La semana pasada estuve en el primer Congreso Latinoamericano de Archivos Trans. Compartí virtualmente muchas horas con activistas y archivistas de la comunidad distribuidas por toda la región. Fue un hecho histórico, una guía certera de que estamos conectadxs y cada vez más. Este primer encuentro fue eso: tan solo el primero de muchos.
Recién cuando tuve la disponibilidad para volver a estar atenta a las redes sociales di con la noticia del travesticidio de nuestra compañera jujeña Ana Paula Costas, una mujer trans de 43 años. Durante la madrugada del 27 de agosto, en San Salvador (ciudad en que Ana Paula vivía con su madre), un auto se detuvo y la sorprendió camino a casa. Del auto bajaron quizá uno o más hombres y la atacaron golpeándola con un objeto pesado en la cabeza. Esto es lo que Ana Paula alcanzó a contarle a su sobrina después del ataque. La familia y los grupos activistas LGTBIQ+ de Jujuy (la Fundación Damas de Hierro, Diversidad Evita) ya estaban alzando la voz y convocando a manifestaciones desde ese momento. Ana Paula pasó 12 días de lucha en el hospital Pablo Soria antes de fallecer.
Lo que a mí me llama la atención es que este hecho de transodio haya sucedido en las cercanías de una penitenciaría: ¿no tendría que haber seguridad en esa zona, más que en ninguna otra? ¿Ningún oficial escuchó ni vio nada? Lxs seres queridxs de Ana Paula, desde aquella madrugada y aún hoy, estuvieron pidiendo ayuda a posibles testigxs que se acercaran para dar su testimonio.
Llegar dentro de un auto en manada e intempestivamente violentar a una compañera es un deporte habitual en Latinoamérica: cualquier chica trans que se encuentre en la calle a cierta hora —esté o no trabajando— y vea acercarse a un auto en que el conductor no viene solo sabe automáticamente que se trata de personas que vienen a golpearla o a molestarla; a tirarle algo (objetos o sustancias que manchan), a rociarla con un matafuegos o a tirarle balines de aire comprimido (como hacían en Panamericana). Y si no es eso, sabe que en cualquier momento pueden tirarle el auto encima, forzándola a tirarse a un costado para evitar el choque. Así es como se han divertido siempre los transodiantes, de generación en generación. Lo hacen impunemente, apañados por una estructura social que de forma sistemática hace oídos sordos y por una institución policial que no brinda protección y que, por el contrario y en muchos casos, se encuentra implicada en las agresiones indirecta o directamente.
El abandono y la discriminación que en la Argentina se están ejerciendo desde los discursos y las políticas de gobierno sobre distintos sectores de la sociedad (jubiliadxs, estudiantes, enfermxs graves), también —e incluso desde los tiempos de campaña electoral— están afectando muy profundamente a la comunidad LGTBIQ+. Por mi parte, contrario a lo que hubiera esperado de esta época de mi vida e incluso ante este odio recrudecido, voy a seguir registrando cada fallecimiento de las compañeras, tal como lo vengo haciendo hace años y años. Agradezco, si hay algo positivo en todo esto, poder hacerlo, hoy en día, en esta columna, en este diario.
MBC/SN/DTC