La incertidumbre que reinó hasta el último día para responder a la convocatoria a la subasta de espectro para 5G se disipó en las últimas horas previas a la fecha y hora límite.
A pesar del comunicado conjunto emitido por los tres operadores móviles cuestionando aspectos de la convocatoria a poco de conocerse el pliego, con el correr de los días las posturas comenzaron a divergir. Aunque con algunos reparos, Claro y Telecom se mostraban interesadas en participar, mientras que Telefónica era más reacia, aunque sabía que con que sólo uno de los tres operadores se presentara a la convocatoria, los otros dos terminarían haciéndolo. Ninguno podría permitirse hoy no tener espectro para 5G si sus competidores lo tienen, ya que esto repercutiría no sólo en términos estratégicos (no hay previsto un proceso de asignación posterior de espectro adicional para 5G) sino también económicos, por el impacto que esta carencia podría significar en su valuación. Por esto mismo, cuando el martes previo a la fecha límite Claro anunció que había presentado sus garantías para participar, era previsible que tanto Telecom como Telefónica se sumaran. Algo que se consumó cuando el mismo viernes IDA retirara su pedido de cautelar ante la justicia federal.
Lo concreto es que durante el tiempo que pasó entre que se convocó a la subasta y la fecha límite para la presentación de los interesados, varias cosas cambiaron en relación a los tres ejes cuestionados por los operadores: el precio del espectro, la llamada “tarifa social” y el lote adjudicado a Arsat mediante una resolución independiente de la convocatoria a la subasta.
En relación al precio del espectro, este se relativizó bastante en función del contexto macroeconómico. Si bien el precio base de cada lote de 100 MHz es de US$ 350 M, las particularidades del mercado argentino (donde conviven múltiples cotizaciones del dólar) hacen que el monto sea relativo. Esto se ve potenciado por el hecho de que ese monto es pagadero en pesos, a la cotización del Banco de la Nación Argentina. Con una brecha del valor de dólar del MULC (Mercado Único y Libre de Cambios, que no es ni único ni libre) superior al 100% (y creciendo en las últimas semanas), el costo de esos US$ 350 M disminuye sensiblemente. Adicionalmente, en las aclaraciones al pliego, el Enacom informó que en caso de que se opte por ingresar fondos del exterior, los mismos estarán exentos de la obligación de liquidación contra pesos en el MULC. Para favorecer más este mecanismo, esta semana el Banco Central de la República Argentina comenzó lo que en la práctica puede ser considerado un desdoblamiento cambiario. La norma del BCRA permite ahora ingresar fondos por el CCL (Contado Con Liquidación) sin bloquear el acceso al MULC por 90 o 180 días según el caso, como venía sucediendo y que, en la práctica, significaba tener vedado el acceso al mercado oficial (MULC) para el pago de importaciones. De esta forma, las empresas podrán ingresar dólares del exterior a una cotización que, al día de la subasta, era de $ 896,56 por dólar (frente a los $ 365,50 del valor del MULC). Esto equivale a una cotización del dólar un 145% superior. O visto de otra forma, para pagar los US$ 350 M de un lote, sólo habría que ingresar US$ 137 M, o sea un 61% menos.
Dicho de otra forma, las condiciones del pago resultaron no ser tan negativas como se podía pensar a priori. Para quien acumula pesos por no poder o no necesitar girar divisas a su casa matriz es una forma de invertirlos. Para quien pudiera recibir divisas desde el exterior, la flexibilización introducida por el BCRA para el ingreso de divisas a través del CCL es muy atractiva. En definitiva, pagar en pesos al cambio oficial también puede ser un buen descuento ante una inevitable devaluación antes de que termine el año, sea con el gobierno actual (como ya sucedió después de las PASO) o con el que resulte electo. Así, este esquema hace que ahora las empresas quieran acelerar el proceso para no correr el riesgo de que estos beneficios se esfumen ante una previsible devaluación del tipo de cambio oficial. En otras palabras, efectuar el pago lo antes posible. Más vale pájaro en mano.
En las aclaraciones del pliego también se introdujo una novedad importante: la división en dos lotes de 50 MHz de todo lote de 100 MHz que resultara vacante. Esto permitiría que quien no esté muy convencido del timing pueda optar por un lote de menor tamaño y no quedar fuera de 5G. Aunque implicaría también una debilidad a futuro. Un futuro donde las demandas de espectro serán continuas.
Otro de los puntos rechazados inicialmente por los operadores era el referente a la obligación por parte de los operadores de ofrecer un plan de servicio destinado a sectores de bajos ingresos (conocido como “tarifa social”). En las respuestas a las consultas relativas al pliego, el Enacom aclaró que esta obligación se cumpliría con la puesta a disposición de los clientes de un plan similar al de menor valor ofrecido a los clientes móviles. En otras palabras, no habrá tal “tarifa social” si ésta cuesta tanto como el plan más barato.
El tercer eje cuestionado, la asignación de espectro para 5G a Arsat, también fue motivo de algunas precisiones. Originalmente se dijo que esta asignación se efectuará exclusivamente para el cumplimiento del Plan Estratégico de Conectividad Federal del Estado Nacional. Sin embargo, desde el Enacom aclararon que, a pesar de no conocerse los detalles del mencionado plan, el espectro no se usaría para servicios móviles sino fijos inalámbricos, conocidos en la jerga como FWA (Fixed Wireless Access). La intención sería que Arsat habilite el uso de esta banda de espectro para que los ISP PyME puedan ofrecer conectividad inalámbrica con características similares a las de la fibra óptica en términos de velocidad y latencia. De esta forma, Arsat ingresaría, aunque indirectamente, en el negocio de la capilaridad, no ya tan sólo el transporte (como hace con la REFEFO). Sin embargo, de ser así, hubiera sido más transparente y previsible que se asignara esa banda no ya a nivel nacional sino regional o local. Una discusión que probablemente surja en el futuro, cuando quiera comenzar a implementarse.
Así las cosas, y luego de no pocas tensiones, ambos lados ganaron. El gobierno, porque evitó que la subasta fracase luego de posponerla por 7 meses desde la fecha original (marzo 2023). Hubiera resultado muy inconveniente justo en el tramo final de la campaña presidencial que tiene al ministro de Economía, y jefe político del titular del Enacom, como candidato del oficialismo. Las empresas porque prefirieron cerrar el tema ahora y no en un próximo gobierno que altere las condiciones, sea por decisión específica al respecto, sea por cambios en el entorno macroeconómico. Ante la incertidumbre, mejor cerrar con lo actual. Todos felices y comieron perdices.