El tiempo que las personas dedican al empleo mercantil expone el carácter contradictorio y conflictivo de las relaciones sociales en la economía capitalista. En general, en el empleo mercantil, la fuerza laboral busca recibir la máxima remuneración por unidad de tiempo trabajado (en lo posible con el menor esfuerzo), mientras que quienes las contratan buscan pagar lo menos posible y obtener de ellas el máximo esfuerzo. Además, en el empleo mercantil la fuerza laboral está obligada a renunciar al control y a los resultados de su trabajo a cambio de un ingreso que necesitan imperiosamente para satisfacer sus necesidades y deseos. Por eso, el tiempo de vida dedicado al empleo mercantil se considera de “explotación” y el resto “tiempo libre”.
Dado que la mayor parte de la fuerza de trabajo no tiene otra fuente de ingresos para atender sus gastos básicos, el empleo mercantil es, junto con el derecho de propiedad hereditaria, una de las relaciones más asimétricas en el capitalismo democrático. Quienes demandan trabajo mercantil, en general, tienen capital o rentas para sus gastos (además de poder contratar otras personas si lo desean). Los conflictos se acentúan porque esta relación mercantil asimétrica funciona en una sociedad en la que todas las personas tienen reconocidos derechos similares (políticos, sociales, culturales, etc.). Es la llamada “cuestión social” del capitalismo democrático: derechos civiles y políticos aparentemente iguales, pero derechos económicos desiguales para hacerlos efectivos.
El antagonismo y la desigualdad que caracterizan a la relación de empleo mercantil obligó a imponer un variado sistema de regulaciones legales (y socio-culturales) que fijan criterios para la contratación laboral. Esto incluye cuestiones como límites al tiempo de trabajo en el empleo –diario, semanal, etc.-, licencias y descansos, salarios mínimos, condiciones de salubridad, duración de contratos laborales, coberturas de daños laborales, etc. La duración de la jornada laboral es un elemento clave de estas regulaciones, pero poco discutido en los últimos tiempos.
Hasta hace poco, esta duración se venía reduciendo sostenidamente. Hacia finales del siglo XVIII, en promedio para los países con registros, la semana laboral tenía una duración de 6 días y podía totalizar 96 horas semanales, mientras que, hacia mediados del siglo XIX, ya se observaban fábricas textiles con empleo de 60 horas semanales. Esta tendencia continuó durante todo el siglo XX de la mano de la creciente regulación de la jornada, vacaciones pagas, descansos obligatorios por distintos motivos, etc. Esta reducción no afectó, y hasta se sugiere que favoreció, el aumento de la productividad y el crecimiento económico.
Originalmente, los límites a las horas laborales se justificaban por los impactos negativos sobre la salud de las personas. Luego, se agregaron motivos económicos y sociales: desempleo creciente, necesidad de atender tareas domésticas, etc. Así se fue conformando una suerte de “norma” legal: ni más de 8 horas diarias ni más de 48 horas semanales. Esta norma legal responde a una “norma social” que organiza los tiempos de la vida de las personas en edad laboral con el criterio general de 8 horas en el empleo mercantil, 8 horas de sueño y 8 horas de “ocio” (que incluye desde el trabajo doméstico o comunitario, hasta los traslados u otras tareas vinculadas al empleo mercantil).
Esta aparente normalidad no opera de igual forma en todos los países. Hacia 2017, en muchos países (Europa, África del oeste, parte de Asia), la duración de la jornada de trabajo legal era de 40 horas semanales. En los extremos, países como Francia y Chipre mostraban límites legales por debajo de las 40 horas, mientras que por encima de las 48 horas aparecen países tan disímiles como Kenia, Seychelles y Suiza.
Pero, además de las diferencias en las normas legales, también hay diferencias en las horas “efectivamente” trabajadas. Para 2015/16, el promedio mundial de las horas efectivamente trabajadas era de 43 horas semanales, pero mientras en un extremo (Asia Oriental y Meridional) el promedio era de 46 horas, en Europa Septentrional, Meridional y Occidental era de 36 horas. Así, muchas personas tienen jornadas laborales de “sobre-empleo” y otras de “sub-empleo” y desempleo. En términos generales, se observa que los varones trabajan por encima del promedio y las mujeres por debajo.
Distribución desigual
En otras palabras, no sólo entre países sino al interior de cada país hay una desigual distribución de las horas dedicadas al trabajo en el empleo mercantil (y, por consiguiente, del tiempo libre disponible). Esto es resultado de muchos factores, tanto legales como culturales y económicos.
Suele afirmarse que las mejoras en la productividad laboral es lo que permite reducir el tiempo de trabajo en el empleo, pero también se sugiere una relación inversa: cuanto menos se trabaja, más productivo se puede ser. En todo caso, es evidente que, si crece la productividad por hora en el empleo, crecen las unidades producidas en el mismo tiempo y baja el costo laboral en relación con el valor de la producción. De aquí se concluye que el aumento de la productividad laboral puede traducirse en una combinación de tres variables: i) aumento de salario; ii) aumento de ganancias; iii) reducción de horas de trabajo en el empleo (que puede ser por despido de personal). El peso de cada opción depende de factores políticos y culturales más que económicos.
En las últimas décadas, en términos generales, ni los salarios de la mayoría de la fuerza laboral ni la reducción de horas se han beneficiado proporcionalmente del aumento de productividad. La mayor parte fue apropiada por las ganancias de las empresas y las remuneraciones de la cúpula de la jerarquía laboral. En este contexto, la jornada efectiva promedio se reduce, pero por mecanismos degradantes de la vida: aumento del desempleo y del empleo por tiempo parcial precarizado (modalidad con fuerte presencia femenina). Esto no sólo sucede en el mercado privado sino también en la contratación laboral del Estado.
Así, hay un problema de regulación y de distribución de las horas de trabajo en el empleo que define una desigual distribución de ingresos y de bienestar entre las personas. Por lo tanto, urge modificar la regulación para distribuir mejor el empleo existente, bajar el desempleo, mejorar el empleo precario a tiempo parcial y en fin favorecer la salud y el bienestar de la fuerza laboral (está probada la relación negativa entre salud y cantidad de horas trabajadas).
La experiencia registra diversas alternativas no excluyentes para lograr este objetivo: reducir legalmente la jornada laboral, aumentar vacaciones pagas, minimizar hasta eliminar horas extraordinarias, intercambiar horas de trabajo por puestos de trabajo, compartir puestos de trabajo, etc. Los mecanismos e incentivos son variados, e incluyen desde jubilaciones más flexibles hasta dejar de cobrar impuestos laborales sobre personas contratadas y hacerlo sobre la cantidad total de horas de trabajo en la unidad productiva.
Argentina
En Argentina, por ejemplo, estudios anteriores a las crisis de las últimas décadas sugieren un gran potencial derivado de la reducción o directa eliminación de las horas extraordinarias. En la práctica, el grueso de quienes desempeñan jornadas prolongadas no las declara (ilegalidad) y se ven obligadas a hacerlas por imposición de la patronal y para elevar sus ingresos insuficientes. Se estimaba que un tercio de la fuerza de la ocupación asalariada urbana hacía horas extraordinarias y la mayoría no registrada.
Estas políticas son más complicadas cuando hay Estados débiles, mercados laborales heterogéneos, servicios sociales universales de baja calidad y baja cobertura como en Argentina. Mucho menos cuando existe una cultura que le otorga al empleo méritos no sólo económicos, sino culturales y hasta sanitarios (“el empleo es salud”, “el empleo dignifica”, etc.). Estas confusiones se sostienen en la perdurable confusión entre empleo mercantil (relación económica asimétrica) y trabajo humano (actividad creativa y productiva que se realiza en todos los ámbitos de vida).
En este contexto, para retomar la tendencia a la reducción de los tiempos de trabajo en el empleo remunerado, se debe considerar un paquete de políticas que se complementan entre sí. Por ejemplo, avanzar con una política de distribución de ingresos por fuera del empleo, como puede ser el caso del ingreso ciudadano o renta básica universal e incondicional, para que nadie se quede sin sustento o tenga que mendigar asistencia por su situación laboral. También es importante ampliar el acceso a servicios sociales universales que reduzcan el gasto de las familias en áreas cuya eficiencia colectiva está probada como salud, educación, vivienda, servicios de cuidado, transporte, etc. Todas estas actividades tienen además potencial de generación de empleo.
Lamentablemente, en lugar de avanzar por este camino lo que se está haciendo es profundizar la segmentación laboral y social: sobre-empleo, sub-empleo, desempleo, empleo subsidiado, empleo ficticio, empleo de “prestigio” sobre-remunerado, empleo degradado, etc. Por el contrario, el camino para mejorar el funcionamiento económico, el bienestar de las personas y la desigualdad distributiva pasa por la reducción de las horas de trabajo en el empleo complementada por otras políticas como las señaladas.
Esto retomaría una tendencia histórica que permitiría distribuir más equitativamente las ganancias de productividad en un sistema de producción donde es clara la tendencia es hacia la “automatización” y menor cantidad de empleo por unidad de capital. Además, permitiría una mejor conciliación de los tiempos de vida de las personas en los distintos ámbitos donde se realizan actividades creativas y productivas (doméstico, social y económico). También es consistente con las demandas de incorporación laboral femenina y con las urgentes necesidades que impone la ya desesperante crisis climática (hay una relación positiva entre menos horas trabajadas en el empleo y menos emisiones contaminantes).
Si no se realizan estos y otros cambios, lo que seguirá aumentando es la marginalidad, la explotación de la fuerza laboral y el conflicto social. Trabajar menos en el empleo mercantil para liberar tiempo de trabajo en el resto del tiempo de vida es un elemento clave de una sociedad que busque mejorar el bienestar, aumentar la eficiencia económica y promover la autonomía personal y colectiva.
CC