Venezuela toca a nuestra puerta todos los días. La entrega a domicilio llega con una mochila de precariedad de doble carga: las condiciones de empleo de los más vulnerables en Argentina y la catástrofe humanitaria que ha eyectado de Venezuela a quienes terminan pedaleando a destajo en todas las capitales sudamericanas que no son Caracas.
No hay modo de esconder la cabeza en la arena. No hay modo, tampoco, de esquivar el reproche por Venezuela que se le hace, a priori, a cualquier persona que se diga en público progresista. Ese reproche es la prueba del ácido de las convicciones democráticas de la persona a quien está dirigido. Hay quienes (casi como alegando demencia) niegan que pase nada o, al menos, que lo que pasa sea responsabilidad de Nicolás Maduro y su gobierno. Es fácil rechazar esa actitud, tanto como adivinar que encierra un apego facultativo al estado de derecho. Hay quienes dicen que Maduro no es de izquierda o no es de la misma variedad de izquierda de quien recibe el reproche. Aunque no sea sencillo refutar la validez de esas respuestas, son de las que no sólo no convencen a nadie, sino que dan una impresión equívoca respecto del compromiso democrático de quien responde, en este caso, tal vez injustamente.
Venezuela y el autoritarismo caótico que encarna su gobierno actual obligan a hacerse cargo y a demostrar que uno no esconde dos varas de medida detrás de alguna hojarasca retórica. Tomar posición frente al régimen que preside Maduro no admite excusas como las que hacen que hoy sea corriente mofarse de cualquiera que sostiene que algo “es más complejo”.
Para quien esté dispuesto a verlo con buena fe, lo que sucede en Venezuela está sobradamente calificado por las mismas organizaciones e instituciones cuyos informes sirvieron para calificar lo que sucedía en Argentina antes de 1983. Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos han sido constatadas por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, CEJIL, WOLA, las organizaciones de derechos humanos venezolanas asociadas internacionalmente con algunos de los organismos de derechos humanos históricos de Argentina. ¿Hace falta más?
Claro que no hace falta, pero si de algo no se priva el partido en el gobierno en Venezuela, es de abundar. Venezuela denunció en 2013 (cuando Hugo Chávez aún era presidente) la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se retiró del mismo sistema interamericano que certificó la masacre de argentinos durante la última dictadura aquí. A la misma CIDH que el genocida Jorge Rafael Videla autorizó a visitar Buenos Aires en 1979, se le ha prohibido el ingreso en Venezuela en reiteradas oportunidades, la última, en febrero de este año que se va.
Y si es por abundar, la máxima instancia penal contra las violaciones de los derechos humanos y el genocidio, la fiscalía de la Corte Penal Internacional, esa institución resistida y vituperada por los EE.UU., acaba de anunciar que según un examen preliminar que debería terminar en acusación, “al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno de Venezuela han cometido crímenes de lesa humanidad”.
Todo eso que está sobradamente documentado, se hace en nombre del “socialismo del siglo XXI”. Al socialismo utópico, al socialismo científico se les viene a sumar esta variedad ecléctica, que dice abrevar en Jesucristo y en Marx pero que no hace referencia a una biblioteca propia demasiado precisa. Un socialismo por despecho, podría decirse, con ecos de aquella proclamación castrista del carácter socialista de la revolución cubana en 1962. Un socialismo que sale a relucir después de que EE.UU. se apresurara a festejar el golpe de estado empresario-militar de 1992. Por cierto, la proclama de Castro anunciaba algo bien preciso: impedida por la fuerza de comerciar con su socio natural y vecino, Cuba se suma al bloque político y comercial soviético. Qué anunció la proclama chavista de 2005 es algo que todavía estamos dilucidando. O no, si seguimos a Heinz Dieterich, quien acuñara el término y empujara a Chávez y a otros líderes a adoptarlo: ya en 2011 dijo que ese proyecto se había “desvanecido”.
Frente a la constatación del uso de la idea de socialismo por otro gobierno “realmente existente” (las comillas son por el concepto, no por poner en duda la entidad), no cabe más que obligarse doblemente a disociarse de éste en cuanto se desvía de la práctica democrática y limita la libertad. “No hay democracia sin socialismo, no hay socialismo sin democracia”, dijo Rosa Luxemburgo y le costó la vida a manos de los parapoliciales del Freikorps, apañados por un ministro socialdemócrata alemán. Pasarían 70 años de experimentos de partido único liderados por quienes le hacían homenajes rituales a Rosa para que pudiera volver a apreciarse todo lo que está en potencia en esa idea.
Fue un gran venezolano, Teodoro Petkoff, quien se hizo tirar de las orejas por el líder soviético Leonid Brezhnev por denunciar el aplastamiento de la Primavera de Praga en su libro “Checoeslavaquia, el socialismo como problema”. Petkoff llegó a ver y a combatir el problema cuando se planteó en Venezuela, como parte de una vida al servicio de construir una izquierda democrática que transformara su país. Al reeditar su libro, en 1990, lo ponía casi tan claro como Rosa: “libertad y justicia han de potenciarse mutuamente, sin que ninguno de los términos del par deba ser sacrificado o menoscabado en el altar del otro, porque entonces cada uno de ellos se hace precario e incompleto”.
Cada minuto que pasa sin denunciar al régimen de Maduro, la izquierda democrática se hunde bajo el peso del fracaso político más monumental en nombre de un socialismo en nuestro hemisferio. Cada minuto que ignora que el imaginario de muchos latinoamericanos asocia a cualquier cosa que se proclame de izquierda con el agujero negro venezolano se aleja diez pasos de la posibilidad de que le crean, de ser alternativa política verosímil en sistemas electorales competitivos.
Para la izquierda democrática, cejar en el empeño de disociarse de Maduro es exponerse a ser vista como un actor que se desentiende del interés nacional de cualquier país de América del Sur donde actúe. Eso es así porque la crisis venezolana atrae la intervención extranjera, expulsa población en números que ponen en tensión los sistemas de protección social de los países vecinos y produce una catástrofe ambiental en el pulmón verde del subcontinente. En casos extremos, la internalización del conflicto doméstico venezolano impide a algunos países de la región formular una política exterior coherente, ya sea por vetos mutuos entre actores o por la dificultad en acordar lineamientos con otros países por falta de acuerdo sobre la cuestión venezolana.
Las razones para denunciar a Nicolás Maduro son las mismas que llevaron a François Mitterrand a manifestarse frente a la embajada argentina en París para exigir que cesaran los crímenes contra la humanidad en nuestro país. Las mismas que llevaron a Olof Palme y a Willy Brandt a empeñarse en terminar con el intervencionismo estadounidense en América Central en los años ´80, las mismas que llevaron a Enrico Berlinguer a denunciar el golpe militar en Polonia en 1981. Las mismas por las que las sedes de los partidos políticos democráticos argentinos se llenaron, a partir de su legalización en 1982, de reuniones de los exilios chileno, uruguayo y paraguayo para seguir luchando por la democratización de esos países.
Hoy es por Venezuela.
GB