“Esos señores propietarios contribuyen a la revolución y al desorden en una proporción que ni siquiera sospechan. No todo el malestar social proviene de la propaganda maximalista disolvente; nadie conspira tanto contra la sociedad como ese capitalismo delirante que tiende a hacer odiosa la vida y que es responsable del descrédito institucional de la sociedad actual”. Julio Moreno, diputado radical por La Rioja, 1920.
Cuatro décadas más tarde, y peronismo mediante, en la misma Cámara de Diputados nacional escuchamos el siguiente discurso: “Se mantiene el precio locativo más bajo del mundo entero. No alcanza a un 2% del salario familiar. Es la ley de alquileres que mantiene el más rígido control de precios, y ha caído en la arbitrariedad al impedir el retorno gradual de los alquileres al derecho común. Los aumentos acordados en la actualidad resultan irritantes, al limitarlos al pseudo aumento del 5% anual sobre la vieja valuación existente al 1 de enero de 1955. La mayoría de los problemas en la ley de alquileres giran alrededor del mecanismo de precios”. El reclamo fue formulado por una entidad de brumosa nomenclatura: la Asociación de Pequeñas Mujeres Propietarias de la Capital Federal, según consta en el expediente 594 de 1964.
Nada nuevo bajo el sol, salvo que ya no destinamos el 2%, ni el 15% o el 18% de nuestros ingresos para pagar el alquiler. Cien años después de la primera cita el alquiler de un monoambiente está por encima de la jubilación mínima. De los ingresos totales de un hogar tipo se destina casi el 50% para la vivienda. Dicho de otro modo: el total de un salario promedio alcanza para el alquiler de un departamento de dos ambientes.
En Argentina cada vez hay menos propietarios con más propiedades y cada vez más generaciones de inquilinos. La desigualdad creciente que este extractivismo inmobiliario provoca no es materia de discusión, por un doble motivo: porque es obvio, es decir nadie lo duda; pero también porque está naturalizado, como un mandato divino.
Sin embargo, lo que sí le preocupa a la clase política y a los grandes medios de comunicación, y mucho es la “renta más baja de la historia”, el “intervencionismo del Estado en la propiedad privada” y los efectos perversos de la ley de alquileres.
“Esta limitación a ajustar el precio de los alquileres una vez por año, con una inflación de entre el 30 y 45% anual proyectada, aceleró la decisión de muchos propietarios de retirar las propiedades para alquilar. La tercera medida que provocó el mismo efecto, fue la obligación establecida en el artículo 16 de la Ley 27.551 referida a declarar los contratos de locación ante la AFIP. Sin duda esta medida pensada desde lo fiscal, sería adecuada en un país normal; pero no es el caso de Argentina, azotada por décadas de intervencionismo estatal, que han distorsionado por completo las reglas en las que podría desenvolverse el mercado”. La cita pertenece esta vez a los fundamentos del proyecto de ley (2943-D de 2021) presentado hace pocos días por JxC con firmas de los diputados nacionales Héctor Stefani, Pablo Torello, Gustavo Hein, Jorge Enríquez, Alberto Asseff, Juan Aicega, José Luis Patiño, David Schlereth, María Lujan Rey, Virgina Cornejo, Gisella Scaglia, Francisco Sánchez.
El discurso que se ha desplegado, además de cínico, nos subestima de forma escandalosa: “la ley de alquileres ha perjudicado a ambas partes”, dicen. “Y contrariamente a lo que busca, ha generado la suba de los precios”. Es exactamente el mismo mensaje que plantea que las leyes que buscan proteger las condiciones de trabajo, en realidad generan desempleo y precarización.
Como podemos ver, en lo relativo al acceso a la vivienda el contenido del debate ha retrocedido un siglo: el punto de partida es la anulación del derecho a vivir en una casa dignamente. La vivienda es una mercancía sujeta a la ley de la oferta y la demanda: quien puede pagarla bien, y el que no a la calle, o a vivir en el hacinamiento.
La ley de alquileres, que entró en vigor hace un año, plantea condiciones mínimas y perfectamente racionales, algunas de las cuales solo buscan sacar de la ilegalidad al abuso de los propietarios: contratos de tres años en lugar de dos; registrar los contratos de alquiler en la AFIP; y que el índice por el cual se actualicen los precios sea un promedio entre la inflación y el salario. Pero el Estado no logra ni siquiera garantizar su cumplimiento.
Incluso con la ley, el propietario puede fijar el precio que quiera sin importar el valor, la zona o el estado del inmueble y por esto estamos ante un golpe de mercado en respuesta al intento de regulación, que como siempre consiste en dos prácticas ampliamente ilegítimas: desabastecimiento y aumento de precios.
Es evidente que la ley fue una conquista de la Federación de Inquilinos Nacional (la cual presido) frente al conservadurismo de la clase política y el lobby del mercado inmobiliario. Pero el Estado no estaba preparado para poner en marcha las herramientas que garanticen su cumplimiento por falta de voluntad, por la transversalidad del negocio con la vivienda y porque los gobiernos han perdido la capacidad de disciplinar al poder económico.
Nosotros vamos a defender esta Ley y seguiremos avanzando contra la lógica neoliberal, porque tenemos razón: el acceso a la vivienda de las mayorías no puede estar en manos del mercado.
GM