnizaciones establecidas para las víctimas de la dictadura, viejo argumento de quienes denuncian “el curro de los derechos humanos”.
El primero de los ocho ejemplos “escandalosos” compartido en el chat fue el “caso de la calle 30” 1134, de La Plata. La elección de ese hecho aporta indicios sobre la extensión y los intereses detrás de la movida proimpunidad.
El ataque a esa vivienda en la que funcionaba una imprenta de Montoneros y en la que vivían Diana Teruggi y Daniel Mariani ocurrió al mediodía del 24 de noviembre de 1976. Duró tres horas, contó con efectivos del Ejército y la Policía y fue supervisado in situ por el jerarca Carlos Guillermo Suárez Masón, el entonces jefe de la Bonaerense, Camps, su mano derecha, Miguel Etchecolatz, altos funcionarios del Gobierno provincial y el directivo del diario La Prensa Máximo Gainza Paz, en calidad de invitado especial, según relató María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo.
En efecto, hubo un enfrentamiento en el que murió un policía. Los cinco ocupantes de la vivienda fueron asesinados, sus cuerpos calcinados, y la casa terminó destruida producto de la artillería pesada utilizada.
Había una sexta persona en la vivienda de la calle 30: Clara Anahí Mariani Teruggi, de tres meses de edad. La beba fue robada por los represores. Su abuela, Chicha, dedicó las cuatro décadas posteriores a buscarla, sin éxito. Hoy, una mujer de casi cincuenta años permanece con su identidad fraguada.
“El caso de la calle 30” es uno de los hechos investigados en la causa Nº 2955 “Almeida, Domingo y otros”, renombrada como “Circuito Camps”. En ese marco se juzgaron hechos vinculados a “La noche de los lápices”, los secuestros y desapariciones de Papel Prensa —incluido Jacobo Timerman— y el funcionamiento de varios centros clandestinos de detención de La Plata y la zona sur del Gran Buenos Aires.
Entre las presuntas víctimas de la arbitrariedad judicial y los “terroristas” mencionadas por Smart en su texto, se encuentra el “cabo Norberto Cozzani, (preso político desde 2004)”. La alusión a ese represor condenado a perpetua—fallecido en 2020— como “preso político” es estrambótica.
Cozzani recibió la máxima pena en 2012, pero antes, en 1986 ya había sido condenado y resultó beneficiado al año siguiente por la ley de Obediencia Debida.
Se trata de un exintegrante de la Triple A incorporado a la División de Investigaciones de la Bonaerense bajo el padrinazgo de Etchecolatz, de quien fue su mano derecha.
A Cozzani le tocó un papel primordial en el secuestro de los familiares y del entorno de Graiver, propietarios de Papel Prensa. Esa empresa de papel para diarios fue vendida a los dueños de Clarín, La Nación y La Razón casi en simultáneo con la desaparición de sus accionistas, pero los tribunales de Comodoro Py entendieron que la enajenación de la firma no tuvo ninguna relación con el terrorismo de Estado.
Cuando era una militante full time del entorno de los represores, Villarruel visitó en la cárcel al citado Cozzani y se hizo anotar como “amiga”. La abogada de causas de derechos humanos Guadalupe Godoy constató el registro, en el marco de la investigación por la desaparición del testigo Jorge Julio López, cuyo testimonio sumó argumentos para la condena de Etchecolatz.
SL